Los populares alertan de que «la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social».
El PP va a forzar, a través de mociones en ayuntamientos, parlamentos regionales y diputaciones, que los representantes del PSOE se posicionen en una votación no vinculante sobre la amnistía que pide el independentismo para investir como presidente a Pedro Sánchez.
En concreto, respecto a la moción contra la ley de amnistía, el texto del Partido Popular distingue entre la que se aprobó en 1977 “que era una demanda social y una necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura” franquista y la que el Gobierno pretende sacar adelante en las próximas semanas, “que atenta contra algunos principios básicos del Estado de derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica”.
“El precio de la presidencia sería no solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo”. “En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social”, señala el texto.
En su moción, el PP sostiene que durante el debate constitucional se rechazaron las enmiendas para que las Cortes pudieran amnistiar y por el contrario se aprobó el artículo 62 de la Carta Magna que prohíbe indultos generales, por lo que el perdón debe ser «individualizado y nunca con carácter general».
Argumentan además que en una «democracia consolidada» el poder judicial tiene la «exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado» y ni «el legislador ni el poder ejecutivo puede arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano». Recuerdan además que en 2021 los letrados del Congreso se opusieron a tramitar una proposición de ley que pedía la amnistía y que ne el pasado tanto Pedro Sánchez como algunos de sus ministros afirmaban que esta medida es inconstitucional.
Con sus mociones, el PP busca también que los concejales y diputados regionales voten además «animar» a los dos «partidos mayoritarios», PP y PSOE, a «buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida al chantaje de los independentistas o abocada a una repetición electoral».
Estas mociones, cuyo resultado el PP propone trasladar a la Presidencia del Gobierno, a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado o a la FEMP, defienden además el «imperio de la ley» y destaca que España es una nación de «ciudadanos libres e iguales».
El PP buscará además que los representantes públicos expresen su rechazo a «cualquier proyecto que trate de romper la igualdad o de reconocer privilegios a ciudadanos o territorios en cualquier parte de España y que atente a lo dispuesto por la Constitución española».
El texto en favor de la igualdad entre españoles urge además a renovar el modelo de financiación autonómica rechazando «cualquier privilegio unilateral al margen del acuerdo entre todas las comunidades autónomas» y a garantizar la financiación de ayuntamientos, diputaciones, consells y cabildos.
Y aboga por un «gran acuerdo nacional» sobre «regeneración institucional, el Estado de Bienestar, los fundamentos de nuestra economía, un pacto por las familias, un pacto por el agua y un pacto territorial», es decir, los seis pactos de estado que Alberto Núñez Feijóo ofreció al líder del PSOE, Pedro Sánchez, y al resto de fuerzas políticas ante su investidura.
