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Los Presupuestos y el Estado del bienestar

Una vez más el Gobierno español presenta los presupuestos “más sociales de la historia”. La cantinela aburre y ya no puede engañar a nadie: Primero porque los proyectos son eso, “proyectos”, lejos de las ejecuciones presupuestarias que en este caso se verán después de mayo del 2019, cuando ya nadie recuerde la canción ministerial. Segundo, debido a que son tantos los descosidos de nuestro estado del bienestar que más de lo mismo difícilmente puede ser la solución.

En mi opinión, el malestar de muchos españoles sobre la implantación y desarrollo de nuestro estado del bienestar se debe a la frustración por las expectativas incumplidas. Un crecimiento a dos dígitos con un esfuerzo contributivo insuficiente no prometía nada positivo. Ni ‘más’ era ‘mejor’, ni se podía aspirar a prestaciones sociales de estados avanzados con impuestos entre 5 y 10 puntos de presión fiscal por debajo de aquella referencia.

La crisis hizo poner los pies en el suelo a una sociedad poco madura, recién llegada a la cultura democrática. Hoy no soy optimista sobre el futuro de nuestro estado de bienestar. Financiamos aún con déficit el gasto público trasladando a las generaciones futuras el coste de nuestro gasto social, excesivo por lo que da de sí la economía y el esfuerzo y cumplimiento fiscal ciudadano. Y esto hace que no sea ya solo un tema de financiación, de sostenibilidad financiera de nuestra política social, sino de su solvencia, de su capacidad de dar respuesta a los nuevos retos de una sociedad cambiante. Y esta reflexión no se puede hacer desde el continuismo presupuestario.

A estas alturas del siglo XXI y con las corrientes ideológicas y políticas imperantes, parece poco realista que sigamos instalados en la vieja dinámica del ‘gratis total’. La evolución tecnológica permite nuevas respuestas individuales o de grupo, que no colectivas, para el bienestar social, a perseguir más por la vía selectiva -también en financiación- que del universalismo incondicionado.

Elementos que no elegimos

Y las personas volvemos a buscar el bienestar propio desde la idea primaria de estar a gusto con quienes somos y de lo que nos corresponde en la vida para llegar a fin de mes, por lo que, lo que pagamos de impuestos pesa. El bienestar de cada uno es resultado de decisiones propias -tal como diría John Romer– y de las circunstancias heredadas. Esperaríamos así la mutualización, la responsabilidad social en la neutralización de aquellas circunstancias sobrevenidas y una cobertura pública de las contingencias que de ellas se derivasen; es decir, de aquellos elementos que nos tocan y no elegimos: básicamente el país en el que nacemos, la familia que nos acoge y el color de nuestra piel. Compensar estos aspectos, que inciden sin duda en los gradientes socioeconómicos, es lo que habría vehicular hoy a través del estado del bienestar.

La suerte y las diferentes capacidades heredadas no generan responsabilidad individual; sí, en cambio, el esfuerzo. El problema es que todo lo demás se convierte en potencialmente compensable … con dinero de cada uno. Así puede que ni siquiera la muerte ya no nos termine igualando a todos, ricos pobres. Nace una tecnología reparadora que remueve los límites de la condición humana y permite corregir y mejorar, incluidas algunas circunstancias.

La tecnología nos hace en este sentido protagonistas y no resultado de la evolución. Todo ello permite levantar unas vallas individuales separadoras más altas con modificaciones genéticas que marcan el futuro de cada uno. El comportamiento pierde relevancia frente al algoritmo predictor de lo que pasará y cómo se puede evitar, a partir del ‘big data’ del ‘Gran Hermano’, que son unas pocas corporaciones industriales y un tecno-sistema que supera con la inteligencia artificial toda relación personal tradicional, sea de del médico, del cuidador, del tutor o del profesor. En estos nuevos escenarios los poderes públicos, la regulación social, caminan desorientados y actúan a menudo a toro pasado, lo que hace poco esperanzadora la recuperación de un estado de bienestar que no se puede reconstruir ya solo avocando dinero al presupuesto público, y menos aún sin una financiación consolidada.