Operación contra la corrupción en contrataciones de la DGP y de la DGT

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha destapado una organización criminal en el seno de su propio cuerpo, con varios funcionarios implicados, por amañar diversos contratos, como servicios de cafetería, confección de uniformes, obras o material a cambio de comisiones ilegales y prebendas de distinta índole.

La operación desarrollada por Asuntos Internos y la Fiscalía Anticorrupción, y tutelada por el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid se ha saldado con una docena de detenciones, entre ellos varios responsables policiales de la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía, así como de la Dirección General de Tráfico, según ha podido saber La Vanguardia de fuentes de la investigación.

Durante la operación se han producido entradas y registro en diversos complejos policiales de Madrid, en busca de los contratos investigados.

La DAO inició la investigación

Esta investigación se inició por orden la Dirección General Operativa (DAO) tras tener conocimiento de que desde hace más de una década una serie de responsables policiales han aprovechado su posición en mesas de contratación para adjudicar irregularmente contratos y lucrarse personalmente de ello.

La investigación gira en torno a los delitos de organización criminal, delitos de corrupción o blanqueo de capitales presuntamente cometidos por funcionarios públicos adscritos a la Dirección General de la Policía y la Dirección General de Tráfico con responsabilidades en la contratación pública, así como por los empresarios que habrían pagado comisiones ilícitas a cambio de adjudicaciones públicas como por ejemplo el servicio de cafetería y comedores de los principales complejos policiales.

Operación ‘Grapa’

En la llamada operación Grapa , que es objeto de las Diligencias Previas referenciadas, se ha investigado a un conjunto de personas (unos funcionarios públicos y otros empresarios), que están relacionadas con el amaño de concursos públicos, tanto en la Dirección General de la Policía, como de la Dirección General de Tráfico; así, los funcionarios públicos se habrían estado beneficiando económicamente de forma ilícita a cambio de favorecer la adjudicación de contratos públicos a determinadas empresas privadas.

Según una nota de la Fiscalía Anticorrupción, los hechos investigados son susceptibles de ser calificados como delitos de organización criminal, de fraude a las Administraciones Públicas, de prevaricación, de cohecho, de malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública, y continuado de blanqueo de capitales.

Medidas cautelares

El Juzgado de Instrucción nº 50 de Madrid ha autorizado un total de 22 registros domiciliarios y de entidades sociales en los partidos judiciales de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Móstoles, Navalcarnero, Ávila, Arenas de San Pedro y Guadalajara.

Igualmente, por la Fiscalía Anticorrupción se ha solicitado la adopción de medidas cautelares, consistentes en el bloqueo de cuentas bancarias, embargo de 13 vehículos (la mayoría de alta gama), así como la anotación preventiva de embargo y prohibición de disponer de un total de seis inmuebles.

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