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Mónica Oltra imputada por encubrir los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia ha imputado a la vicepresidenta valenciana y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, por varios presuntos delitos en relación con su gestión en el caso de los abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido, Luis Eduardo Ramírez, condenado a 5 años de prisión por estos hechos.

Según ha informado el TSJ, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal se ha declarado competente para investigar a la líder de Compromís y la ha citado a declarar el próximo 6 de julio

En un auto notificado este jueves a las partes, el tribunal sostiene que la exposición razonada elaborada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia relata «una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja (…) o bien proteger la carrera política de la aforada«. 

El TSJ entiende por tanto que resulta procedente incoar diligencias previas, de las que será instructor el ponente de esta resolución, el magistrado Antonio Ferrer, «con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario». 

La Sala asume la causa en su integridad, es decir, también en lo relativo a los otros 13 investigados, entre los que figuran altos cargos de la Conselleria y trabajadores del centro de menores donde ocurrieron los hechos, al considerar que existe en este momento en todos ellos «una conexidad inescindible». 

Junto al auto por el que asume su competencia y se acuerda la incoación de diligencias previas, el Tribunal ha notificado una providencia por la que cita a declarar a la aforada como investigada el próximo 6 de julio a las 10 horas.

La Sala razona que la sentencia contra su expareja no es firme, pero plantea la posibilidad de sumar a la causa el delito de malversación por todos los recursos públicos que se destinaron para desacreditar a la niña.

La decisión llega después de que la fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Teresa Gisbert, solicitara su citación como investigada al considerar que la líder de Compromís y su equipo urdieron «un plan preestablecido para desacreditar a la víctima y desvirtuar su testimonio, negando su credibilidad».

«Todos los intervinientes dejaron de cumplir a sabiendas su obligación, como encargados de la custodia y tutela de la menor, de poner en conocimiento de la Policía, Fiscalía de Menores, Administración de Justicia los abusos manifestados» por la menor, en ese momento tutelada por la Conselleria de Oltra al estar en situación de desamparo.

Según la Fiscalía, «nadie se preocupó de proteger a la menor de dichos abusos, hasta el punto de que el educador autor material de los mismos fue repuesto en sus funciones».

[Teresa Gisbert, la fiscal que Mónica Oltra denigra ahora, fue el azote de la corrupción del PP]

«Dudosa legalidad»

El tribunal reconoce en su resolución que «puede que los diferentes trámites y expedientes llevados a cabo en el seno de la Conselleria, considerados en abstracto y de una forma aislada no puedan entenderse ilegales e incluso irregulares». Pero si se valoran en su conjunto, añade, «poniéndolos en relación con su contenido y su oportunidad, ya nos hace pensar que han sido elaborados con un propósito muy concreto, completamente alejados de la finalidad para los que fueron concebidos».

Todo esos indicios, según el TSJ, están «vinculados de una manera directa a un propósito muy preciso, y de una muy dudosa legalidad, cual es beneficiar la situación procesal del marido de Oltra, o bien sencillamente tratar de proteger la carrera política de esta, aun cuando ello se hiciera en perjuicio de una menor tutelada por la Conselleria de Igualdad».

«Cierto que no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada, pero si que concurren unos indicios plurales, que en principio hacen pensar que fueron orquestados precisamente con ese fin, tanto por la persona a quien directamente beneficiarían como por la propia relación que presentan con la evolución del proceso penal que trataron de obstaculizar», añade el tribunal.

Además, precisa en este sentido que no pueden ignorar «que es pacíficamente admitido por nuestra jurisprudencia, tanto de nuestro Tribunal Supremo como de nuestro Tribunal Constitucional, que esta modalidad de prueba es perfectamente admisible para desvirtuar la presunción de inocencia de una persona«.

La decisión del TSJ de Valencia augura la inminente dimisión de la vicepresidenta valenciana y mutila el proyecto de Yolanda Díaz antes de empezar, pues Oltra era una de sus máximas representantes y Valencia acogió el primer acto de presentación.

La imputación deja muy tocada al principal reclamo electoral de Compromís a menos de un año de las elecciones autonómicas y con las encuestas augurando un empate entre bloques.

El PP ha convocado una rueda de prensa de urgencia esta tarde en Valencia para volver a pedir su dimisión.

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