El ministro de Interior presume del «alto compromiso ético» del Gobierno eludiendo los negocios de los generales imputados con el que fuera diputado del PSOE.
La comparecencia, a petición propia, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha generado estupefacción entre los diputados presentes en la Comisión de Interior del Congreso de este lunes. Los miembros de la oposición quedaron marcados con las declaraciones de Grande-Marlaska, que tras intentar desviar la atención del caso Tito Berni con las adjudicaciones de contratos para cuarteles de la Guardia Civil, responsabiliza ahora al PP de esto último a pesar de estar envuelto el mismo empresario que usó los pasillos del Congreso para visitar y negociar las comisiones correspondientes con el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, más conocido como Tito Berni.
Pese a las informaciones que vinculan al empresario Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon, con el caso Mediador, en que se investigan presuntas mordidas de empresarios a Fuentes Curbelo y a un general de la Guardia Civil, Marlaska aseveró que el caso Cuarteles «es un caso de corrupción que afecta al PP» y presumió del «alto compromiso ético» del gobierno socialista con comportamientos «de brocha gorda» por parte de «aquellos que tienen más que callar».
El caso Mediador y la trama de amaños de contratos para adjudicaciones de obras en cuarteles de la Guardia Civil tiene como nexo a Tejera de León, inmortalizado en varias fotografías junto al teniente Pedro Vázquez Jarava, encargado de responder al informe de Asuntos Internos sobre los amaños, y al general Espinosa Navas, ahora en privisión preventiva presuntamente por urdir junto a Tito Berni, la trama de mordidas y tráfico de influencias.
Aún con estas informaciones, Marlaska, ha asegurado que el responsable político de la Guardia Civil en 2017, José Manuel Holgado, ordenó paralizar la investigación que Asuntos Internos del instituto armado estaba desarrollando sobre el denominado caso Cuarteles. De esta manera, trata de poner en el foco de la corrupción al Partido Popular dejando en las sombras la conexión con la trama que mezclaba prostitución, drogas y fiestas del diputado del PSOE que usaba su oficina del Congreso de los Diputados como centro de operaciones.
El titular de Interior ha querido hacer una cronología de las pesquisas del caso que se iniciaron cuando en 2016 la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil tuvo conocimiento de que la adjudicación de contratos de obras en instalaciones del cuerpo a un empresario -Angel Ramón Tejera de León, alias Mon, aunque no lo ha nombrado- se había incrementado, con una facturación de 2,11 millones de euros. De hecho, pasaron de tres adjudicaciones en 2014 a cuatro al año siguiente y a nueve en 2016, para obras que, según Asuntos Internos, habrían experimentado «un inusual y considerable coste en su facturación».
Y este mismo empresario, ha añadido Marlaska, constituyó de forma paralela tres sociedades que también fueron adjudicatarias de contratos con la Guardia Civil por importe de 2,07 millones en comandancias de diez provincias. Solo una de estas empresas estaba registrada en el sector de la construcción.
Un mando de la Guardia Civil archiva el informe de Asuntos Internos
En abril de 2017 el entonces director adjunto operativo de la Guardia Civil, el teniente general Pablo Martín, recibió un informe de Asuntos Internos para que se remitiera a la Fiscalía «por las graves irregularidades detectadas y los indicios de delito».
Fue en ese momento cuando, según Marlaska, empezaron «las graves anomalías», ya que se decidió que fuera el mando de apoyo, el teniente Pedro Vázquez Jarava, imputado en el caso, quien respondiese al informe de Asuntos Internos y pidió que no fuera remitido a la Fiscalía. De esta manera, en diciembre de 2017 Holgado emitió una resolución «inédita e impresentable» en la que ordenó el archivo de las actuaciones por «no ser necesarios nuevos elementos de juicio».
«Es decir, dicho de forma muy rápida, pero muy clara porque es gravísimo: el responsable político de la Guardia Civil ordena paralizar una investigación de Asuntos Internos», ha recalcado.
Ha querido el ministro detenerse en este punto para recordar que Jarava fue ascendido en tan solo ocho meses a teniente general por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. «Creo que es la carrera más meteórica en la historia del cuerpo», ha enfatizado.
Se reactiva la investigación
Según el ministro, en pleno debate de la moción de censura de mayo de 2018, Asuntos Internos recibió un escrito anónimo que daba cuenta de un conjunto de irregularidades en contrataciones en la comandancia de Ávila.
Los juzgados de Ávila iniciaron diligencias y ya en abril de 2019 conocieron el atestado de Asuntos Internos en el que se citada al entonces jefe de la comandancia de esta provincia, Carlos Alonso, también investigado en el caso, por la adjudicación de 27 obras.
Las diligencias judiciales se prolongan hasta noviembre de 2020, cuando diversos mandos declaran que las contrataciones se hacían con el empresario Mon a instancias de Vázquez Jarava, que se beneficiaba presuntamente de viajes y hoteles sufragados por el contratista.
«Es un caso, uno más de tantos casos de corrupción que se dan con el PP en el Gobierno y sus responsables en el Ministerio del Interior», ha dicho Marlaska antes de definir el periodo de 2011- 2018, cuando gobernaba Rajoy, como un ejemplo de «mal gobierno» y de una gestión que ha resumido en tres palabras «autoritarismo, corrupción y chapuza».
Durante su intervención ha sacado a relucir la denominada «policía patriótica» y el espionaje a periodistas con la finalidad de «influir en su labor de investigación» en torno a informaciones sobre escándalos del PP, ejemplos de «gravísimos ataques» al funcionamiento de la democracia, ha zanjado Marlaska.
Ha asegurado que el PP tuvo en la corrupción su «cooperador necesario», que en un momento de crisis empleó de forma «inmoral» los fondos reservados y que no dudó en utilizar a agentes de las fuerzas de seguridad para labores relacionadas «con tapar sus escándalos de corrupción».
«Ni todos los trucos de magia habrán sido capaces de hacernos olvidar que el caso Cuarteles es un caso que se da bajo gobiernos del PP», así ha concluido Marlaska no sin antes reiterar que si está en los juzgados es «porque este Gobierno no paraliza las investigaciones».
