“No tiene sentido que mueran personas cuando hay fármacos para curarlas”

Las cifras invitan, como mínimo, a la reflexión. La OMS asegura que, aproximadamente, un tercio de la población mundial no tiene acceso a los medicamentos. Traducido en números, eso quiere decir que algo más de 2.000 millones de personas no pueden acceder a los fármacos que en principio necesitarían. La pregunta, en este sentido, es clara: ¿por qué? Y, sobre todo, ¿quién tiene la culpa?, si es que hay algún culpable.

Los principales responsables son muchas veces los gobiernos, que no potencian las políticas públicas adecuadas para promover el acceso a los medicamentos”, denuncia a La Vanguardia Judit Rius, responsable de la campaña de acceso a los fármacos en EE.UU. de Médicos Sin Fronteras (MSF). “Si a las farmacéuticas se les otorga un monopolio en forma de patentes en la fabricación y distribución de un fármaco, éstas tienen la capacidad de imponer el precio que quieran. Y eso es un problema”, añade.

Son muchas las voces que reclaman un cambio de modelo en el acceso a los fármacos Son muchas las voces que reclaman un cambio de modelo en el acceso a los fármacos (stock_colors / Getty)

Vanessa López, directora de la oenegé Salud por Derecho, apunta en una dirección similar. Entiende que “la responsabilidad última es de los estados, que han dejado al mercado la responsabilidad de definir hacia dónde tiene que dirigirse la investigación, qué medicamentos tienen que ser desarrollados y a qué precio”.

López subraya que una de las raíces del problema radica en la connivencia existente entre el legislador y el sector farmacéutico. “En un contexto en que la política está enfocada fundamentalmente a beneficiar los intereses de la industria y no al interés público, lo que ocurre es que las compañías enfocan sus investigaciones en aquellas enfermedades o productos donde tendrán una mayor rentabilidad económica”.

Los principales responsables son muchas veces los gobiernos, que no potencian las políticas públicas para promover el acceso a los medicamentos

Judit Rius

Responsable de la campaña de acceso a los fármacos en EE.UU. de MSF

Para otros actores, el dispar acceso a los medicamentos “es tan sólo un área donde se pone de manifiesto las desigualdades brutales existentes en la humanidad”, como apunta Joan Rovira, profesor emérito de Teoría Económica de la Univertistat de Barcelona, para quien, en ocasiones, “la falta de acceso a medicamentos no sólo se explica a través de la variable del precio”. “Hay lugares que no tienen ni siquiera un médico que pueda hacer un diagnóstico”, recuerda.

No obstante, este economista defiende que el modelo ideal no concuerda con el hecho de “dejar que sea la industria la que decida los tratamientos en los que trabajará en función del retorno económico que pueda tener”.

El sistema de patentes

Fue en 1995 cuando los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) acordaron, a través de un tratado internacional, establecer un sistema de patentes con el objetivo de incentivar la investigación. La empresa a la que se le otorga este tipo de licencia tiene la exclusividad en la explotación industrial y comercial del fármaco en cuestión durante un periodo de 20 años.

Pero lo que se creó, en un principio, con la idea de fomentar la innovación, se ha convertido para algunos en un auténtico obstáculo. “Una vez la farmacéutica tiene un buen producto y el monopolio del mercado, evidentemente intenta sacar todo el dinero que puede”, arguye Joan Rovira.

La patentes y los monopolios sanitarios, a debate La patentes y los monopolios sanitarios, a debate (opel_ru / Getty)

El acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) trataba de lograr, en palabras de la misma organización, “un equilibrio entre el objetivo social a largo plazo de ofrecer incentivos para las invenciones y creaciones futuras y el objetivo a corto plazo de permitir el uso de las invenciones y creaciones existentes”.

Las farmacéuticas justifican el alto precio de los medicamentos por el elevado coste que, dicen, conlleva la investigación y el desarrollo de un producto. Sin embargo, este hipotético dispendio es puesto en entredicho por algunas voces críticas. “No se sabe cuánto cuesta porque la industria protege esta información y no la hace pública. Hay una absoluta opacidad”, sentencia Judit Rius.

La industria enfoca sus investigaciones en aquellas enfermedades donde tendrá una mayor rentabilidad

Vanessa López

Directora de Salud por Derecho

La responsable de la campaña de acceso a los fármacos en EE.UU. de MSF esgrime que cuando consiguen obtener esta información, lo que descubren “es que hay una completa desvinculación entre los precios de los medicamentos y los costes de innovación y de fabricación”. “Los precios están dictados por la capacidad que la industria cree que el gobierno o el paciente a los que quieren vender el fármaco podrán pagar”, asevera.

