El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que ha sido condenado a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por el caso de los ERE fraudulentos, ha sido víctima, cuando era consejero de Hacienda, de un sistema heredado que la Justicia considera que no frenó pese a haber sido alertado por la Intervención.
El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado hoy la sentencia dictada en noviembre de 2019 por la Audiencia de Sevilla, que consideró probado que había cometido delitos de prevaricación y malversación en el reparto de 680 millones de euros de fondos públicos entre 2000 y 2009 pese a que Griñán -que fue consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009- asegura que no tuvo a su cargo la partida de los ERE ni capacidad de disposición de esos fondos.
Cuando la jueza Mercedes Alaya empezaba a apuntar a la Consejería que dirigía Griñán (Madrid, 1946), su entonces viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo -que luego le sustituyó en la Consejería- asumió públicamente que era ella quien recibía los informes de la Intervención que alertaban de irregularidades en el procedimiento de las ayudas y que nunca se alertó del menoscabo de los fondos públicos.
En un llamativo café convocado en una sala de reuniones de la Consejería de Hacienda, Martínez Aguayo confesó, ante los atónitos periodistas, que no trasladó los informes de la Intervención a su entonces jefe, el expresidente José Antonio Griñán, y que ni ella misma los leyó con detenimiento.
Los diques políticos de defensa no impidieron que en 2013 anunciara que dejaba su cargo al frente de la Junta de Andalucía, que había ‘heredado’ de Manuel Chaves -también imputado en el caso de los ERE- y donde llevaba ya cuatro años como jefe del Ejecutivo de una comunidad que no conocía otro color político como gobernante que el del PSOE.
Tuvo que comparecer ante el Tribunal Supremo cuando tanto él como Chaves estaban aforados y llegó a reconocer a los periodistas que no creía que «hubiera un gran plan, pero sí un gran fraude» en el caso de los ERE, un reconocimiento que posteriormente se ha traducido en una sentencia que le condena por su gestión como consejero.
Profesor de Derecho del Trabajo, su primer cargo fue el de viceconsejero de Trabajo en Andalucía en 1982, aunque su carrera política se consolidó verdaderamente cuando fue nombrado consejero de Salud en el primer gabinete de Chaves, desde donde dio el salto al Gobierno central como ministro de Trabajo, para volver de nuevo a la política andaluza como titular de Economía y luego añadiéndole Hacienda.
Presidente andaluz desde abril de 2009 hasta septiembre de 2013, Griñán accedió al cargo tras la dimisión de Chaves, y casi tres años después los electores dieron por primera vez la victoria al PP, aunque sin mayoría absoluta, por lo que siguió gobernando gracias a un pacto con IU.
Ha reiterado ante la Justicia que llegó a la Junta en 2004, por lo que ha dicho carecer de relación alguna de la puesta en marcha del sistema de subvenciones sociolaborales para trabajadores y empresas en crisis, pero la Justicia le ha condenado a penas de cárcel.
Hace unos meses publicó el libro ‘Cuando ya nada se espera’ y entre las innumerables preguntas periodísticas sobre el caso de los ERE confesó que si el Supremo le declaraba culpable, su vida «habría terminado».
Chaves, socialista histórico
El que fuera presidente de la Junta de Andalucía durante casi veinte años, el todopoderoso dirigente histórico socialista Manuel Chaves, ha sido condenado hoy por parte el Tribunal Supremo (TS) a nueve años de inhabilitación por los ERE fraudulentos, un caso que resultó la «enmienda» a una década de gestión socialista en Andalucía.
El ‘candidato a palos’ Manuel Chaves -según decía la oposición- desembarcó en Andalucía en 1990 procedente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del gobierno de Felipe González para poner paz entre el omnipotente Alfonso Guerra y el entonces presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, una llegada que al final se convirtió en una estancia de 20 años y que tuvo un epílogo de juicio, dimisión y condena.
Manuel Chaves (Ceuta, 1945) fue uno de los integrantes de la famosa ‘foto de la tortilla’, compañero del despacho laboralista en Sevilla de Felipe González y diputado nacional por Cádiz en las primeras elecciones de 1977.
Fue reelegido en 1979, 1982, 1986 y 1989, y se convirtió en uno de los pesos pesados del socialismo español hasta el punto de ser ministro, presidente de la Junta y vicepresidente segundo del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero.
Durante seis mandatos compaginó en Andalucía las mayorías absolutas, las simples y ‘pinzas’ por parte de los dos partidos de la oposición -PP e IU- con Javier Arenas y Luis Carlos Rejón, con años de quiebras empresariales en la comunidad andaluza que impedían que las cifras de paro bajaran.
Esta situación llevó a su gobierno a implantar un sistema que agilizó las ayudas y que, en manos de una jueza que instruía el caso de Mercasevilla, encontró y posteriormente juzgó la creación y mantenimiento de un presunto sistema ilegal de subvenciones que se prolongó durante más de una década (2000-2011) para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que permitió el reparto arbitrario de hasta 680 millones de euros.
