Los sindicatos de prisiones se alían en una huelga histórica por el “engaño” de Interior

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Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

Los cinco sindicatos de prisiones se han unido por primera vez en la historia para llamar a los 25.000 trabajadores de las cárceles a una huelga general de seis días tras el “ninguneo” y el “engaño” del Ministerio del Interior que puso sobre la mesa una oferta económica y tres días después la retiró.

Es la principal razón para que CCOO, CSIF, ACAIP, UGT y CIGO, los sindicatos que representan al 97 % de la plantilla de trabajadores de cerca de 80 centros penitenciarios de todas España (excepto Cataluña), haya convocado la primera huelga general en el ámbito de las prisiones y que, de no desconvocarse, se convertirá también en la primera huelga al gobierno socialista de Pedro Sánchez.

El paro presentado hoy en rueda de prensa ha sido convocado para los días 24 y 26 de octubre y 6, 8, 13 y 15 de noviembre después de que el Ministerio del Interior ofreciera hace una semana una subida media mensual de 375 euros lineales al conjunto de la plantilla de Prisiones, que se haría efectiva a lo largo de 2019, 2020 y 2021.

Tres días después, el pasado miércoles, la oferta fue retirada porque la partida económica necesaria (122,6 millones de euros) no fue autorizada, una marcha atrás con la que el personal se siente “engañado” y defraudado.

En palabras de Silvia Fernández, la responsable de CCOO Prisiones, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, les “ha faltado al respeto” ante unas demandas que las organizaciones consideran “legítimas” y “justas”.

Por eso, los sindicatos solicitan una reunión urgente con Marlaska y anuncian que si no lo hace desde este martes al próximo miércoles se “encadenarán” el día 17 frente a las puertas de la sede de Interior en el paseo de la Castellana.

“La huelga afectará a las veinticuatro horas y alcanzará los tres turnos (mañana, tarde y noche) y todas las funciones del personal penitenciario”, ha dejado claro el presidente de ACAIP, José Ramón López, antes de poner de manifiesto que la huelga tiene un significado relevante al tratarse de la primera en el ámbito de las prisiones.

Para el responsable federal de UGT Prisiones, Antonio González, la propuesta que presentó Interior era un “buen punto de partida” para negociar pues, además de la subida lineal en los próximos tres años, también contemplaba la demanda histórica de reducir la brecha salarial al rebajar las nueve categorías profesionales a tres.

“Dependiendo de en qué cárcel trabajes puede haber un diferencia salarial de 700 euros y esto genera mucho malestar en el interior de las plantillas”, ha reprochado González que ha lamentado la “tomadura de pelo descarada” de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias al retirar el viernes pasado la oferta.

Ahora, dicen los sindicatos, las prisiones se han convertido en “un polvorín” en la que una huelga es el “instrumento” de los trabajadores para exigir “seguridad, formación y retribuciones dignas”.

Opinan que el secretario general de Insituticones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha quedado “deslegitimado” para negociar con los sindicatos y solicitan al ministro que retome el diálogo con la propuesta inicial para, en ese caso, estudiar una desconvocatoria de la huelga.

“Somos los grandes olvidados siempre de los presupuestos y vamos a intentar no serlo”, ha defendido el responsable de CSIF, Adolfo Fernández, tras reclamar el mismo trato a los funcionarios de prisiones que el que han recibido policías y guardias civiles.
“Hasta aquí hemos llegado. Esta huelga va en serio y en firme”, ha añadido Fernández.

Los cinco sindicatos han advertido de que en prisiones como las de Burgos, Albolote (Granada), Cáceres o Mansilla de las Mulas (León) será difícil la huelga, ya que se trabaja con muy pocos recursos humanos y con plantillas envejecidas, un problema este último que hacen extensivo al resto de prisiones, con una media de edad de los trabajadores de 54 años.

A esta problemática, las organizaciones suman que hay 3.400 plazas en las prisiones sin cubrir.