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María Jesús Montero: “Subir impuestos no es prioritario, hay que esperar a que pase la tempestad”

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero (Sevilla, 1966), está centrada en la recta final de la elaboración de los presupuestos generales del Estado del año próximo. Primero, negociándolos con los socios de coalición de Unidas Podemos. En la entrevista se muestra optimista sobre la aprobación de esas cuentas, que considera imprescindibles, y rehúye dar respuestas concretas a las grandes incógnitas que las rodean

El Gobierno acaba de derogar la senda de déficit, ¿por qué han tardado tanto en hacerlo? Europa lo hizo hace más de seis meses.

Lo hemos hecho justo cuando tocaba aprobar los objetivos fiscales.

Pero han tenido a los ayuntamientos y a las comunidades muy controlados, cuando el mensaje mundial es que hay que gastar….

Con las comunidades autónomas, pusimos encima de la mesa el fondo de 16.000 millones. Es la primera vez en la historia que se pone un fondo de este tipo. El Gobierno no ha dicho “suspéndanse las reglas fiscales y endéudense”, sino que lo que ha hecho es endeudarse él para que las comunidades no tuvieran sus cuentas deterioradas. El efecto es el mismo. Transferir 16.000 millones es más beneficioso que la propia suspensión de las reglas fiscales.

Pero políticamente, no parece lo mismo. El Gobierno central no ha transmitido el mensaje de impulsar el gasto al máximo. España está entre los países que menos gasto han hecho.

Bueno, hay que verlo comparativamente. Creo que no. El Gobierno ha intentado que el gasto público contribuyera a que no se desmorone la economía. Ha puesto en marcha el ingreso mínimo vital, todo el proceso de protección de los ERTE, que son rentas al final de la clase trabajadora, las ayudas a las empresas, posponer los impuestos.

¿No había voluntad de gastar menos, de controlar el gasto?

No, hemos estado ocupados en resolver la situación de la pandemia, en dar recursos a las comunidades, que la Seguridad Social también contara con recursos para poder bonificar las cotizaciones y todo lo que implican los ERTE. Con los ayuntamientos estábamos buscando las fórmulas para que pudieran utilizar los remanentes… El Gobierno ha estado en todo momento trabajando para hacer posible cuanta más inyección económica mejor.

IRPF a partir de 300.000 euros

“Hay muchas propuestas, pero hasta que se defina todo, no vamos a explicarlo”

Muchos alcaldes no lo ven así.

Muchos otros sí. Muchos otros ven que el Gobierno desde el primer momento está buscando fórmulas, porque el hecho de haber suspendido las reglas fiscales no implica que se haya dado una respuesta a los ayuntamientos en crisis. Nosotros hemos sido coherentes, hemos actuado de la misma manera y, cuando ha llegado el momento de tener que aprobar ya unos nuevos objetivos, habiendo la Comisión Europea autorizado la prórroga de la cláusula de salvaguarda, la hemos activado. Desde mi punto de vista, era el momento adecuado.

Sus previsiones económicas parecen demasiado optimistas.

No es una previsión optimista, es prudente. Teniendo en cuenta que lo que se plantea es un crecimiento en torno al 7,2%, más otros 2,5 puntos por la inversión europea de 27.000 millones, más los remanentes de los ayuntamientos. Seguro que también se van a reactivar determinados sectores, la construcción, el sector energético… El segundo trimestre ha tenido una caída histórica, pero en el tercero se está viendo cómo la recuperación poco a poco se ha ido asentando y hoy no tiene nada que ver el escenario que teníamos en abril, que fue el mes más duro. Aunque hay áreas que todavía van a tardar en recuperarse, como el turismo.

Que pesa mucho…

Sigue siendo un sector que hasta que la movilidad internacional no esté más ordenada, no se va a recuperar y por tanto requiere especial cuidado, hasta que definitivamente tengamos la vacuna o tratamiento médico concreto. Pero el resto de sectores de forma paulatina han ido recuperándose.

¿Cómo está evolucionando la recaudación tributaria?

Aún es pronto. La última cifra oficial es la del mes de agosto y los ingresos tributarios cayeron un 7,7% en términos homogéneos. Si miramos solo agosto, la caída es del 4,2%, lo que significa que la caída se va moderando. No crecen, caen menos. Hay que esperar al pago fraccionado de sociedades de octubre.

Han anunciado un comité de expertos para analizar la reforma fiscal. ¿Realmente es necesario un nuevo análisis sobre el sistema de impuestos?