Por aquel entonces, el PP denunciaba las «redes clientelares» del gobierno andaluz pero esta proclama no había llegado aún la Justicia. Desde esa época, los sucesivos ejecutivos de Chaves pasaron de la negativa de los hechos a ceñir cualquier responsabilidad a «cuatro golfos» centrados en la consejería de Empleo donde moraba el ya fallecido director general, Francisco Javier Guerrero, el primero que habló de la existencia de un ‘fondo de reptiles’.
Manuel Chaves fue obligado a renunciar a su escaño para desbloquear la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta -una exigencia de Ciudadanos- y tras devolver el Supremo la causa a la Audiencia de Sevilla al no haber ya aforados, el expresidente de la Junta fue imputado y posteriormente condenado.
Con anterioridad, había sido imputado también su sucesor al frente de la Junta, José Antonio Griñán, a quien le había dejado el sillón de la Presidencia en 2009. A pesar del proceso judicial, en Andalucía seguía sin haber alternancia en el poder hasta que el PSOE lo perdió en 2018 debido a una suerte de carambolas políticas.
Los esfuerzos argumentales de la defensa de Chaves se han centrado en negar que las resoluciones del Consejo de Gobierno en las que participó como presidente puedan ser consideradas como resoluciones administrativas, y mucho menos de carácter arbitrario, lo que constituye el eje del delito de prevaricación por el que fue condenado a nueve años de inhabilitación. Es la base del recurso al Supremo, que al expresidente de la Junta no le ha servido.
Otros protagonistas
Magdalena Álvarez: Antecedió a Griñán en el cargo al frente de la Consejería de Economía y Hacienda, fue ministra de Fomento y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Ha sido condenada a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.
Gaspar Zarrías: El consejero de la Presidencia de la Junta de la etapa de Manuel Chaves, al que acompañó al Gobierno nacional cuando fue nombrado vicepresidente del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapataro. Ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.
Antonio Fernández: Fue consejero de Empleo desde 2004 a 2010 y ha sido el que ha recibido una mayor condena por este caso -está imputado también en otras piezas de los ERE-: siete años, 11 meses y un día de cárcel, e inhabilitación absoluta durante 19 años, seis meses y un día, por los delitos de malversación y prevaricación.
José Antonio Viera: Antecesor de Antonio Fernández al frente de la Consejería de Empleo. Es también uno de los socialistas históricos y llegó a ser secretario general del PSOE de Sevilla. Ha sido condenado a siete años y un día de prisión, y a inhabilitación absoluta durante 18 años y un día por los delitos continuados de malversación y prevaricación.
Carmen Martínez Aguayo: Fue viceconsejera de José Antonio Griñán en la Consejería de Hacienda. Ha sido condenada a seis años y dos días de prisión, y a inhabilitación absoluta durante 15 años y dos días por los delitos continuados de malversación y prevaricación.
Francisco Vallejo: Tuvo el cargo de consejero de Obras Públicas y Transportes de 1994 a 2000, y de Innovación, Ciencia y Empresa de 2004 a 2009. Condenado a siete años y un día de prisión, y a inhabilitación absoluta durante 18 años y un día por los delitos de malversación y prevaricación.
Agustín Barberá: Fue viceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010 pero antes fue delegado provincial de Empleo de Cádiz -1994- 2004. Condenado a siete años y un día de prisión, y a inhabilitación absoluta durante 18 años y un día, por los delitos de malversación y prevaricación.
Juan Márquez: Sucedió a Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo de la Junta entre los años 2009 y 2010. Condenado a siete años y un día de prisión, y a inhabilitación absoluta durante 18 años y un día, por los delitos de malversación y prevaricación.
Jesús María Rodríguez: Ocupó la Viceconsejería de varios departamentos de la Junta pero está condenado a seis años y dos días de prisión y a inhabilitación absoluta durante 15 años y dos días por los delitos de malversación y prevaricación por ser viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa de 2005 a 2010.
Miguel Ángel Serrano: Fue director general de la Agencia IDEA -anteriormente Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)- desde 2004 hasta 2008. Condenado a seis años, seis meses y un día de prisión, y a inhabilitación absoluta durante 17 años y un día, por los delitos de malversación y prevaricación.
José Salgueiro: Ocupó la Viceconsejería de Economía y Hacienda desde 1990 a 2004 y se marchó al Ministerio de Fomento junto a Magdalena Álvarez, y ocupó la Presidencia de Renfe. Condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación.
Antonio Vicente Lozano: Ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía desde 2002 a 2009, Condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación.
Javier Aguado: Formó parte del organigrama de la Consejería de Empleo, entre otras responsabilidades la de la Secretaría General Técnica. Condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.
Lourdes Medina: También fue secretaria general técnica de la Consejería de Empleo. Condenada a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación especial.
Juan Francisco Sánchez: Igualmente fue secretario general técnico de la Consejería de Empleo. Condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Jacinto Cañete: Fue director general de la Agencia IDEA. Condenado por prevaricación a ochos años, seis meses y un día de inhabilitación especial.