En este sentido, Rius señala al Sovaldi, un medicamento para la hepatitis C producido por la farmacéutica norteamericana Gilead, como el caso paradigmático de este supuesto desfase entre el coste y el precio final de un fármaco. “Hay un grupo académico del Reino Unido que estimó su coste de fabricación, y concluyó que ascendía a unos 100 dólares por tratamiento. Nada que ver con el precio al que se vende en EE.UU., 84.000 dólares tratamiento/paciente”.

Hay lugares que no tienen ni siquiera un médico que pueda hacer un diagnóstico

Joan Rovira

Profesor emérito de Teoría Económica de la Univertistat de Barcelona

Entiende que su prohibitivo precio está “racionando el acceso a este medicamento”. “Las últimas cifras hechas públicas en 2016 por la OMS estiman que hay 80 millones de personas con hepatitis C en el mundo, de las que sólo un millón ha recibido este tratamiento”, remarca.

No hay cifras oficiales de lo que paga el Ministerio de Sanidad por un medicamento como el Sovaldi. Fuentes de este ministerio aseguran a esta redacción que todo se debe “a unos acuerdos de confidencialidad promovidos por la misma farmacéutica”.

Desde la industria, sin embargo, recuerdan que en el coste de un medicamento no sólo se incluye el gasto en innovación, producción y/o desarrollo. ”Muchas veces no se tiene en cuenta el coste de todos los fracasos que ha habido en el proceso”, esgrime Javier Urzay, subdirector general de Farmaindustria. “Hay que contemplar todo el portafolio de inversión de las compañías”, advierte, y añade que las compañías han de “poder generar ingresos para seguir investigando”.

Urzay recuerda “que sólo una de cada 10.000 moléculas que empiezan a ser investigadas llega a convertirse en un medicamento”, y es en este sentido que pone el acento en el “altísimo nivel de riesgo” con el que cuenta su sector el cual, asegura, “se financia básicamente con sus propios recursos”.

Hay una completa desvinculación entre los precios de los fármacos y los costes de innovación y fabricación

Judit Rius

Responsable de la campaña de acceso a los fármacos en EE.UU. de MSF

Con respecto al sistema de patentes, entiende que “es absolutamente imprescindible”, y defiende que de los 20 años que se otorgan de explotación exclusiva, “entre 10 y 12 se destinan al desarrollo del fármaco”, con lo que “la vida útil de la patente se queda en 8 o 10 años”. “A lo mejor hay que pensar en otro tipo de incentivos para lograr que haya más investigación, pero no estropeemos lo que funciona bien”, subraya, a la vez que afirma que “la industria sí publica lo que gasta en investigación”.

Sea como fuere, en los últimos tiempos han ido apareciendo voces que reclaman más transparencia en todos los sentidos. Sin ir más lejos, en la reciente asamblea que acaba de celebrar la OMS. En ella, el delegado permanente de Brasil en la ONU, Guilherme Patriota, presentó una proposición en la se pedía, entre otras cosas, que la industria revelara sus costes en la investigación y desarrollo de un producto.

Muchas voces recuerdan que gran parte de la investigación es pública Muchas voces recuerdan que gran parte de la investigación es pública (KatarzynaBialasiewicz / Getty)

Patriota entiende que la ciudadanía está legitimada a pedir a las farmacéuticas que muestren sus cuentas porque, a diferencia de lo que sostiene la industria, asegura que “más de la mitad de la cadena de inversión es pública”. Piensa que las compañías se benefician de la investigación inicial que proviene de “laboratorios estatales o universidades”. “Eso quiere decir que estamos pagando demasiadas veces por los mismos medicamentos: invertimos en investigación y volvemos a invertir cuando el sistema público de sanidad compra los fármacos”, agrega Vanessa López.

Para la directora de Salud por Derecho, el problema radica en que “los estados no acompañan de condicionantes a las inversiones”. López entiende que de la participación pública se podría conseguir, a posteriori, “un precio final del fármaco más asequible”, o que “las licencias no se hicieran de manera exclusiva y así se fomentara la competencia y se evitara el monopolio”.

Muchas veces no se tiene en cuenta el coste de todos los fracasos que ha habido en el proceso

Javier Urzay

Subdirector general de Farmaindustria

La reciente asamblea de la OMS no ha sido el único foro en la que se ha puesto encima de la mesa el debate del acceso a los medicamentos. Antes ya se había dado la voz de alarma desde la ONU. No en vano, a finales de 2016 se hicieron públicos los resultados del informe de un panel de expertos que tenía el encargo de analizar esta problemática. Y sus conclusiones no dejaron en muy buen lugar ni a los estados ni a la industria.

