Menudo espectáculo

En la opinión pública –o publicada– internacional, hay dos clichés sobre España. El primero, muy antiguo, desmentido por la historia más reciente, es el de un país incapaz de resolver sus conflictos internos de una forma civilizada, dominado por la intolerancia y, ocasionalmente, por pulsiones fratricidas. Es el país de la Contrarreforma, de la Inquisición, del Duelo a garrotazos de Goya, de la leyenda negra. Es, sobre todo, el país de la Guerra Civil.

No lo olvidemos: durante años, la guerra española fue noticia de primera plana y acaparó el interés de los círculos intelectuales de Europa y de todo el mundo. Era la primera batalla seria entre el fascismo, el comunismo y la democracia liberal, el prólogo de la conflagración mundial en ciernes. Después, los cuarenta años de franquismo convirtieron a España en la viva estampa del autoritarismo y de la intransigencia. Es natural, pues, que este cliché se incrustase en el subconsciente europeo.

El segundo cliché, más actual pero menos arraigado, es el de un país moderno, vibrante, capaz de liquidar el franquismo a través del pacto y del consenso, de transformarse y de situarse en la vanguardia de los cambios sociales, un país sin complejos, con una sociedad abierta y tolerante. Es la otra cara de la moneda, la España de la transición, de Pedro Almodóvar, de Barcelona’92, del matrimonio homosexual.

Además de incompatibles, estos dos clichés son –como todos los estereotipos– burdos, caricaturescos. Están basados en la simplificación, en la conversión de la anécdota en categoría, en la eliminación de los matices y en la sustitución de los tonos ­grises por blancos virginales o negros ominosos. Ni España era en los años treinta el único país europeo corroído por divisiones profundas y con un movimiento fascista rampante –pensemos en la Alemania de ­Hitler, en la Italia de Mussolini, en la Francia del mariscal Pétain–, ni la transición fue el cuento de hadas que muchos todavía ­pintan.

Ahora se dice –con razón– que la crisis catalana está dañando la imagen de España en el exterior y en Madrid se acepta sin mucha discusión que el Gobierno no ha sabido explicar bien su política y que, en cambio, el independentismo ha vendido muy bien la suya, proyectando dudas sobre la calidad democrática de nuestro sistema político. ¿Es así? Estamos dando un espectáculo, sin duda, pero me parece que el error, como suele ocurrir, no es de comunicación sino de lo que hay que comunicar, y que no logramos transmitir la idea de que estamos resolviendo el conflicto de la mejor manera posible porque, sencillamente, no lo estamos resolviendo de la mejor manera posible. Al contrario, cada vez se encona más.

Queremos que todo el mundo nos vea como una democracia avanzada: pero ¿estamos seguros de que estamos actuando como una democracia avanzada? El independentismo no sale nada bien en la foto. La aprobación de las leyes del Referéndum y de Transitoriedad Jurídica los días 6 y 7 de septiembre, saltándose el Estatut a la torera, y la declaración de independencia el 27 de octubre, al margen de la Constitución y sin una mayoría de votos irrebatible que la sustentara, no concuerdan con la imagen de escrupulosidad democrática y de no haber roto jamás un plato que los partidos independentistas desean transmitir.

Sin embargo, el Gobierno central tampoco se ha cubierto de gloria, y su responsabilidad es mayor porque es quien tiene la obligación de asegurar la convivencia y de evitar que la discordia se instale entre nosotros. Lo podemos mirar desde todos los ángulos que queramos, pero los porrazos del primero de octubre y la prisión provisional de los Jordis, de Oriol Junqueras y de Joaquim Forn no encajan con la idea de la España dialogante de la transición. El Gobierno central no está abriendo ninguna vía de conciliación para resolver el litigio. Dice que la Constitución no permite el referéndum, y aún menos la independencia. Muy bien: pero, entonces, aparte del artículo 155 y de los tribunales –unos tribunales que, de forma sorprendente, están equiparando el 1-O y la DUI prácticamente a una insurrección violenta contra el Estado–, ¿qué salida ofrece el Gobierno central a estos millones de catalanes que, de una forma pacífica, vienen reclamando desde hace años un replanteamiento de las relaciones entre Catalunya y el resto de España?

El problema no es de comunicación. La crisis catalana nos ha puesto a prueba y, lamentablemente, no hemos estado a la altura de la imagen que aspiramos a proyectar. Aquí todo el mundo tiene sus razones, pero si queremos conservar el prestigio que nos ganamos hace cuarenta años, si no queremos que nadie ponga en tela de juicio la calidad de nuestra democracia, lo mejor que podemos hacer es reservar la justicia para los conflictos jurídicos y resolver el litigio a través de la política y del diálogo. Como en la transición.




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