Ni siquiera pancartas

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El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señaló el martes que la preocupación por la independencia se ha desplomado desde la aplicación del artículo 155 en Catalunya. Sea por esta circunstancia o por las temperaturas cercanas a los valores negativos con las que amaneció este jueves Madrid, lo cierto es que el ambiente a las puertas del Tribunal Supremo, donde declararon Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn ante el juez Pablo Llarena, instructor de la causa por rebelión relacionada al ‘procés’, fue casi tan gélido como la climatología.

En anteriores ocasiones, incluso cuando la semana pasada el magistrado revisó la prisión de Oriol Junqueras, en plena Navidad, se acercó a las puertas del alto tribunal un ciudadano con una pancarta en contra de Jordi Pujol. Y a primeros de noviembre, cuando la Audiencia Nacional decretó prisión incondicional para los exconsellers –salvo para Santi Vila-, hubo incluso un ruidoso grupo de ultraderechistas, clamando contra los independentistas. Pero en esta ocasión ningún defensor a ultranza de la soberanía nacional se dejó ver por la corte. Tan solo un ciudadano despistado, al observar la veintena de cámaras de televisión y el medio centenar de periodistas y políticos congregados preguntó: “Qué se espera, que venga Rajoy”, pero ni los primeros, ocupados de informar a sus medios, ni los segundos, de declaración en declaración ante esas mismas empresas, le contestó.

La comitiva política de apoyo a los aún encarcelados llegó temprano, poco antes de que sobre las nueve y cuarto el primer furgón, que trasladó a Sánchez desde los calabozos de la Audiencia al Tribunal Supremo, hiciese aparición. Apenas se oyeron unos gritos de apoyo. Entre los congregados había dirigentes del PDECat, Junts per Catalunya, ERC y Demòcrates, que se fueron dispersando a medida que pasaban las horas y se iba filtrando que los acusados renegaban de la vía unilateral ante el juez.

En noviembre la comitiva aguantó hasta que hubo decisión de los magistrados (en la Audiencia y el Supremo con los miembros de la Mesa), pero en esta ocasión se intuía poco probable un pronunciamiento de Llarena, y además cunde el pesimismo después de que el Supremo mantuviera la semana pasada a Junqueras en la cárcel. Joan Tardà (ERC) puso voz a la desesperanza. “No deseamos otra cosa que equivocarnos, pero me temo que quieren convertir a los presos políticos en rehenes para amedrentar a sociedad”, sentenció. Un poco más optimista, Marta Pascal (PEDCat), quien figura en el último listado de imputados de Llarena, señaló que aún tiene “esperanza en que se imponga el sentido común” y se libere a los cuatro dirigentes catalanes porque “nadie entiende que estén en prisión por causas políticas”.

A vueltas con la investidura telemática

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, admitió que la situación de su representado, Jordi Cuixart, es “diferente”, dado que no ha concurrido, como Sánchez y Forn, el 21-D. Pero, a renglón seguido, lamentó desconocer si esta circunstancia le perjudica o le beneficia.  

Más allá de las posibles liberaciones, el foco estuvo en la eventual investidura telemática de Carles Puigdemont. Pascal defendió con más vehemencia la “posibilidad” de que sea elegido de nuevo President -si bien sin indicar de qué modo- mientras que Tardà tan solo avisó de que “agudizarán el ingenio” para que haya Govern independentista, si los letrados del Parlament rechazan una elección no presencial, pero sin precisar quién debe encabezarlo.