Manlio Fabio Beltrones niega haber participado en la trama que desvió dinero público al PRI

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Manlio Fabio Beltrones, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre agosto de 2015 y julio de 2016, ha rechazado formar parte de la trama que presuntamente desvió 250 millones de pesos de dinero público (12.6 millones de dólares) a través de gobiernos locales para favorecer al partido en las elecciones locales de de 2016. “El presidente del PRI no puede y no firmó convenio alguno con los Ejecutivos Estatales para acordar la transferencia de recursos federales, por no ser un tema de su competencia”, señaló el político en un comunicado publicado la noche del viernes.

El cerco sobre Beltrones se ha cerrado esta semana. El jueves, un juez decretó que existen elementos para juzgar por peculado a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, uno de los operadores más cercanos al expresidente del PRI. Gutiérrez, quien fue detenido un día antes en el Estado de Coahuila, trabajó como secretario adjunto del dirigente de la organización en agosto de 2015. Beltrones ha dicho que la detención de su colaborador fue una “abierta violación a sus derechos fundamentales, sin citatorio previo ni medios de defensa”.

Dos testimonios de exsecretarios del Gobierno de Chihuahua involucran directamente a Gutiérrez en el esquema que transfirió dinero público de la secretaría de Hacienda, en ese entonces encabezada por el hoy canciller Luis Videgaray, a las arcas locales de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas para después ser triangulado a otras entidades que iban a celebrar comicios en el verano de 2016.

“(El gobernador César Duarte) me dijo que debía firmar los contratos y como explicación me hizo saber que ese recurso se había autorizado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Federación para operar campañas del PRI… que era un recurso que se había acordado para este fin con Manlio Fabio Beltrones”. Esta es parte de la declaración que Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación de Chihuahua hizo ante el ministerio público el pasado 25 de septiembre.

El testimonio de Yáñez, quien fue condenado en noviembre a cuatro años de prisión por el delito de peculado, es uno de los pilares del caso que la Fiscalía de Chihuahua construye en contra de la Administración de César Duarte, que se encuentra prófugo. A Yáñez se le suma otro testigo protegido, Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda, quien también se encuentra detenido.

“Este es uno de los pocos casos que se ven firmes”, considera Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, una organización que lucha contra la corrupción. El especialista destaca este caso entre otros similares que se están llevando en otras entidades del país. “Aquí hay evidencia documental. Está probado quién le dio a quién. Hay varios detenidos que están cooperando con las autoridades. Es más de lo que se tiene en otros procesos contra exgobernadores como los de Nuevo León y Sonora”.

Pero Beltrones ha cargado, precisamente, en contra de estos testigos protegidos. “Habitualmente son delincuentes que reciben pagos o canonjías a cambio de decir lo que quieren que digan… (sus dichos) no son prueba plena ante los tribunales”, señala el exdirigente del PRI. El político también ha dicho que las autoridades de Chihuahua, un Estado en manos del PAN, están cometiendo “un daño moral… en busca de notoriedad política”.

Esta nueva trama ha agitado el panorama político a siete meses de las elecciones presidenciales. Beltrones ha acusado al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de hacer un uso político de la justicia “buscando beneficios en la temporada electoral”.

La madrugada de este viernes, un diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD, de izquierdas) publicó una imagen donde las principales figuras de Por México al Frente acompañan a Javier Corral. “Qué valentía en Chihuahua. Le informamos al Gobierno federal que Javier no está solo. El frente ofrece justicia, no amnistía a ningún delincuente”, decía el mensaje en redes sociales de Guadalupe Acosta Naranjo. En la imagen aparece, junto al mandatario chihuahuense, Ricardo Anaya, el candidato presidencial de la alianza PAN-PRD.

“Siempre hay un riesgo de que este tipo de casos se politicen”, considera Bohórquez. “Pero eso es parte de las salvaguardas de la democracia. Otros partidos deben utilizar las debilidades de sus adversarios para atacarlos”.

El PRI ha elegido el ataque como defensa. El partido ha entrado al juego de la judialización de la política. La mañana de este viernes el presidente del partido, Enrique Ochoa, ha pedido al Gobierno de Sonora —en manos del tricolor— investigar a su homólogo del PAN, Damián Zepeda, un hombre muy cercano a Anaya, por irregularidades cometidas entre 2013 y 2015.

“Está involucrado en el desvío de recursos del gobierno de Sonora, del exgobernador panista Guillermo Padrés, para financiar la campaña para la alcaldía de Hermosillo, alcaldía que por cierto el actual presidente del PAN no ganó”, afirmó el dirigente. Ochoa citó una investigación periodística que afirma que Zepeda pudo haber desviado unos 700 millones de pesos de contratos de obras públicas del Gobierno del Estado.

Entre el cruce de acusaciones, Bohórquez identifica un grave problema. México está por celebrar las elecciones más grandes de su historia sin un esquema robusto de fiscalización de gasto electoral. “El dinero ilegal a las campañas no solo viene del crimen organizado o de las empresas como Odebrecht, sino que viene también del Gobierno. ¿Cómo vigilar esos recursos?”, se cuestiona.

El director de Transparencia Mexicana es uno de los activistas contra la corrupción que han presionado al Gobierno mexicano para que exista una Fiscalía independiente y un Sistema Anticorrupción robusto que pueda crear nuevas herramientas para monitorear los recursos reuniendo los esfuerzos de las unidades de inteligencia financiera, los fiscales general y electoral y al Auditor superior de la Federación. “El dinero fluye por muchos sitios no auditados”, agrega. El botón de muestra es el juicio que se desarrolla en Chihuahua. “Esto es un patrón, no un caso aislado”.