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Los socios de Sánchez se desvinculan del plan del Gobierno ante el temor a que Puigdemont tumbe la amnistía

El Gobierno asume que la única baza que tienen para atraerse a Carles Puigdemont es una reforma de la LeCrim (Ley de Enjuiciamiento Criminal) para tratar de reducir los plazos de instrucción. Una modificación que asumen «complicada» porque, entre otras cosas, «hay que buscar un equilibrio entre los operadores jurídicos».

A las complicaciones se le suma la oposición de unos socios que huelen la debilidad parlamentaria de un Ejecutivo cada día más precario. En Podemos ya asumen que no respaldarán una reforma que va en contra de otra que el Gobierno emprendió en 2020 en dirección opuesta para ampliar los plazos de instrucción para luchar «contra la corrupción». A los cuatro votos de Podemos se le suma ahora Sumar que también anuncia su oposición.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lamentaba haberse enterado por la prensa de lo que el PSOE «está negociando» y advertía que «no va en la dirección correcta por la afectación general que puede tener». «Hay procesos que son muy complejos, que necesitan unos ritmos, unos medios, unas investigaciones, que requieren de cierta prudencia», añadía posicionándose en contra de reducir los plazos de instrucción.

La líder de Sumar, escudándose en su agenda internacional, afirmaba que todos estos reproches todavía no se los ha dicho a Sánchez pero ha emplazado al presidente del Gobierno a una inmediata reunión para tratarlos.

ERC se descuelga

Tampoco en ERC parecen muy dispuestos a apoyar la reforma de la Lecrim. Sin Podemos, Sumar, ni el partido de Junqueras, el PSOE pierde 38 asientos claves para sacar una reforma que contará con la oposición de PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.

Sin sus socios, el PSOE se queda sólo con Junts y el único plan alternativo que contemplan en Moncloa para atraerse a Puigdemont empieza a hacer aguas. Fuentes socialistas lamentan que el prófugo sigue anclado en posturas «inconstitucionales» y que no se mueve.

La inquietud en las filas socialistas empieza a extenderse por el Gobierno que ya no ocultan que temen que la ley fundacional de la legislatura, la de Amnistía, encalle y haga un boquete en la línea de flotación de un Gobierno a la deriva de la ingobernabilidad.