Los Rohinyás, un pueblo sin Estado y sin amigos

Todo depende de los ojos con que se mire. Para unos, el mar color turquesa del golfo de Bengala es un paisaje idílico, romántico, inolvidable. Para otros, representa el camino a la libertad y a la vida, aunque algunos acaben perdiéndola. Este ha sido el caso esta semana de 40 personas, entre ellas 15 niños, que murieron ahogados en su afán por llegar a Bangladesh. Eran miembros de la etnia rohinyá que huían de la violenta ofensiva del ejército birmano contra un grupo insurgente que defiende los derechos de esta minoría musulmana en el estado de Arakán, en Birmania.

Navegaban en una embarcación que naufragó cerca de la costa bangladesí debido a las lluvias torrenciales y a los violentos vientos que estos días azotan el golfo de Bengala. Surcaban una de las rutas habituales que usan para escapar de un país que no los reconoce como ciudadanos, les priva de sus derechos desde 1982 y los considera extranjeros que han entrado en el país de forma ilegal.

Forman parte de una minoría que la ONU ha definido como “un pueblo sin Estado y sin amigos”, porque nadie les quiere y llevan décadas sobreviviendo en Arakán o siendo víctimas de los traficantes de personas, que les exigen en torno a 2.000 euros para transportarles a otro país, sin ninguna garantía de éxito.

Desde el 25 de agosto, más de 500.000 rohinyás que desde el 25 de agosto han traspasado la frontera que separa Birmania de Bangladesh, según estimaciones de la ONU

Las víctimas de este último naufragio pretendían llegar a las playas del distrito bangladesí de Cox’s Bazar y sumarse a los más de 500.000 rohinyás que desde el 25 de agosto han traspasado la frontera que separa Birmania de Bangladesh, según estimaciones de la ONU.

Una cifra enorme que ha llevado a Pavlo Kolovos, coordinador general de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Bangladesh, a calificarla como “una crisis sin precedentes en la historia moderna de esta gente”. Y es que los rohinyás llegan a Bangladesh a pie, a nado, a través del río Taf que separa los dos países, o navegando por las aguas del golfo de Bengala en unas embarcaciones ruinosas. Escapan de una operación de quema de sus casas y pertenencias por parte del ejércitobirmano, que ha arrasado pueblos enteros.

Las imágenes que transmiten estos días las grandes cadenas de televisión no dejan lugar a dudas. Muestran sus caras de agotamiento, de llevar días enteros huyendo con el miedo metido en el cuerpo de no pisar una de las minas sembradas por el ejército birmano en la zona fronteriza. Son unos rostros que piden a gritos poder dar a sus familias un hogar y una vida tranquila y dejar de vivir escondidos en el bosque o en un gueto vigilados por militares.

Y es que para buena parte de ellos se trata de la enésima huida. Esta vez escapan de la contundente ofensiva que los militares desencadenaron como respuesta al ataque contra 30 puestos policiales de Arakán llevado a cabo por una multitud de rohinyás armados con palos, machetes y unas pocas armas de fuego el 25 de agosto. Una acción reivindicada por el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA), una organización fundada en el 2012 por un joven pakistaní llamado Ata Ullah, de 27 años, nacido en Karachi y que enseñaba el Corán en Arabia Saudí. Según el diario Straits Times de Singapur, Ullah lo dejó todo y decidió abrazar la causa rohinyá tras los violentos choques del 2012 en Arakán (que el régimen llama Rokhine), que causaron unos 200 muertos y el desplazamiento de 140.000 personas a 67 campos de refugiados.

En los vídeos reivindicativos de esta acción, y de otra perpetrada en octubre del 2016, Ullah denuncia los crímenes cometidos por el Gobierno birmano contra los rohinyás y promete liberarlos de la “opresión inhumana” que sufren. Unas declaraciones y una presencia que han llevado al ejército y la líder del país, Aung San Suu Kyi, a afirmar que en las filas rohinyás hay terroristas, que no es fácil diferenciar a los civiles de los rebeldes y a justificar una operación que ha provocado la muerte de más de 400 personas.

