Operación de la Guardia Civil por el desvío de fondos en Aigües de Girona en la etapa de Puigdemont

El titular del juzgado número dos de Girona, Manuel Marcello, y el fiscal anticorrupción han entregado esta mañana sendos requerimientos al ayuntamiento de Girona y a la compañía Aigües de Girona, Salt i Sarrià (Agissa) a fin de recabar documentación sobre el suministro de agua en estos tres municipios. La acción se enmarca en la denuncia que en el 2015 presentó el grupo municipal de la CUP ante la Fiscalía de Girona. La denuncia, liderada por el concejal Lluc Salellas, plantea que en los últimos años se habría redirigido recursos públicos en beneficio privado. En total, la cifra “distraída” supera los quince millones de euros, una cantidad que, según los investigadores, habrían revertido en el recibo del agua de los vecinos de Girona.









En julio pasado, el mismo fiscal anticorrupción que dirige junto al juez de El Vendrell, Josep Bosch, la presunta financiación irregular de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya, asumió la dirección de la investigación sobre Agissa. ¿Cómo se pasó de El Vendrell a Girona? A través de la consultora Efial, acusada de hacer informes a medida para justificar determinadas concesiones a consistorios regidos por CDC. En el 2012, el entonces alcalde de Girona y actual president de la Generalitat, Carles Puigdemont, encargó una auditoria sobre la gestión del agua a Efial. En ese momento se iba a realizar una renovación del contrato de gestión. En la investigación sobre el 3% en El Vendrell, la Guardia Civil entró en las dependencias de Efial y entre los diferentes contratos con administraciones convergentes, revisó el trabajo sobre la gestión de las aguas de Girona. El fiscal anticorrupción fue más allá de ese contrato y al descubrir que ya había una investigación abierta en el juzgado número dos de Girona y que tutelaba la fiscalía provincial, acabó asumiendo la dirección de la causa.


Acusados de haber enriquecido al socio privado de la sociedad, Girona SA, en detrimento de la parte pública

El caso se instruye contra el exconsejero delegado Narcís Piferrar, y el actual consejero delegado, Xavier Ballell, que antes ocupó el cargo de director técnico, por un presunto delito de apropiación indebida ya que les acusan de haber enriquecido al socio privado de la sociedad, Girona SA, en detrimento de la parte pública. En las últimas semanas también han sido imputados los exconcejales socialistas Manuel Serra y Tomàs Sobrequés, el abogado Lluís Sibils y el empresario Joan de Llobet.

La personación de la fiscalía anticorrupción en el proceso se produce a raíz de un informe de la Agencia Tributaria, que señala que una de las firmas socias de Agissa, Girona SA, habría emitido facturas falsas a la matriz, a fin de cobrar gastos inexistentes que podrán superar los quince millones de euros.










El informe de la Agencia Tributaria cita pagos relacionados con entradas de Cap Roig, lotes de jamones o botellas de vino

El citado informe de la Agencia Tributaria recela también de pagos de Girona SA entre 2010 y 2015 a las compañías AMR Publicitat, por importes superiores a los 20.000 euros fundamentalmente por la compra de lotes de Navidad, y Concerts Estudios, por la adquisición de centenares de entradas del festival de Cap Roig. En el mismo sentido, se cita compras de centenares de botellas de vino, de jamones y abonos en supermercados; así como salidas de fondos con destino desconocido.

En el informe se asegura que Girona SA facturaba cada año 400.000 euros por servicios de dirección que no se realizaron. “Los importes facturados por Girona SA a Agissa por el importe de 400.000 euros son absolutamente desorbitados y no se corresponden a la prestación de ningún tipo de servicio”, asegura el informe de la Agencia Tributaria. Y asegura que de todos esos servicios sólo se han podido acreditar trabajos por valor de 100.000 euros.

Tanto los imputados como su letrado, Carles Monguilod, siempre han asegurado que las acusaciones son falsas, que nunca se realizó ningún hecho delictivo y que la Agencia Tributaria, “ha malinterpretó los números” en su informe.









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