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Más de la mitad de los asesinatos de menores se silencian para favorecer al feminismo

El Gobierno silencia los asesinatos de menores perpetrados por sus madres para seguir explotando la baza de la violencia vicaria, que la izquierda usa para referirse a aquella que el hombre ejerce sobre la mujer a través de sus hijos, pero no cuando ocurre a la inversa. La manera de conseguirlo: directamente no los incluye en las estadísticas oficiales.

Pongamos como ejemplo los datos ofrecidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez acerca de los filicidios cometidos en 2021, que cifra en 7. La cantidad a la que se acoge es la reflejada por la Delegación de Violencia de Género -dependiente del Ministerio de Igualdad, encabezado por Irene Montero- en la ‘Ficha de menores víctimas mortales por violencia de género’, que en su interior especifica «contra su madre».

Este es el único lugar donde encontraremos cifras cribadas según el sexo del homicida y la relación de parentesco con el menor (el INE no incluye ninguno de estos datos) y en él se obvian por completo los asesinatos cometidos por las madres de los niños. Algo que nos podría llevar a la conclusión errónea de que en España no mueren pequeños a manos de sus progenitoras. Pero nada más lejos de la realidad.

Falsean las estadísticas

Sólo haciendo un par de búsquedas en Internet, nos toparemos con un buen puñado de casos no contabilizados en esas estadísticas y que nos mostrarán una realidad muy distinta a la que vende el Gobierno a este respecto. Si el pasado año se registraron 7 asesinatos de menores ejecutados por sus padres, al menos 4 fueron perpetrados por sus madres y otros tantos por ambos progenitores o la madre junto a la pareja que tenía en el momento del suceso.

El PP presentó en el pasado mes de marzo una Proposición no de Ley para instar al Ejecutivo a contabilizar también los asesinatos de menores cometidos por mujeres. El texto lamentaba que «solamente se contabilicen unos asesinatos de niños, niñas y adolescentes, mientras que los otros siguen ocultos», al tiempo que aseguraba que en 2021 hubo «15 casos de filicidio en los que fallecieron 17 menores», aunque «no están registrados como tales por la ausencia de una estadística que recoja este tipo de violencia de forma global».

Un nuevo instrumento político

La violencia vicaria se ha convertido en una herramienta propagandística muy útil para la izquierda española, que ha demostrado tener dos varas de medir a la hora de condenar la violencia. Su gravedad depende del lado (el sexo) del que venga. Los secuestros son menos secuestros si son «madres protectoras» las que los perpetran. Y, a la vista está, los asesinatos de los hijos también parecen ser menos asesinatos si es una mujer quien los comete.

El pasado 8 de marzo, el Consejo de Ministros acordaba una «declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres» en la que se recogía que «desde 2013, 46 menores han sido asesinados como consecuencia de la violencia de género contra sus madres, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género». Hechos que señala como «la punta del iceberg de una violencia sistémica ejercida contra las mujeres y la manifestación más atroz de la desigualdad entre mujeres y hombres».

Las víctimas ninguneadas

Por supuesto, en toda la declaración, ni rastro de las cifras de niños y adolescentes que han perdido la vida a manos de sus madres. Quedan fuera casos tan duros como el de Ana Sandamil, recientemente declarada culpable del asesinato de su hija de 7 años, que perpetró en 2019 siendo «plenamente consciente». Los investigadores se encontraron «una escena violenta» y con «demasiada sangre» como para que fuera viable la hipótesis de la muerte accidental. El fallecimiento de la pequeña Desirée se produjo por asfixia mecánica en último término.

Otros de los asesinatos invisibles para el Gobierno es el de Yaiza, una niña de cuatro años asesinada por su madre hace un año, apenas unos días antes de que se conociera el crimen de las pequeñas Anna y Olivia, perpetrado por su padre Tomás Gimeno. Ocurrió en la localidad catalana de Sant Joan Despí y es obvio que no despertó el mismo interés mediático, político e institucional. Su progenitora confesó que mató a la menor para hacerle daño a su exmarido. La asfixió con una bolsa de plástico.