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Puigdemont será juzgado en Barcelona y no en el Supremo por el 1-O si pierde el escaño de eurodiputado

El expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, será juzgado por el golpe del 1-O en la Audiencia Provincial de Barcelona si pierde el escaño de eurodiputado.

El magistrado del Tribunal Supremo e instructor del 1-O, Pablo Llarena, acordaba la semana pasada mantener el procesamiento por malversación agravada y desobediencia contra Puigdemont, pero eliminaba del mismo la sedición tras la supresión de este delito del Código Penal por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que «Puigdemont será juzgado en la Audiencia Provincial de Barcelona si pierde su fuero de eurodiputado ante el Tribunal Supremo. El escaño lo perdería si renuncia al mismo o bien, el Parlamento Europeo se lo retira «. Para esta última opción, será clave la decisión que adopte en los próximos meses el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre su inmunidad. Recordamos que la Eurocámara se la retiró inicialmente y posteriormente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se la devolvió de forma cautelar en mayo del pasado año.

«Si Puigdemont pierde el aforamiento como eurodiputado antes de regresar a España y de que el magistrado instructor del 1-O Pablo Llarena le tome declaración, el caso tendría que ser remitido a Barcelona. Allí sería juzgado en la Audiencia Provincial y no en un Juzgado Penal por la gravedad de los delitos», añaden. Precisamente, esta semana el Supremo remitía a la Audiencia Provincial de Barcelona la causa sobre la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, tras haber perdido el aforamiento ante el Alto Tribunal.

Llarena acordaba también en su último auto de procesamiento una nueva orden de busca y captura e ingreso en prisión de Puigdemont por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia. Además, posponía la emisión de nuevas euroórdenes y órdenes internacionales de detención con fines de extradición a la decisión que el Tribunal General de la Unión Europea adopte sobre la eventual retirada de la inmunidad parlamentaria.

Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD sostienen que «existe el temor de que si Puigdemont es finalmente juzgado en la Audiencia Provincial de Barcelona, los magistrados se vean sometidos a una gran presión y se produzcan movilizaciones en la calle en favor del expresidente catalán. También que todo ello conlleve a que se fallase una condena más laxa para Puigdemont, que si fuera juzgado en el Tribunal Supremo», añaden.

Tras conocer el nuevo auto de Llarena, Puigdemont aseguraba que luchará para poder volver en libertad y que no lo hará «ni esposado ni rendido ante un juez español para que sea indulgente». «Asumo el riesgo que conlleva también que la batalla europea no sea el esperado, pero el riesgo es mucho más alto si aceptamos la idea de que, en otoño de 2017, hicimos algo diferente que el de cumplir democráticamente con nuestro compromiso y que esto merece algún tipo de condena», añadía.

La Fiscalía también le imputa desórdenes públicos agravados

Los fiscales del 1-O recurrían esta semana el auto dictado por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre el procesamiento de los golpistas fugados. Los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno proponían procesar también al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont y a los ex consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados.

Los fiscales apuntaban que «el relato de hechos probados de la sentencia recoge en diversos pasajes hechos tumultuarios con resultado de alteraciones graves del orden público, dificultades y cortes en la circulación, invasión de instalaciones y edificios con grave afectación del funcionamiento de la Administración de Justicia y de los servicios esenciales de tales centros, actos de intimidación y violencia sobre personas y cosas, daños que se produjeron en numerosos momentos y escenarios, y sobre todo graves y, en ocasiones, violentos enfrentamientos de miles de ciudadanos movilizados«. La Sala Penal del Supremo tendrá la última palabra.

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