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Pozoblanco, la otra causa por la que serán juzgados 4 miembros de “La Manada”

Cuatro miembros de La Manada siguen a la espera de juicio por los presuntos abusos sexuales cometidos sobre una joven en mayo de 2016 en la localidad cordobesa de Pozoblanco y por los que el Ministerio de Fiscal ha solicitado penas que suman siete años de prisión para cada uno de ellos.

Fuentes judiciales han expuesto a Efe que la causa está concluida y a la espera del señalamiento del juicio oral que deberá celebrarse «previsiblemente» antes de acabar el año, aunque los tiempos «son los que son».

En su escrito de acusación, el fiscal imputa los delitos de abuso sexual y de atentar contra la intimidad de la mujer a Alfonso Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero, que acudieron en la noche del 1 de mayo de 2016 a la feria de la localidad de Torrecampo (Córdoba) y en una caseta coincidieron con la víctima, que estaba en compañía de unos amigos.

Durante la noche, los acusados y la víctima entablaron conversación y, cuando cerró la caseta, sobre las 7.15 horas, Alfonso Jesús Cabezuelo se ofreció a llevar a la joven en coche a Pozoblanco, donde vive.

Según el fiscal, al coche se subieron Antonio Manuel Guerrero y José Ángel Prenda en los asientos delanteros y los otros dos acusados con la joven en los traseros.

La joven, prosigue el relato, «cayó en un estado de profunda inconsciencia», sin que se haya podido determinar si fue debido al alcohol que ingirió o a que le dieron alguna otra sustancia estupefaciente, hasta el punto de no recordar lo sucedido.

En el coche todos los acusados comenzaron a realizarle «diversos tocamientos de carácter sexual», y José Ángel Prenda, con el «concierto previo de todos ellos», grabó todo lo sucedido con el teléfono móvil propiedad de Antonio Manuel Guerrero «sin conocimiento ni consentimiento de la perjudicada».

Esas imágenes fueron enviadas, con el «ánimo de vejar y vulnerar la intimidad» de la joven, sobre las 7.45 horas desde el móvil de Antonio Manuel Guerrero al chat llamado «La Manada», en el que participaban los cuatro acusados y otras tres personas más.

Poco después, desde el móvil de José Ángel Prenda, se envía el mismo archivo de vídeo al chat «El Peligro», en el que estaban una veintena de personas.

Una vez en Pozoblanco, tres de los acusados se bajaron del vehículo, mientras que Alfonso Jesús Cabezuelo, junto con la joven, continuó la marcha hasta llegar a un lugar no determinado.

Allí, el acusado detuvo el vehículo y, dado que la chica ya había despertado, le dijo que «le hiciese una felación», a lo que ella se negó, por lo que Cabezuelo la golpeó en la cara, en el brazo y la empujó para que saliese del coche.

En septiembre de 2016, esos archivos de vídeo salieron a la luz fruto de una investigación que se estaba desarrollando en Pamplona por la agresión sexual de los miembros de La Manada a una joven durante los Sanfermines.

Fue entonces cuando la víctima de Pozoblanco tuvo conocimiento de los mismos, lo que le provocó «estrés postraumático».

El fiscal pide tres años de prisión para cada uno de los cuatro acusados al considerarlos autores de un delito de abusos sexuales, así como otros cuatro años como supuestos autores de un delito contra la intimidad.

Además, para Alfonso Jesús Cabezuelo el fiscal pide dos meses de multa a razón de 12 euros día al considerarlo autor de un delito leve de lesiones.

“La Manada”, con preso de apoyo a la espera de que los técnicos de Sevilla I les asignen módulo

Los cinco miembros de ‘La Manada’ detenidos el pasado viernes tras el fallo del Tribunal Supremo se encuentran desde entonces en el módulo de ingresos de la prisión Sevilla I, a la espera de los informes preceptivos para que se les asigne módulo, según han informado a Europa Press fuentes penitenciarias. Los 5 miembros cuentan cada uno de ellos con un preso de apoyo en estos primeros días para evitar conflictos dentro de la prisión. Se trata de un recurso penitenciario preventivo de uso habitual en casos mediáticos.

El equipo multidisciplinar compuesto por expertos como un psicólogo, un médico y un educador social se encontraba este lunes en la prisión entrevistando a cada uno de los integrantes del grupo. Instituciones Penitenciarias tiene un plazo de dos meses para la clasificación de grado de los internos. En la decisión se tiene en cuenta el informe que emita el equipo de técnicos de la cárcel, pero será con la clasificación de grado de la Junta de Tratamiento cuando se fijará de forma definitiva el módulo y la prisión, así como el tratamiento individualizado.

Las citadas fuentes han añadido que tanto Alfonso Jesús Cabezuelo como Antonio Manuel Guerrero podrían ingresar de forma definitiva en un módulo especial para miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como medida complementaria para garantizar su seguridad. El primero de ellos es militar y ya ha sido expulsado de las Fuerzas Armadas, mientras que el segundo perderá su condición de guardia civil –actualmente está suspendido de funciones– una vez que se notifique la sentencia del Supremo.