La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha subrayado este martes que en los dos años de tramitación de la ley del «solo sí es sí» nadie, ni el resto de ministerios implicados, ni el Consejo Fiscal, ni el Consejo de Estado, ni el CGPJ, advirtió de las posibles revisiones de las penas por los cambios introducidos.
Montero, en una entrevista en la Cadena Ser, ha rechazado admitir errores en la norma y ha recalcado que las rebajas de penas a delincuentes sexuales se están produciendo por una interpretación incorrecta de la ley del «solo sí es sí» por parte de los jueces, no por su redacción.
Y ha argumentado que en todo el proceso de discusión previo a la aprobación de la ley ningún organismo advirtió lo que está ocurriendo, que la rebaja de las penas mínimas tipificadas se tradujera en una revisión a la baja de las condenas ya dictadas. Porque, a su juicio, todos daban por hecho que ocurriría como en la reforma del Código Penal de 2015, cuando la Fiscalía dictó una instrucción por la que se indicaba no apoyar rebajas de condenas ya impuestas siempre y cuando estuvieran dentro del rango de penas que se establecía en la nueva legislación.
Y ha tachado de «bulo» y de «mentira» que el CGPJ advirtiera de lo que está ocurriendo, como ha manifestado horas antes el órgano de gobierno de los jueces, pues su consejo era el de no rebajar las penas máximas y se tuvo en cuenta. Por esa razón no se planteó incluir una disposición transitoria en la ley para evitar este tipo de situaciones.
«Fíjese qué claro lo tendrían los diferentes ministerios que participaron de la elaboración de la ley, incluso el Ministerio de Justicia y después el CGPJ, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal (…) que no se vio necesario incluirla«, ha indicado.
La ministra ha recalcado que en los casos que han analizado lo que detectan es una incorrecta aplicación de la ley y ha reiterado sus críticas a una justicia «patriarcal». «Para el juez que vio jolgorio en la violación grupal de la Manada da igual el Código Penal que tenga entre manos».
«Si yo creyese que hay un error sería la primera en reconocerlo», ha afirmado la responsable de Igualdad, quien aún no ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de esta situación pero apoya su apuesta por dejar que tanto los tribunales como la Fiscalía unifiquen criterio para la aplicación de la ley. La ministra ha eludido pronunciarse sobre la ausencia de apoyo de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien hoy ha guardado silencio.
