El revolcón —con perdón— jurídico al que fue sometido ayer por parte del CGPJ el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, parido por el Ministerio de Igualdad, evidenció las graves carencias intelectivas de su titular, Irene Montero, que parece ignorarlo todo sobre los fundamentos del Derecho español.
Pero no sería justo y no lo es, cargar toda la responsabilidad de este anteproyecto de ley desquiciada en Irene Montero y en su equipo de niñeras y corifeas (lo que era la clá de toda la vida) de un Ministerio que sólo produce vergüenza en tiempos de crisis.
La responsabilidad de que llegara a la mesa del dependiente Consejo General del Poder Judicial un texto bochornoso que no sólo invierte la carga de la prueba, sino que elimina la proporcionalidad de la pena y establece una relación de servidumbre de la mujer al fiarlo todo a un consentimiento expreso sólo de ella, es del Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez y que aprobó este anteproyecto el 3 de marzo de 2020, cinco días antes de la celebración del infectódromo feminista de aquel día para la infamia que fue el 8-M.
Tan responsables de este revolcón es la que parió el anteproyecto con fines propagandísticos, como los que, conociéndolo, no levantaron la voz en nombre de la Justicia. Culpable es Carmen Calvo, como vicepresidente (vicepresidente será vicepresidenta cuando paciente sea pacienta) y profesora de Derecho. Culpable esencial es Fernando Grande Marlasca o Marlaska, como magistrado que fue, y no malo. Grandísimo culpable Juan Carlos Campo, como doctor en Derecho y ministro de Justicia. Culpables Nadia Calviño, Teresa Ribera, Luis Planas, Isabel Celaá, Rodríguez Uribes y González Laya, que algo debieron de retener de lo estudiado en sus licenciaturas en Derecho.
Y a pesar de que parezca disponer de un crédito ilimitado por su condición de crítica con la ultraizquierda, no debemos olvidarnos de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, también es licenciada en Derecho y, por lo tanto, también es culpable por omisión del deber de evitar que el Consejo de Ministros, en un alarde de iuspositivismo caduco y dañino, aprobara un anteproyecto de una ley injusta, anticonstitucional, propagandística e identitaria.
Culpable, en fin, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. En este caso no por sus conocimientos de Derecho, que parecen a la altura de su doctorado (?) en Economía, sino porque a él le compete la más alta responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la Constitución, la que —por ahora— consagra principios que el anteproyecto aprobado por él en compañía de otros desprecia como la igualdad de los españoles, la libertad y, sobre todo en este caso, la Justicia.
Irene Montero, su actual pareja y los ministros podemitas Yolanda Díaz y Manuel Castells, son responsables, pero no culpables. Al fin y al cabo, la perversión del Derecho está en su naturaleza comunista. Como el escorpión, ya saben.
