El ministro de Economía del gobierno socialista del Perú, Pedro Francke, ha insistido este miércoles en que nacionalizar el gas de los yacimientos de Camisea supone poner este sector «al servicio» de toda la población, una semana después de que dicho gobierno haya presentado una resolución para hacerlo llegar a todas las partes del país.
Nacionalizar el gas «significa ponerlo al servicio de los peruanos y en particular de nuestros compatriotas del sur», ha explicado Francke en Twitter, y ha insistido en que «no significa de ninguna manera estatizar la actividad privada». «La masificación del gas para beneficio de todos los peruanos es nuestro compromiso», ha agregado.
Las palabras del ministro de Economía tratan de hacer manejo de daños. El mismo al que ha apuntado una declaración anterior del presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, quien paradójicamente ha dicho que el Gobierno «es y será respetuoso con la libertad de empresa».
«El gasoducto que llevará el gas al sur del país es nuestra prioridad, así como su masificación en beneficio de todos los peruanos. Ese es nuestro compromiso asumido con el pueblo y lo cumpliremos», ha enfatizado Castillo después de la polémica que surgió esta semana cuando pidió al Congreso «estatizar» el sector.
Aquellas palabras de Castillo tuvieron lugar este lunes durante su visita a la ciudad de Bagua, en el norte de Perú, en donde recalcó la necesidad de intervenir en los yacimientos de gas de Camisea, no solo los más importantes del país, sino también de todo el continente americano.
Aquellas palabras del presidente Castillo no sentaron del todo bien en el seno del Gobierno socialista, en un momento en el que la primera ministra, Mirtha Vásquez, y su gabinete tienen que hacer frente en el Congreso a una moción de confianza el próximo 4 de noviembre.
La cuestión del gas de Camisea es uno de los puntos más controvertidos en el nuevo Gobierno de Castillo, y que ya ha costado la renuncia del anterior primer ministro, Guido Bellido, quien durante su efímero tiempo al frente del gabinete amenazó en varias ocasiones con nacionalizar estos yacimientos.
El yacimiento de Camisea, situado en el sur del país, es explotado desde el año 2000 por la compañía transnacional Pluspetrol.
