Nicolás Maduro siente que lo ha logrado: ha surfeado por más de 2 años el programa de sanciones escalonadas que, en su momento, encabezó el entonces Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para intentar ponerle coto al chavismo y propiciar un cambio político. Unas medidas que, al menos discursivamente, han sido acompañadas por la Unión Europea (UE) durante todo este tiempo. El poder no se ha movido sustancialmente: una operación de resistencia a troche y moche, apalancada en un juego geopolítico con los socios internacionales de siempre (China, Cuba, Rusia, Irán y Turquía), en la represión sistemática y en la creación de circuitos –ilícitos– de financiamiento alterno le han permitido a Maduro seguir al frente de Miraflores.
La tiranía chavista ha logrado imponerse sobre Guaidó y su famoso mantra de llamamiento a cesar la usurpación, proceder a un gobierno de transición y, finalmente, convocar elecciones realmente libres. Lo ha hecho incluso fabricando una nueva farsa electoral el 6 de diciembre pasado, para designar así una nueva composición de la Asamblea Nacional. Con esta acción Maduro le ha quitado la silla al propio Guaidó, quien es o era Presidente de ese organismo legislativo.
Aunque la maniobra fue desconocida desde el plano formal por la propia UE y el gobierno de los EEUU, le permitió al chavismo dar la estocada para controlar desde el punto de vista práctico todo el poder público en Venezuela.
El chavismo sabe que la oposición no vive su mejor momento. Y por eso ha pasado de la mera resistencia a la acción ofensiva. La jugada de diciembre pretende ser continuada con otro circo con ribetes electorales en el que se elegirían nuevos Gobernadores de Estado y Alcaldes en todas las Municipalidades del país. Sobre ello recientemente Maduro ha asomado que entre Marzo y Abril se estaría designando un nuevo Consejo Nacional para que, a su vez, este proceda a convocar una “megaelección”:
“Me informa el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, a ese Consejo Nacional Electoral (CNE) le tocará convocar a las elecciones de gobernadores y gobernadoras este año 2021. Así que por un lado vamos trabajando, fortaleciendo el Poder Popular, recuperando la economía y por otro lado, preparando a los UBCH, a las jefas y jefes de Calle para ganar por knocaut las 23 gobernaciones del país”, señaló recientemente.
Y estamos frente al juego del gato y el ratón. El chavismo ha puesto nuevamente al establishment opositor a jugar de acuerdo a sus reglas y a su plena conveniencia. Con unas “elecciones” a la vista, mucha de la dirigencia de este establishment comienza a evaluar si es pertinente participar dentro del tinglado orquestado por Maduro. Eso en medio de una situación en la que la abstención de diciembre no ha producido efectos considerables para removerlo del poder.
El Secretario General del socialdemócrata Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, ha deslizado en días recientes que dicha participación electoral no debe ser descartada a priori, por cuanto hay que evaluarla con “cabeza fría”, puesto que “Los procesos sociopolíticos no son lineales. Si nos conviene participar, participaremos. Y si no nos conviene, no participaremos”. En el caso de AD se complica el asunto, puesto que es un partido con alguna penetración en ciertas regiones del interior del país, en las que incluso formalmente al día de hoy conserva cuatro Gobernaciones (Mérida, Táchira, Anzoátegui y Nueva Esparta). La existencia de intereses creados a partir del uso de recursos públicos en esas entidades complejiza la toma de decisiones con respecto a la participación electoral en dichos casos.
Por su parte, el ex candidato presidencial y ex Gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, también ha asomado un tanto en este sentido: “No se trata de ir a cualquier proceso electoral con los ojos tapados, a ciegas. Se trata de luchar todos por condiciones mínimas… Ellos no son demócratas, hay que imponerles la democracia”.
Capriles se ha mostrado creyente de la tesis “participacionista”, a tal punto que motorizó esfuerzos para inscribir candidatos a Diputados en las “parlamentarias” de diciembre pasado, pero luego retiró las candidaturas arguyendo ventajismo y falta de transparencia del árbitro electoral. Aunque probablemente su decisión respondió más bien a la poca motivación que, desde el principio de la campaña, mostró el elector promedio en Venezuela por participar en aquel fiasco.
En cuanto a Juan Guaidó, éste parece inclinado a repetir la posición adoptada en diciembre: la de la no participación en el tinglado orquestado por Maduro y compañía. Para Guaidó no luce “factible” concurrir a tal evento, por la existencia de unas condiciones electorales sumamente desventajosas, que no permitirían que la elección sea “libre y justa”.
En la narrativa del Presidente Interino se sostiene como punto de honor que cualquier proceso electoral que se desarrolle en lo sucesivo contemple, ante todo, la realización de una elección presidencial, y luego de ella todas las demás. Una aspiración que Maduro no está dispuesto a conceder, como es obvio.
En todo caso, el reto de Guaidó consiste justamente en persuadir al conjunto de las oposiciones de que su posición es la correcta, en medio de un clima en el que la no participación electoral de quienes se oponen al chavismo tampoco ha conseguido efectos tangibles, como lo demuestra lo ocurrido en diciembre. Se trata de un asunto dilemático en el que lo que parece evidenciarse en el horizonte es que, ni la participación electoral, ni la abstención, desencadenan una solución al problema. Quizá porque el chavismo no pueda abordarse ya desde una lógica política, con métodos tradicionales de la política.
