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Por la libertad de los presos políticos y hasta la constitución de la República catalana, por imperativo legal, sí prometo»

El Congreso de los Diputados volvió ayer a ser testigo de las soflamas independentistas. El que se convierte en el Hemiciclo más atomizado de la historia democrática, se vio envuelto en un debate bronco, en cuanto a las coletillas que Sus Señorías utilizaban para jurar o prometer la Constitución. Los líderes del procés –diputados electos en la pasada Legislatura– estuvieron presentes en toda la sesión, a pesar de encontrarse en prisión y no haber resultado ser diputados electos. Era la diputada de menor edad de la Cámara, Marta Rosiqué, por ERC –con una camiseta negra en la que lucía la palabra independencia– la que arengó en primera instancia el acto de constitución de las Cortes. Al pasar lista de los Diputados desde el atril citó a los dirigentes independentistas encarcelados Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn y Jordi Sànchez, que en la anterior Legislatura acudieron a la jura.

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A pesar de las exigencias iniciales del PP para que la presidenta del Congreso Meritxell Batet frenara las coletillas que podrían entrar en contradicción con la Ley, el arranque de la Legislatura estuvo marcado por ellas. En el centro de la polémica se situaron las «promesas» de los partidos independentistas. Los 13 diputados de ERC prometieron «por la libertad de los presos políticos y hasta la constitución de la república catalana, por imperativo legal». Mientras que los ocho de JxCAT, lo hicieron por «lealtad al mandato democrático del 1 de octubre, por fidelidad al pueblo catalán, por la libertad de los presos y por imperativo legal». Los dos diputados de la CUP también alentaron con proclamas independentistas: «Por imperativo legal prometo, en lealtad primera y última a nuestro pueblo». El partido abertzale, EH Bildu, pronunció su acatamiento «por imperativo legal hasta la creación de la República Vasca» y «por imperativo legal, hasta lograr una Navarra soberana y una Euskal Herria libre». El PNV lo hacía por «imperativo legal».

Dentro del bloque constitucionalista, PSOE, PP y Cs se limitaron –como es tradición democrática– a jurar o prometer, sin coletillas. «Sí, juro» o «sí, prometo», repetían un total de 221 diputados. Los 52 de Vox, como en mayo del año pasado utilizaron el ya famoso «por España, sí, juro». Desde Unidas Podemos, la tónica general fue también el ya conocido «por la democracia y los derechos sociales», y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz del grupo Irene Montero se limitaron a prometer. En el caso del nuevo secretario de la Mesa, Gerardo Pisarello, aludió en su juramento a «las trece rosas». Destacó el diputado de En Comú, que lo hizo «por un país donde el amor gane al odio». Dentro de los partidos regionalistas, Tomás Guitarte, de Teruel Existe, lo hacía para «exigir el equilibrio territorial recogido en los artículos 138 y 139 y evitar que tengamos una España vaciada, y una desarrollada, sí prometo», acatamiento similar al que también se acogió el diputado cántabro, José María Mazón. Néstor Rego, del BNG, prometió por imperativo legal y con el compromiso de «defender Galiza».

Si bien, no se vivieron los abucheos, golpes en la mesa de los diputados que reprobaban las soflamas independentistas, tanto los líderes de PP, Cs y Vox acusaron hasta «medio centenar» de acatamientos no válidos que, aseguraron, serán recurridos en amparo ante el Tribunal Constitucional. «Usted no debería haber dicho que todos han adquirido la condición plena de diputados», replicó Pablo Casado a Batet. Inés Arrimadas aseguró que los juramentos prestados por los parlamentarios secesionistas no se ajustan a la fórmula «sin reservas» exigida por el TC. Por su parte, Santiago Abascal criticó que «no solo no han jurado la Constitución, sino que han hecho un acto de conjura contra la Constitución». Meritxell, zanjaba la sesión leyendo resoluciones judiciales y de la Junta Electoral Central y defendiendo la necesidad de interpretar la ley de manera «integradora». Se aferró al Reglamento para avisar de que sobre las decisiones de la Mesa del Congreso no cabe debate alguno.