La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido «discrepancias» con el PSOE en la reforma de la ley del solo sí es sí relacionadas con el consentimiento, y ha advertido de que no está dispuesta a volver al modelo anterior en el que la violencia y la intimidación eran «elementos decisivos» al juzgar una agresión sexual.
«El Ministerio de Igualdad no puede asumir una propuesta que vuelva al modelo anterior, como está pidiendo el PP, a la violencia e intimidación, y que sean las mujeres las que tengan que demostrar que se han resistido para que se califique lo que han vivido como una agresión sexual», ha declarado Montero a los medios en los pasillos del Senado.
Montero ha admitido que tienen una «discrepancia sobre el consentimiento» con el PSOE, aunque ha asegurado que van a «seguir trabajando para que haya un acuerdo», pese a que son conscientes de que «ninguna reforma penal va a evitar las decisiones judiciales» sobre las rebajas de condenas de determinados agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley.
Montero ha comentado que han presentado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE hasta cuatro propuestas para cambiar la ley del solo sí es sí «que mantengan el consentimiento como centro del Código Penal», pero asegura que todas ellas han sido «rechazadas».
En su opinión, las «presiones» por parte del PP «para volver al modelo de la violencia o la intimidación» son «muy fuertes», pero ha subrayado que su función es «proteger el consentimiento» y «evitar meter la violencia e intimidación como elemento decisivo» en la ley.
Fuentes del Ministerio de Igualdad han insistido en que la ley del solo sí es sí está bien hecha y aseguran que nadie en el Gobierno esperaba las rebajas de penas tras su aprobación.
Estas mismas fuentes consideran que se ha dado poco margen para aplicar la norma, que amplía la horquilla de penas en función de la proporcionalidad, y señalan que una de las propuestas planteadas por el Ministerio consiste en tener en cuenta los agravantes para que los jueces no puedan hacer revisiones a la baja de las condenas.
El sector socialista del Gobierno elude la autocrítica
El Gobierno admite la «importancia» de asumir los «efectos indeseados» de la aplicación de la ley del sólo sí es sí, que busca corregir ahora mediante una serie de «ajustes» técnicos para que no se produzcan esas rebajas de penas.
“Es una buena ley. Es una ley que conquistamos las mujeres en la calle», ha defendido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que ha reconocido la «evidencia» de que hay una alarma en la calle, que el Ejecutivo, sostiene, comparte. «La mejor forma de defender esta ley es llevar a cabo los ajustes técnicos necesarios para evitar lo que está ocurriendo”.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido la tramitación de la ley, que ha considerado que fue «completa» al tiempo que se ha amparado en el año que la norma estuvo en tramitación parlamentaria: «Ninguno de los diputados que la apoyaron querían los efectos indeseados que ha tenido».
El ala socialista del Gobierno espera llegar a un acuerdo con el ala morada, y artífice del polémico texto legislativo. Unidas Podemos se ha mostrado convencido de que habrá acuerdo con el PSOE, aunque ponen el acento en la importancia de que el nuevo texto no vuelva al régimen del pasado y mantenga el consentimiento en el centro.
El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que están dispuestos a hacer algunos cambios en la escala de penas «para proteger el Gobierno de coalición».
Según Echenique, por Podemos no está en riesgo el Ejecutivo de coalición, pero ha puesto la pelota en el tejado de los socialistas la responsabilidad del futuro de esa unidad y, por eso, se avienen a introducir algunos cambios, aunque no compartan la idea de hacerlo porque, entre otras cosas, no tendrá efectos retroactivos sobre su aplicación.
Podemos rechaza de plano el planteamiento de Justicia que supone, desde su punto de vista, una vuelta al modelo anterior en el que se diferenciaba entre abuso y agresión. «Lo que hace Justicia es cambiar de nombre al abuso, que lo llama agresión sin violencia e intimidación, mientras que a la agresión la llama agresión con violencia e intimidación».
El efecto material -destacan desde Podemos- es que la víctima tendrá que probar que ha habido violencia e intimidación, lo que desemboca en un «calvario probatorio» para estas mujeres. Y, según Echenique, aunque el PSOE diga que con la propuesta de Justicia se protege el consentimiento, esta afirmación es para la formación morada «retórica». «Por mucho que alguien diga que se protege el consentimiento, si eso no está recogido en el texto que se presenta, no se está protegiendo el consentimiento.
La socios del Gobierno piden cambios
Socios parlamentarios del Gobierno como ERC, EH Bildu, PNV, Compromís y Más País son partidarios de hacer rectificaciones técnicas en la ley del solo sí es sí para evitar los efectos «indeseados» en la revisión de condenas a agresores sexuales, pero no apoyarán cambios si se toca el consentimiento.
Fuentes de ERC han recordado a EFE que siempre han manifestado su voluntad de «ayudar y ser parte de la solución» en el caso de que fuera «necesario mejorar la ley para evitar interpretaciones sesgadas de los jueces» pero subrayan que aunque es «una ley muy necesaria» debe «garantizarse el consentimiento» de la mujer y «proteger a las víctimas».
En la misma línea, fuentes de EH Bildu han indicado a EFE que las modificaciones legales que haga el Gobierno «deben de ir dirigidas únicamente a cambios jurídicos que eviten las interpretaciones de algunos jueces» y en su opinión deben «contar siempre con el visto bueno del Ministerio de Igualdad. Además, en EH Bildu han pedido mantener «intacto el núcleo de la norma», en referencia al consentimiento.
Más cauto, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha comentado que el actual «goteo de rebajas de condena no se va a parar por una modificación», pero ante la «inquietud social» generada se ha mostrado abierto a hacer cambios para tratar de evitar futuras revisiones a la baja. «Quizás deberíamos de manera puntual, técnicamente y desde el consenso proceder a una modificación», ha declarado en una rueda de prensa en el Congreso Esteban, que ha pedido al PSOE y a Unidas Podemos que lleguen a un acuerdo «dentro del Gobierno» y no a través de «los medios de comunicación».
En la misma línea, Compromís también apoya una «rectificación» de la norma para evitar los «efectos indeseados» que ha tenido, porque «no se pueden regalar argumentos a la derecha», aunque según ha expuesto su portavoz en el Congreso, Joan Baldoví, la reforma «no tiene que tocar el núcleo de la ley, que es el consentimiento».
La «rectificación técnica» de la ley la ha defendido también Más País y su portavoz Íñigo Errejón ha dicho que apoyaría una distinción de las condenas en función de si fue ejercida o no violencia.