Entre otras cosas, el informe incidía en el terreno de la patentes, argumentando que “el imperativo” de respetarlas “podría, en ciertos casos, crear obstáculos para los objetivos de salud pública de los miembros de la OMC”. Y regañaba a los estados advirtiéndoles que muchos de ellos no habían utilizado “las flexibilidades previstas en los ADPIC” para combatir, en casos de necesidad, las patentes. En este sentido, los expertos aducían a “presiones políticas y económicas indebidas de estados y corporaciones, tanto expresas como tácitas”.

Un arma de doble filo

En el acuerdo internacional alcanzado en su día por los países de la OMC, al que hacían referencia los expertos de la ONU, hubo gobiernos, sobre todo de algunos países en vías de desarrollo, que viendo que habría un encarecimiento de los medicamentos fruto de la entrada en el mercado del sistema de patentes, negociaron tener algún tipo de protección. Y consiguieron que en el acuerdo final se incorporaran ciertas flexibilidades. Entre éstas, las licencias obligatorias, que permite la entrada en el mercado de un producto similar al fármaco protegido por un régimen de exclusividad.

La idea era poder contar con mecanismos, reconocidos por el derecho internacional, que los estados pudieran utilizar para promover la competencia a pesar de la existencia de una patente. Lo impulsaron países como Sudáfrica, Brasil, India o Tailandia. “La gran decepción es que, a pesar de que estas políticas están ahí, muy pocos gobiernos las están utilizando, porque la industria farmacéutica ha presionado para que no lo hagan, especialmente los gobiernos europeos”, lamenta Judit Rius.

Sólo una de cada 10.000 moléculas que empiezan a ser investigadas llega a convertirse en un medicamento

Javier Urzay

Subdirector general de Farmaindustria

“Nadie se atreve a decirle a la industria que ‘el 90% del I + D de este producto se pagó con dinero público y por ello ustedes no pueden venderlo a 100.000 dólares el tratamiento, cuando sabemos que vale 2.000’”, denuncia el economista Joan Rovira. “Las empresas son capaces de capturar al regulador haciendo de lobby”, agrega.

Eso lo sabe bien Judit Rius, quien se desplaza cada semana desde Nueva York a Washington para hablar con miembros del Congreso e intentar que éstos “hagan políticas que promuevan el acceso a los medicamentos”. “Pero por cada persona como yo, hay 50 que trabajan para la industria y que piden al gobierno norteamericano que proteja los monopolios”, lamenta.

El poder de las farmacéuticas y la influencia que tienen sobre los países El poder de las farmacéuticas y la influencia que tienen sobre los países (Oleksii Fedorenko / Getty)

Desde las compañías farmacéuticas, sin embargo, defienden que la implantación de licencias obligatorias fue diseñada sólo para casos extremos “ante la falta de capacidad que hubo en el pasado para que se pusieran de acuerdo algunas empresas y gobiernos”. Además, añaden que “un país que se significara por emitir este tipo de licencias” quedaría señalado como un territorio en el que “se rompe el statu quo de la propiedad intelectual”.

La picaresca

El informe del panel de expertos de la ONU, que se topó con la fuerte oposición, entre otros, del Gobierno norteamericano y obviamente de la industria, puso el acento en otras cuestiones, como en la idea de querer generar nuevas patentes sin que hubiera una innovación real tras ellas. En este sentido, apostó por “la modificación de las normas para disminuir el reverdecimiento de patentes” con el fin de concederlas “sólo cuando constituyan innovaciones genuinas”.

Precisamente, la oenegé Médicos del Mundo, junto a otras seis organizaciones, consiguió a finales de 2016 que la Oficina Europea de Patentes accediera a modificar parcialmente la patente sobre el Sovaldi (Sofosbuvir), de la farmacéutica Gilead, alegando que una de las dos moléculas que componen el fármaco no es tan innovadora como la otra. “Es la primera vez que organizaciones de la sociedad civil presentan una reclamación de este tipo y ganan”, destaca Elena Urdaneta, coordinadora general de Médicos del Mundo.

Estamos pagando demasiadas veces por los mismos medicamentos

Vanessa López

Directora de Salud por Derecho

La industria defiende que esta práctica, “que se había hecho en algunos casos puntuales”, es algo del pasado. “Ahora no existe prácticamente”, puntualiza Javier Urzay, quien explica que hace años “las farmacéuticas recibieron el mensaje por parte de los sistemas públicos de salud de que ya no les iban a financiar productos que no aportaran un valor terapéutico adicional”.

Crisis de los antibióticos

Algunas voces críticas con la industria advierten que la búsqueda de lucro como objetivo principal ha comportado que “se dejen de investigar enfermedades que afectan a los países más pobres, como la malaria, la tuberculosis o el Chagas”, apunta Vanessa López. Pero el problema va, incluso, un poco más allá. Y es que las compañías han dejado de lado también la investigación de algo tan crucial como son los antibióticos. “Desde hace unos años no se desarrollan de nuevos porque, por definición, son medicamentos finitos en el tiempo y normalmente son baratos”, lamenta.

