Después de una visita a la cárcel El Pedregal, de Medellín, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Francisco Espinosa, indicó que se tomarán medidas frente a las dificultades en el servicio de alimentación a los reclusos, lo que ha causado intoxicaciones.
Como primer paso, anunció que el Ministerio de Justicia interpuso una solicitud de declaratoria de incumplimiento ante la Bolsa Mercantil de Colombia, compañía que contrata a los encargados de suministrar los alimentos a las personas privadas de la libertad.
“Hemos documentado los incumplimientos y efectivamente hay una violación flagrante de los derechos de los reclusos”, expresó Espinosa, luego de verificar directamente la condición de los reclusos del centro carcelario, donde la semana pasada se presentó una intoxicación colectiva que dejó 1.423 personas afectadas después de ingerir alimentos en estado de descomposición.
La decisión era muy esperada por los presos, sus familiares y los defensores de derechos humanos, que durante todo el año han denunciado las pésimas condiciones de salubridad en las que se entrega la alimentación de la población carcelaria.
La secretaria de Salud de Medellín indicó que de las nueve visitas que ha realizado este año a El Pedregal, ha cerrado en cuatro oportunidades el servicio de alimentación por no cumplir con las mínimas condiciones de higiene.
En realidad hay unas condiciones muy precarias en los sitios destinados para la preparación y disposición de los alimentos de la población carcelaria
“En realidad hay unas condiciones muy precarias en los sitios destinados para la preparación y disposición de los alimentos de la población carcelaria”, expresó la subsecretaria de Salud de Medellín, Natalia López.
La funcionaria confirmó que la Unión Temporal de Alimentos A.G.S. ha venido incurriendo de manera reiterada en incumplimientos sanitarios para el proceso de alimentación de la población carcelaria, que es un derecho fundamental.
Con la denuncia del viceministro Espinosa, la pelota ahora está en el campo de Bolsa Mercantil de Colombia quien deberá realizar las investigaciones pertinentes ante la actuación del contratista, quien se defiende diciendo que el Inpec y la secretaría de Salud “entorpecen” sus labores con operativos que retardan el servicio de alimentación de la población carcelaria, que asciende a 3.600 personas, de las cuales 13 son mujeres en estado de embarazo.
Bryan Andrés González Vélez
Para EL TIEMPO
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