Puigdemont cambió la ley para controlar los datos confidenciales de los catalanes

2

Carles Puigdemont modificó tras su llegada a la Generalitat la ley de Estadística de Cataluña a fin de que su Gobierno pudiese controlar los datos confidenciales de los catalanes.

El cambio sustancial se aprecia al comparar la Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de Estadística de Cataluña, que fue sustituida por la Ley 5/2016, de 23 de diciembre, del Plan estadístico de Cataluña de 2017 a 2020. Precisamente, los años cumbre para el desafío de los separatistas.

En el reemplazo, se modificó el artículo 30, que autorizaba a “los institutos de investigación científica y a los investigadores acceder a los datos amparados por el secreto estadístico, siempre que estos datos no permitan una identificación directa de las personas y que estas instituciones o personas cumplan las condiciones adecuadas” y que quedó ampliado (artículo 27 de la nueva ley), dando al gobierno de la Generalitat un poder esencial:

El Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) y las instituciones y los órganos del Sistema Estadístico de Cataluña deben impulsar y facilitar la utilización de la información estadística disponible para mejorar la evaluación de las políticas públicas de las administraciones de Cataluña, y también para hacer un seguimiento y programar futuras políticas a emprender”. 

“Se puede permitir a los institutos de investigación científica, los investigadores, los centros de investigación y a las entidades de derecho público dedicadas al diseño, la planificación, la programación, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas acceder a los datos confidenciales con fines científicos amparados por el secreto estadístico, en determinadas condiciones reglamentariamente, siempre que no permitan una identificación directa de las personas, respetando la legislación en materia de protección de datos y el secreto estadístico”. 

“El Gobierno determinará por decreto, en los términos establecidos por los principios generales fijados por el Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas y de conformidad con lo establecido en la legislación en materia de protección de datos personales, el procedimiento de autorización para acceder a los datos, de acuerdo con los siguientes requerimientos: 

“A) El proyecto de investigación debe ser solicitado por una persona física o jurídica reconocida.

“B) Se debe haber presentado una propuesta de investigación pertinente.

“C) Se debe haber indicado la información a la que se quiere tener acceso.

“D) Deben concurrir las garantías adecuadas para la protección de la seguridad de la información.”. 

En la práctica, por tanto, el gobierno independentista podía autorizar la utilización de los datos personales a conveniencia.

Censo electoral

El Idescat está en el punto de mira de la investigación del referéndum ilegal por su presunto papel relevante en la elaboración del censo. Según la Fiscalía, el Instituto habría utilizado una base de datos personales de los catalanes para una finalidad fuera de la ley, como es la celebración de un referéndum de independencia.

El Idescat es el órgano estadístico de la Generalitat y, aunque es autónomo, depende de la Consellería de Economía y Hacienda, cuyo último titular ha sido Oriol Junqueras. De hecho, fue el organismo al que el entonces secretario general de la Vicepresidencia y ‘número dos’ de Junqueras, Josep Maria Jové, encargó digitalizar y actualizar el censo.

El encargo se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat (Dogc) el 18 de septiembre, dos días antes de los arrestos de los 14 altos cargos, entre ellos Jové. Tras la detención, fuentes del Idescat señalaron que el encargo que les había hecho “no tenía nada que ver con el referéndum”, informó Europa Press. 

En diciembre, agentes de la Policía Nacional registraron la sede del Instituto, en Barcelona, para requerir información relativa al censo. La intención del magistrado era comprobar si el Idescat desempeñó algún papel en la confección del censo que se utilizó para las votaciones del 1-O, cuya elaboración de forma irregular podría constituir un delito de revelación de secretos. Cabe recordar que los juzgados catalanes recibieron varias denuncias  por el uso de datos personales en el envío de cartas por parte del gobierno catalán para designar a los miembros de las mesas electorales del 1 de octubre.

Fue el propio Puigdemont quien en los días previos al 1-O publicó a través de su cuenta de Twitter la dirección que daba acceso a esa página web con el censo electoral.