Operación anticorrupción en Gerona por el fraude en la adjudicación del suministro de agua cuando Puigdemont era alcalde

En la imagen, el presidente de la Generalitat, el independentista Carles Puigdemont

En la imagen, el presidente de la Generalitat, el independentista Carles Puigdemont

La Guardia Civil registra desde las 9:20 horas de esta mañana la sede de AGISSA, la compañía municipal de aguas de Gerona, en una operación relacionada con un presunto fraude en la adjudicación del suministro de agua en esta ciudad en una etapa en la que era alcalde Carles Puigdemont, según fuentes próximas a la investigación.

Está previsto que dentro de la denominada “Operación Aquarium” se efectúen hoy una quincena de registros a la búsqueda de documentación relacionada con el caso, si bien no se prevé que se practiquen detenciones, según han informado a Efe las fuentes.

Además de en Gerona, los registros se están llevando a cabo en las poblaciones de Fornells de la Selva, Bescanó y Navata.

El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Gerona, que ha ordenado los registros y ha decretado el secreto del sumario, y deriva de la causa conocida como del 3 por ciento. Hay que recordar que la causa se abrió hace más de un año a partir de una denuncia de la CUP contra el que era consejero delegado de la empresa mixta Aigües de Gerona, Salt i Sarri de Ter (Agissa) Narcís Piferrer, por un presunto delito de apropiación indebida.

Las investigaciones giran en torno a diversas actividades presuntamente ilícitas, entre las que se encuentran delitos de fraude y administración desleal en la gestión de la adjudicación del suministro de aguas por parte de la compañía Aguas de Girona, Salt y Sarrià de Ter (AGISSA).

Entre otras irregularidades se investiga la última renovación del contrato de suministro del agua, en 2013, cuando Carles Puigdemont era alcalde de Gerona, según indicaron a Efe las fuentes.

Los agentes de la Guardia Civil llegados en seis vehículos continuaban a media mañana con el registro en la sede de AGISSA de Gerona, en un edificio que alberga también la Agencia Catalana del Agua.

En plena escalada soberanista en la recta final hacia el 1-O, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, mira de reojo al Juzgado de Instrucción número 2 de Gerona, en el que se investigan presuntos sobrecostes, a través de la empresa que gestionaba el servicio, durante el periodo de Puigdemont como alcalde (desde mediados de 2011 hasta enero de 2016, cuando dio el salto a la Presidencia de la Generalitat). Una derivación del «caso del 3%» que afecta de lleno al periplo como regidor del ahora president y en el que la Fiscalía Anticorrupción advierte indicios de financiación irregular en Convergència.

Y es que la Guardia Civil investiga desde hace meses las supuestas irregularidades en la gestión del servicio de abastecimiento de agua en Gerona cuando Carles Puigdemont era alcalde del municipio. La investigación que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número dos de la capital gerundense, Manuel Marcelo, intenta esclarecer si los sobrecostes sobre los que alertó el pasado marzo en un informe la Agencia Tributaria sirvieron para desviar comisiones a las arcas de la extinta Convergència.

El magistrado instruye desde hace más de un año una causa sobre el presunto fraude en la prestación de ese servicio por parte de Agissa (Aigües de Girona, Salt i Sarrià), una empresa de capital mixto creada en 1992 en la que el 20 por ciento pertenece a esos tres consistorios y el 80% restante está en manos privadas (Girona S. A.). Pero el pasado mes de agosto el instructor incorporó al procedimiento las diligencias practicadas por el juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga la «trama del 3%» en relación precisamente a Agissa. Josep Bosch se inhibió de esa parte de la causa, que envió su compañero de Gerona, al constatar que éste ya tenía abierta una investigación sobre las supuestas irregularidades en la gestión municipal del agua en Gerona en la que, entre otros, están imputados por apropiación indebida el ex consejero de Agissa Narcís Piferrer y a su sucesor en el cargo, Xavier Ballell.

En el informe citado, la Agencia Tributaria vinculaba a la sociedad mixta bajo sospecha con empresas implicadas en la «trama del 3%» de presunta financiación irregular de CDC. La investigación se centra ahora, por tanto, en determinar si Agissa fue otro de los mecanismos utilizados por Convergència para financiarse al margen de la ley.

La denuncia inicial partió de la CUP, que se querelló contra cuatro directivos de la concesionaria por perjudicar presuntamente los intereses municipales en detrimento de Girona S. A. Ahora, sin embargo, el rumbo de la instrucción apunta también a la supuesta financiación electoral irregular de Convergència.

Falta de control

La Agencia Tributaria puso el foco en el reparto de dividendos a partir del año 1998. A partir de esa fecha, el reparto de ingresos entre los socios se efectuó al margen de los gastos de gestión del servicio, lo que según Hacienda precipitó a la sociedad municipal hacia la descapitalización. Los responsables municipales, según el informe que puso en guardia al juez de El Vendrell, estaban al tanto de la situación y no habrían ejercido el control debido.

Los técnicos de Hacienda señalaban también un supuesto falseamiento de las cuentas de Agissa con el único objetivo de beneficiar a su socio privado en detrimento de los intereses municipales.

La Agencia Tributaria cuestiona igualmente que, ya con Puigdemont de alcalde, el Ayuntamiento de Gerona decidiese en 2013 renovar la concesión a Agissa sin analizar de forma exhaustiva las inversiones realizadas por la sociedad mixta en la red de abastecimiento de agua ni comprometer futuras inversiones para mejorar la prestación del servicio de abastecimiento.

No es ésta, sin embargo, la única investigación judicial que puede terminar salpicando a Puigdemont. Las adjudicaciones a la consultora Efial (113.00 euros entre 2012 y 2013, cuando era regidor) también afectan a su gestión como alcalde de Gerona. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell investiga en este caso una supuesta trama de corrupción que habría beneficiado a la citada empresa con la adjudicación de contratos de asesoría. En julio del pasado año, la Guardia Civil se personó en el Ayuntamiento de Gerona, además de en otra veintena de consistorios, para requerir documentación.

A Puigdemont la Guardia Civil también lo vincula con un empresario de la «trama del 3%», Josep Manel Bassols, delegado en Cataluña de Oproler, una de las empresas que supuestamente pagaron comisiones a CDC a cambio de adjudicaciones. Bassols estableció «contacto con varios cargos institucionales con influencia política», entre ellos el entonces alcalde, para conseguir contratos.

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