No obstante, la realidad es que los miembros de esta minoría, apátrida desde hace décadas, vive en unas condiciones lamentables en guetos o en campos de refugiados. Los bengalíes, como los llaman los birmanos para subrayar su carácter de extranjeros ilegales, no tienen acceso a los servicios médicos, ni a las escuelas. Tampoco tienen derecho a la propiedad y tienen limitada su capacidad de movimientos.

Esta situación es palpable, por ejemplo, en Sittwe, la capital del estado de Arakán y escenario de los violentos choques entre rohinyás y budistas radicales del 2012, que marcó un antes y un después en sus relaciones. Basta alejarse del centro de la ciudad, donde la gran mezquita de Yama lleva varios años cerrada, y acercarse al barrio musulmán de Aung Mingalar para palpar la discriminación. Unas barreras con alambre de espino y unos soldados de guardia separan la comunidad musulmana del resto de la localidad y prohíben el paso a los visitantes. La realidad es que para los rohinyá la vida se ha complicado mucho desde el 2012, antes no era fácil, pero ahora es mucho más difícil. “A partir de ese año la situación se ha degradado mucho y no hay una relación igualitaria entre budistas, mayoritarios en el país, y musulmanes”, señala Alexandra De Mersan, profesora e investigadora del Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales (Inalco) de París y del Instituto de Investigación Contemporánea sobre el Sudeste Asiático (Irasec), quien añade que “hay un gran miedo al islam”.

Esta antropóloga francesa opina que los rohinyá son víctimas de un cúmulo de circunstancias. “Los birmanos tienen un gran miedo a la amenaza del islam radical y lo asocian a todos los musulmanes”, dice esta especialista en el estado Arakán.

“Una inquietud que es alimentada por un creciente movimiento nacionalista budista, que alerta de las amenazas que suponen los musulmanes para el budismo y la integridad territorial del país. Un desasosiego que se suma a las incertidumbres que provoca la transición política que vive el país”, precisa De Mersan.

Los problemas para esta minoría vienen, sin embargo, de lejos y tienen su origen en el pujante nacionalismo birmano, que estalla cuando el país se independizó del Reino Unido en 1948. A partir de entonces este colectivo de gente de piel más oscura, cuyos antepasados llegaron de India en el siglo XIX, empezaron a ser mirados de reojo por las autoridades y los birmanos en general.

Una situación que se agravó en 1982, cuando la junta militar que gobernaba el país los despojó de sus derechos al aplicar una nueva ley de ciudadanía. Según esta normativa, sólo las personas pertenecientes a una de las 135 “etnias históricas” establecidas en el país antes de 1823 podían considerarse birmanos. Una ley que, unida a la complejidad geográfica del país y los farragosos procesos de registro, ha convertido a este colectivo en apátridas.

De ellos, cerca de un millón se encuentran en la diáspora en Arabia Saudí, Pakistán, Tailandia y Malasia. Otros 800.000 se hallan actualmente hacinados en campos de refugiados en Bangladesh y aproximadamente otros 500.000 permanecerían aún en Birmania, aunque estas últimas cifras son muy difíciles de contrastar ya que las autoridades birmanas impiden el acceso a la región a los observadores internacionales. Lo único en que coinciden en señalar la ONU y las organizaciones de ayuda humanitaria internacionales es que se trata de uno de los pueblos más perseguidos del mundo.

Su futuro se ha vuelto aún más sombrío con la crisis actual, desencadenada el 25 de agosto. Una situación que António Guterres, secretario general de la ONU, ha calificado de “pesadilla humanitaria y de derechos humanos”. Unas afirmaciones que, según numerosos testimonios, apuntan a “un uso excesivo de la violencia y serias violaciones de los derechos humanos”, con tiroteos indiscriminados, el uso de minas antipersonas contra civiles y casos de violencia sexual. Una agresividad que les ha empujado a huir hacia la vecina Bangladesh, un país superpoblado y al límite de su capacidad de acogida.

“Es un caso de limpieza étnica de manual”, dijo en su momento el alto comisionado de Derechos Humanos, Zeid al Husein, sobre la operación de los militares contra los rohinyá. Una iniciativa que sugiere que esta minoría será finalmente expulsada de Birmania en su totalidad, lo que ratificará la descripción que un día hizo la ONU de que son un pueblo sin Estado y sin amigos.

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