El panel de expertos de la ONU ya efectuó una advertencia en este sentido. E hizo un vaticinio demoledor, apuntando que “los virus, bacterias, parásitos y hongos resistentes a los medicamentos podrían causar 10 millones de muertes por año en el mundo en 2050”.

A la búsqueda de un nuevo modelo de acceso a la innovación A la búsqueda de un nuevo modelo de acceso a la innovación (sprng23 / Getty)

En este sentido, la industria entiende que “en este terreno hay un problema de incentivos”. “Son medicamentos que están pensados para no ser vendidos, para ser reservados para las situaciones realmente graves, porque si se utilizan de manera recurrente es cuando aparecen las resistencias”, señala Urzay.

Y aquí es donde reclaman un cambio de estrategia. Por ejemplo, con la proliferación de iniciativas que ya están en marcha. “Hay un importante programa europeo que se llama IMI (Innovative Medicines Initiative), que forma parte del programa marco de I + D de la UE, en el que el 50% de fondos los aporta la industria y el otro 50% la UE”, arguye Urzay.

Nadie se atreve a decirle a la industria que el 90% de la I + D de un producto se paga con dinero público

Joan Rovira

Profesor emérito de Teoría Económica de la Univertistat de Barcelona

El subdirector general de Farmaindustria recuerda que iniciativas de este tipo pretenden “solucionar los cuellos de botella que hay en la investigación para que ésta sea más rápida, se reduzcan riesgos y pueda llegar a ser menos costosa”. Y reclama que se deje de ver a la industria como “el enemigo”, argumentando que su voluntad es la de colaborar con la administración “para facilitar el acceso a los medicamentos en un entorno sostenible que se pueda pagar”.

Asimismo, pone ejemplos de esta colaboración público-privada, como son los casos de riesgo compartido. “No sólo se negocia un determinado precio de un medicamento, también se estipula que si ese fármaco no produce los beneficios esperados en los pacientes, pues bien no se pague o se devuelva una parte”.

Las empresas son capaces de capturar al regulador haciendo de lobby

Joan Rovira

Profesor emérito de Teoría Económica de la Univertistat de Barcelona

Desde la Generalitat de Catalunya defienden este tipo de iniciativas en las que se paga por resultados. “Nosotros tenemos más de 20 riesgos compartidos en oncología con la industria. Pagas cuando el medicamento responde, y no pagas en aquellos enfermos a los que no les ha funcionado”, esgrime Josep Torrent-Farnell, director del Área del Medicamento del Institut Català de la Salut (ICS).

Otros planteamientos, como los que defiende, entre otros, el economista Joan Rovira, apuntan a la necesidad de que los países “hagan un fondo para la investigación”. “La idea sería pagar toda la innovación, como se hizo con el genoma humano, donde se consiguió en parte sacar esta investigación de la lógica del mercado”.

Un problema global

La problemática con los antibióticos, o con el difícil acceso a ciertos medicamentos por su elevado coste ha dejado de ser una cuestión que se circunscribe únicamente al llamado tercer mundo para convertirse en un problema global. Y a ojos de algunos, esta realidad hace que la solución al problema se vea, ahora, algo más viable. “Es muy importante que en los países desarrollados la problemática surja con fuerza, porque genera un consenso global, dejando de ser una cuestión norte-sur más”, afirma Guilherme Patriota.

Para Patriota, queda mucho camino por recorrer y muchos objetivos por alcanzar. Y es que entiende que hay mucho margen de maniobra en un sector en el que “el coste es muy bajo en comparación con lo que ganan los productores”. “Es el área económica en la que hay un retorno más alto respecto a la inversión”, remarca.

El delegado permanente de Brasil en la ONU ya ha empezado a detectar un cambio en el discurso, aunque es consciente que “los países que son grandes productores se resisten al debate multilateral”. “Confunden los intereses de sus grandes empresas con el interés nacional del país”, subraya. Pero empieza a ver, como reza el tópico, la luz al final del túnel. “Países como Portugal, Grecia y Holanda ya hablan más del problema de los costes y del acceso a los medicamentos”.

La industria ya no podrá imponer el modelo sola”, arguye el director del Área del Medicamento del ICS. “La Comisión Europea ya dice que muchos de los precios de la innovación son demasiado altos, atentan contra las sostenibilidad de todos los países y hace que las autoridades extremen el control en la prescripción de estos medicamentos, innovaciones se pagan a precios de Ferrari”, añade.

“En el siglo XXI no tiene sentido que mueran personas cuando hay fármacos disponibles para curarlas”, sentencia Elena Urdaneta, coordinadora general de Médicos del Mundo.

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