El estado de salud de la coalición gubernamental viaja en un borrador. Un documento que va del Ministerio de Justicia al de Igualdad pasando por la Moncloa. Cada uno hace sus apreciaciones, sugerencias y vuelta a empezar.
Así se resume estos últimos días. Pedro Sánchez ha puesto como límite esta semana para «solucionar los desajustes técnicos de la ley» del «sí es sí» o lo que es lo mismo: evitar que siga el goteo de casos tras más de 360 rebajas de penas. Según fuentes próximas al presidente, el mismo «ha asumido la negociación».
«En la cuadratura del círculo somos especialistas», repiten en su entorno donde rechazan un ultimátum aunque otros barajan el viernes como el día idóneo para presentar la Proposición de Ley que, dicen, se hará «con rigor técnico» y con o sin Podemos.
A vueltas con la violencia e intimidación
La otra persona clave es la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ha liberado su agenda para centrarse en las negociaciones, ni estuvo el martes en la entrega de despachos a los nuevos jueces , ni ha viajado a Rabat con los once ministros pese a que su presencia estaba anunciada.
En su ministerio ya llevan varios borradores. En los últimos, aseguran que se han «adecuando las penas a la gravedad de las conductas». En una de las propuestas, que fue filtrada, se pedía «volver a penas de entre 1 y 5 años cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima».
Unos términos que molestar a sus socios de Gobierno. Igualdad no quiere que aparezcan «violencia e intimidación» ya que consideran que supone «un calvario probatorio«. La propia Irene Montero salía en la noche del miércoles en Telecinco para lanzar un mensaje:» que mantengamos que es agresión sexual cualquier acto sin consentimiento. Que dejemos de preguntar a las preguntar si tienen marcas en su cuerpo, si gritaron»
En el entorno de Igualdad siguen defendiendo su ley porque, dicen, «se ha dado muy poco margen de aplicación», pese a que en cuatro meses ya hay más de 360 rebajas a violadores. Pese a todo, «no se cierran al «acuerdo» pero siguen culpando a los jueces por no mirar «la interpretación del legislador».