Sí. Hay un compromiso de hacer que nuestro sistema fiscal tenga un mejor rendimiento, sea más redistributivo, más progresivo, más justo. Lo que aspira cualquier sistema fiscal democrático es que el que más tiene más aporte y que los que menos tienen puedan recibir los servicios básicos. El funcionamiento habitual de los servicios públicos exige que el sistema fiscal tenga en el momento inmediato algunos ajustes para preservar el Estado del bienestar. Es bueno y conveniente que sean los expertos los que también aconsejen al Gobierno.

¿La prioridad ahora no es subir impuestos?

No creo que la fiscalidad en sí misma sea un objetivo, sino un instrumento de igualdad. Y en un momento de incertidumbre, hay que mandar un mensaje de certeza y por eso creemos que ahora sobre todo tenemos que priorizar la recuperación económica. Trasladar confianza al conjunto de los inversores, a los mercados y, por tanto, hacer los ajustes mínimos que permitan una recaudación para financiar la sanidad, la educación, las políticas sociales, la política de vivienda, la de justicia. En fin, las elementales que los ciudadanos tienen que recibir. Pero que las reformas profundas, que afectan al modelo productivo, a la estructura, como por ejemplo al impuesto de sociedades, es lógico y razonable lo acompasemos a este momento y por tanto, esperemos a que pase esta tempestad.

Sueldo de los funcionarios

“Tenemos que hablar con los sindicatos, a ver cuáles son sus prioridades”

Luego, ¿no es una prioridad ?

Los ajustes son una prioridad, porque hay que garantizar unos recursos suficientes. Lo otro no es que no sea una prioridad, sino que más bien justamente este no es el momento más adecuado para desarrollar de forma que puedan afectar a la propia estructura del modelo productivo, al nivel de previsión de beneficios de la empresa, sino que justamente esperemos que pase esta tempestad. Porque ha sido una caída muy profunda del PIB y ahora tenemos que ayudar a recuperarla.

Se ha hablado de subir el IVA a la sanidad y la educación privada. ¿No es un poco contradictorio con lo que está defendiendo?

Hay diferentes documentos de trabajo encima de la mesa, entre ellos el de la Airef, con consejos. El Gobierno los está estudiando. Todavía no hemos tomado la decisión.

Revisarán los beneficios fiscales de los planes privados de pensiones, pero no hay una alternativa al ahorro para la jubilación.

Es otro de los documentos que tenemos encima de la mesa, fruto de las recomendaciones del pacto de Toledo, del impulso del Ministerio de Inclusión y también de la revisión de la Airef. Comprendo las prisas, pero todavía no hemos tomado la decisión sobre cuáles van a ser los elementos objeto de ajuste.

¿Subida del IRPF a partir de 300.000 euros?

Hay muchas propuestas pero hasta que esté discutido todo el abordaje fiscal, no vamos a trasladarlo.

Sobre pensiones, el Gobierno se ha comprometido a actualizarlas con el IPC. ¿Podemos tomar como guía el deflactor para el 2021, que han fijado en el 0,9%?

Estará en torno a esa cifra. Nuestro compromiso con la actualización de las pensiones es inequívoco. El Gobierno va a seguir haciéndolo igual que este año.

¿La línea es igual de clara con el sueldo de los funcionarios?

Tenemos que hablar con los sindicatos, a ver cuáles son sus prioridades. Hemos abordado a lo largo de este último trimestre algunas cuestiones respecto al personal laboral, que era una prioridad también para organizaciones sindicales.

¿La negociación política del acuerdo sobre presupuestos en el seno del Gobierno cómo está?

Vamos a seguir la hoja de ruta que marcaron tanto el presidente del Gobierno como el vicepresidente segundo. Primero el acuerdo en el interior del Gobierno, próximo ya. Y luego las conversaciones con todas las formaciones políticas. En nuestro caso, en todas, llamaremos al PP también, aunque creemos que no se va a sentar. Pero vamos a llamarlas a todas para enseñarle la propuesta de presupuesto, escuchar cuáles son las aportaciones, las sugerencias y ver cuál es el ámbito de acuerdo que pueda haber.

Sanidad, educación y mayores

“Va a haber aumentos de gasto en estas partidas en las cuentas del año próximo”

Hay mucha tensión política pero aparentemente el presupuesto no debería ser muy difícil de consensuar. Hay mucho dinero.

