La mayoría izquierdista de magistrados del Tribunal Constitucional avalará previsiblemente la Ley de amnistía del 1-O presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez a cambio del apoyo de Junts y ERC en su investidura.
Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital muestran «su pesimismo ante la posibilidad de que la Ley de amnistía pudiera ser tumbada en el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido. El partido está perdido antes de empezar cuando se sabe que el árbitro es Negreira», en alusión al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.
Conde-Pumpido se ha convertido en juez y parte de la Ley de amnistía colaborando directamente en su elaboración con el Gobierno de Sánchez a través del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. La consigna dada en la mesa negociadora fue clara: «El texto no podía correr ningún riesgo en el Tribunal Constitucional«. Por ello, el texto definitivo se retrasó durante más de dos semanas ante la falta del visto bueno final del presidente del TC.
Las mismas fuentes consultadas por LD «sostienen que la única incógnita en la resolución futura sobre la Ley de amnistía cuando sea recurrida por el PP ante el TC, será si el resultado de la votación es 7 a 4 como es habitual, gracias a la mayoría izquierdista del tribunal frente la conservadora. Concretamente, la duda es si el magistrado izquierdista y exministro de Justicia del PSOE Juan Carlos Campo y el propio Conde-Pumpido se ven obligados a tener que abstenerse finalmente en la deliberación».
Tal y como publicó este diario, Conde-Pumpido debe abstenerse en todas las causas que lleguen al Constitucional relacionadas con el 1-O, incluida la Ley de la amnistía. De hecho, decidió apartarse de los recursos sobre el golpe en abril de 2021 después de que LD desvelase una intervención en el Congreso en noviembre de 2017, en la que se refirió implícitamente a los delitos de sedición o malversación cometidos por los golpistas. Sin embargo, el presidente del TC ya ha comunicado al resto de magistrados izquierdistas que no piensa abstenerse.
Por su parte, el magistrado Campo también tendría que apartarse de la liberación, ya que era el ministro de Justicia en el Ejecutivo de Sánchez cuando se concedieron los indultos a los golpistas. Además, el propio Campo se opuso en 2019 a que el Gobierno del que formaba parte se planteara conceder esta medida de gracia a los líderes golpistas al estar fuera de la Constitución. «La amnistía no cabe», aseguró entonces Campo.
Cabe destacar que tanto Junts, el partido del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont, como ERC, la formación de Pere Aragonés, aceptaron retrasar la presentación de la Ley de amnistía hasta que Cándido Conde-Pumpido diese el visto bueno final, ya que eran sabedores de que así pasaría sin problemas el filtro del Tribunal Constitucional.
Recordamos que el propio Pedro Sánchez desataba la polémica hace una semanas al asegurar que los acuerdos que el PSOE alcance para conseguir su investidura «serán validados» por el Tribunal Constitucional con «plena normalidad democrática». Es decir, Sánchez anticipaba el veredicto del tribunal que preside Conde-Pumpido.
La «amnistía universal» de Sánchez
Expertos jurídicos consultados por este diario destacan «la naturaleza universal de la Ley de la amnistía ya que abarca no solo la organización, celebración de la consulta y el referéndum ilegal del 1-O de octubre, sino también otros posibles ilícitos que supuestamente guardan una conexión con los mismos. El objetivo es la extinción definitiva de las penas y tiene efecto sobre los actos tipificados como delito en el ámbito penal o determinantes de responsabilidad administrativa o contable».
Las mismas fuentes consultadas por LD señalan que «existe un esfuerzo claro del legislador por evitar el efecto suspensivo de la Ley de amnistía a través de la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad por parte de los tribunales responsables de causas relacionadas con el 1-O».
