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Medio año del Gobierno más radical de la democracia

El primer Gobierno de coalición está a punto de cumplir medio año de vida. El pasado 13 de enero el PSOE comenzó a gobernar junto al primer partido comunista que ha entrado en el Ejecutivo en democracia, Unidas Podemos, y, desde entonces, los engranajes entre ambos ya chirriaban.

Las polémicas que ha vivido desde su conformación han sido una constante: comenzando con el Delcygate que afectó a José Luis Ábalos; pasando por las discrepancias dentro del propio Consejo de Ministros entre socialistas y morados por la Ley de Libertad Sexual, la política fiscal o el Ingreso Mínimo Vital; hasta la rebelión en la Guardia Civil por el cese de Francisco Pérez de los Cobos por parte de Fernando Grande-Marlaska o el caso Dina que actualmente acorrala al vicepresidente primero, Pablo Iglesias.

Desde que se estrenó el Gobierno de Pedro Sánchez, su equipo ha tenido que lidiar con muchas vicisitudes, pero ninguna como la pandemia del coronavirus. La crisis sanitaria originada por la Covid-19 motivó que en España se decretara por primera vez el estado de alarma más extenso de nuestra democracia. Se cerró el Parlamento y aquello se convirtió en un escenario perfecto para gobernar a base de decretazos.

En estos casi cuatro meses de pandemia, el Gobierno ha llevado 18 decretos leyes en 100 días al BOE -algo más de uno por semana-, que se elevan a 23 si incluimos los dos primeros meses del año, récord absoluto de cualquier inicio de legislatura. Se han utilizado para aprobar medidas temporales como las ayudas económicas para soportar el impacto de la Covid-19 o la extensión de plazo para presentar liquidaciones tributarias u otras de más largo recorrido, como el Ingreso Mínimo Vital.

Además este Gobierno también ha estado marcado por la deslealtad de sus socios de investidura en las prórrogas del estado de alarma. Fue el pasado 21 de junio cuando finalizó esta medida tras ampliarse hasta en seis ocasiones, la última salió adelante con los votos de PNV y Ciudadanos y con una nueva abstención de ERC, quien se negaba a conceder su apoyo por olvidar la mesa de diálogo.

Entre estas negociaciones, hay que recordar el pacto que alcanzó el Ejecutivo con EH Bildu a cambio de derogar la reforma laboral. Un propósito que finalmente se vio frustrado tras intervenir la propia vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, quien alertó del error que suponía, más aún cuando se encontraban en plena negociación con la patronal.

El estado de alarma ha sido precisamente una de las cuestiones de las que más ha presumido Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno y todos sus ministros han sacado pecho incansablemente en cada rueda de prensa defendiendo que gracias a ello se ha podido frenar la propagación del virus. Sin embargo, España es el cuarto país de Europa con más fallecidos: 28.401.

Tampoco hay que olvidarse de las ayudas que ha anunciado Sánchez para paliar los efectos de la pandemia. Se calcula que la deuda pública, cifrada en 1,234 billones de euros, se ha disparado en más de 30.000 millones como consecuencia directa del ingente gasto en el que está incurriendo el Gobierno para tratar de mitigar las consecuencias de la crisis a partir de reales decretos. Se ha inyectado dinero para impulsar el turismo, la automoción, financiar los ERTEs, promover la cultura, aprobar el Ingreso Mínimo Vital y, en esta última semana, otro para reforzar la ciencia, entre más ayudas.

Ante este contexto, en el Ejecutivo esperan el balón de oxígeno de los fondos de recuperación que se negocian la próxima semana en Bruselas. No obstante, la pérdida de la Presidencia del Eurogrupo para Nadia Calviño ha sido un mazazo para el Ejecutivo cuando se tienen que decidir o perfilar cuestiones de este tipo.

En cambio, la continuidad de esta legislatura depende de los Presupuestos. El Gobierno se ha mostrado favorable a negociar con cualquier partido, incluso con el PP, para que éstos salgan adelante. Así como de la relación simbiótica que mantienen Sánchez e Iglesias. A pesar de que existen suspicacias y ciertas resistencias hacia Podemos, que se han podido visibilizar a cuenta de las últimas polémicas por el caso Dina y los ataques a los medios, el presidente es consciente de que necesita a la formación morada para seguir en lo que más le importa: el poder.