Ojalá. Eso es lo que pretendemos. Cuando presentamos el techo de gasto, intentaba explicar que eran cifras extraordinarias, porque el momento es extraordinario. El presupuesto está atravesado básicamente por la prórroga de las cuentas públicas, con la inyección de 27.000 millones y 31.000 millones de transferencias a la Seguridad Social y las comunidades autónomas. Y no es casual. El Gobierno no está tan pendiente como los gobiernos anteriores de a quién le pone el déficit, en términos de quién paga la factura, sino de lo que hay que hacer.

¿Entre los ajustes para el próximo año está elevar la imposición al diésel?

Todas las figuras medioambientales están sobre la mesa.

La sanidad, la educación y los mayores han estado bajo presión durante la pandemia. ¿Se tratarán de manera especial?

Sí. Va a haber incremento de gasto en esas políticas.

¿De qué magnitud?

No puedo contar el presupuesto. No todavía, hasta que esté pactado. Pero se van a incrementar.

Es inevitable hablar del dumping fiscal de Madrid. ¿Lo va a abordar en las nuevas cuentas?

No, eso lo vamos a abordar con la reforma del sistema de financiación autonómico. Con los presupuestos no tenemos capacidad normativa.

¿No regulará las bonificaciones del impuesto de patrimonio o sucesiones?

No podemos. Tiene que haber un consenso en el marco de las comunidades y luego el Gobierno ejercer capacidad legislativa básica. En el próximo modelo de financiación vamos a incorporar las distintas figuras que van a componerlo y con qué capacidad normativa. Allí será el momento de ver si es interesante hacer horquilla en la capacidad normativa. En fin, buscar alguna fórmula que permita, sin quitar autonomía fiscal a las comunidades, evitar situaciones no deseadas en función de los ingresos que cada uno tiene. Porque eso se hace sobre todo en aquellas comunidades que tienen un mayor rendimiento del sistema de financiación. Por tanto, lo que provoca es injusticia sobre el resto, que tiene menor rendimiento o no tienen sedes fiscales de grandes empresas o no tienen la misma actividad económica.

Recaudación fiscal

“La última cifra oficial es del mes de agosto y los ingresos tributarios cayeron un 7,7%”

¿Habrá un nuevo modelo de financiación autonómica antes de que se acabe la legislatura?

Sí, si hay voluntad de acuerdo. Un debate del modelo de financiación tiene que partir de la voluntad de acuerdo de los partidos políticos. Ya hemos presenciado en el Congreso de los Diputados, cuando los grupos políticos no tienen voluntad de acuerdo, que es muy difícil llegar a una negociación. Pasó con el decreto de los ayuntamientos.

¿Se plantea alguna solución sobre la deuda histórica de las comunidades a través del FLA?

Tenemos que replantearnos cómo y de qué manera se hace sostenible esa deuda. Y creo que cuando se debata la financiación autonómica va a ser también necesario tratar el abordaje que tienen la deuda actual, que soportan algunas comunidades o la totalidad, y de qué manera, de forma justa se puede afrontar esta situación sin que provoque agravio entre los distintos territorios.

El modelo de financiación no ha funcionado, no ha reducido las divergencias territoriales.

Sería injusto decir que el modelo no avanzó respecto al anterior. Pero probablemente no estaba pensado para un momento de dificultad económica. El ejemplo más claro, que pone de manifiesto que no contribuyó a la convergencia, es el diferencial entre la comunidad mejor financiada y la peor financiada. 800 euros de diferencia de financiación por habitante no está justificado. Hay que corregirlo para que se aporten más recursos.

¿Es una anomalía que corregir que la comunidad más rica tenga la presión fiscal más baja?

La singularidad de Madrid se está viendo desde muchas perspectivas. La hemos visto con motivo de la pandemia. Desde el Gobierno de España y yo diría que desde las autonomías se ve muy claramente la situación que tiene Madrid respecto a la sede fiscal de gran parte de las empresas. Y eso es un elemento que en España y en Europa se está descubriendo. Hay otros parámetros para que sea más justa la devolución a los territorios de los beneficios que se consiguen con el consumo de todos los españoles. Hay comunidades que se pueden permitir bajar su presión fiscal porque tienen más ingresos, lo que iría justamente en dirección contraria a lo que se pretende. Otros tienen que subir impuestos para conseguir los mismos recursos que Madrid bajando impuestos. Esta es la paradoja que tenemos que minimizar. Eso sí, respetando la autonomía fiscal.