Podemos propone una ley para que las administraciones, y no los jueces, puedan cerrar los medios informativos que “ofendan” a los gays

Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Irene Montero, Íñigo Errejón y Rafa Mayoral, en una foto de archivo

Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Irene Montero, Íñigo Errejón y Rafa Mayoral, en una foto de archivo

Podemos ha presentado en el Congreso una proposición de ley que atenta directamente contra el artículo 20 de la Constitución -que consagra la libertad de expresión- al dejar en manos de funcionarios -y no del juez- la decisión de imponer sanciones e incluso de cerrar medios de comunicación por delitos de opinión, informa Infocatólica.

Un simple meme, un chiste en twitter, una columna de opinión, puede estar bajo la lupa censora de un organismo de nombre orwelliano «Agencia Estatal contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales».

El artículo 94 de la propuesta de ley, redactada por Podemos en colaboración con grupos LGTB, establecen faltas administrativas que elevan el sentimiento de ofensa a la categoría de prueba, y dan a las administraciones, y no a los jueces, la potestad de castigar a quien haya dicho algo ofensivo para los gays.

El pretexto: La discriminación contra los LGTB

El pretexto ha sido la discriminación contra los LGTB. Cuando las infracciones por discriminación por orientación sexual ya están previstas en el Código Penal, de suerte que quien la sufra puede acudir a los tribunales y denunciarla. Es decir, los derechos de los LGTB ya están garantizados, sin que sea necesarias otras normas específicas.

La ley censora de Podemos no ha salido de la nada. El partido de Iglesias se ha inspirado en normas autonómicas análogas que ponían en jaque la libertad de expresión, con graves sanciones, como la impulsada por Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid.

La proposición de Podemos considera una infracción grave «difundir en Internet o en las redes cualquier tipo de expresiones, imágenes o contenidos que sean ofensivas o vejatorias por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familias»

Y el texto contempla castigos que pueden llegar a los 45.000 euros así como el cierre del medio en el caso de que la Agencia Estatal contra la discriminación considerara ilícita una opinión.

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