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Puigdemont y la Fiscalía se alinean tras el pacto PSOE-Junts y piden cerrar el ‘caso Tsunami’

Primer efecto jurídico del pacto entre PSOE y Junts. Tras acordar la amnistía y facilitar la investidura de Pedro Sánchez, por primera vez la representación legal de Carles Puigdemont y la Fiscalía solicitan lo mismo en un tribunal español. Y lo hacen con un objetivo común: impedir que la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo continúen con el caso Tsunami Democràtic. En dos recursos distintos presentados en representación del jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat, Josep Luis Alay, el abogado Gonzalo Boye se adhiere a los recursos presentados por el Ministerio Fiscal para impedir la imputación de Puigdemont, Marta Rovira y otros diez empresarios y políticos independentistas investigados por presuntos delitos de terrorismo.

En el segundo de esos recursos de apelación directos, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE y ha sido presentado este martes ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el jefe de la oficina de Puigdemont en Bruselas se adhiere al recurso de la Fiscalía contra la decisión del magistrado Manuel García Castellón de elevar una exposición razonada para inhibirse en favor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, aludiendo a la responsabilidad penal y posible situación de aforamiento de Puigdemont y del diputado autonómico catalán Rubén Wassenberg en el Parlamento en la causa denominada Tsunami Democràtic.

«No deja de ser sorprendente que el a quo, en ningún momento, haga siquiera mención a la inexistencia de norma alguna que le atribuya al Tribunal Supremo la facultad de entender sobre este asunto y ello, a pesar de la clara y evidente respuesta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante sentencia de 31 de enero de 2023 que afectaba, específicamente y entre otros a Puigdemont, que es ahora utilizado para vulnerar tan fundamental derecho», señala en su recurso el abogado del expresidente de la Generalitat y de su jefe de oficina, José Luis Alay.

Puigdemont intenta evitar al Supremo

En su escrito, dice que la inhibición de la causa en favor del Supremo supondría «una violación clara del derecho a un juez imparcial», tanto para Alay, como para Puigdemont y el resto de investigados en el caso Tsunami Democràtic. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), según el abogado del expresidente de la Generalitat, «ni tan siquiera contempla esta posibilidad porque la misma sería aberrante y, ab initio, contraria a derecho». Entre otras razones, prosigue en su escrito Alay, porque «Puigdemont no tiene aforamiento ante el Tribunal Supremo debido a su cargo como diputado al Parlamento europeo». «Insistir sobre ello resultaría insultante», añade.

La propia Fiscalía había recurrido en apelación la exposición de motivos elevada la pasada semana por García Castellón a la Sala Segunda del Supremo. El Ministerio Público, que ha cambiado de criterio respecto al caso Tsunami Democràtic tras el pacto entre PSOE y Junts para la amnistía y solicitó el pasado 10 de noviembre dar por desacreditados los indicios de terrorismo investigados por el juez desde hace cuatro años, criticó con dureza al juez en su recurso. «La remisión de la exposición razonada viene a ser una suerte de reforma de oficio de la citada resolución sin fundamento alguno, sin nuevos hechos acreditados y sin que se haya practicado ninguna diligencia que haya recogido nuevos indicios de responsabilidad criminal respecto de los aforados», señalaba el fiscal.

El entorno de Puigdemont se adhiere ahora a esa posición de la Fiscalía, como ya hiciera el pasado 17 de noviembre tras la impugnación del Ministerio Público al auto por el cual García Castellón acordó citar a declarar como investigados a una docena de empresarios y políticos independentistas supuestamente vinculados con la organización, creación o financiación de Tsunami Democràtic. Destaca el abogado del expresident de la Generalitat que la propia Fiscalía ha descartado indicios de terrorismo, pidió inhibir la causa a los juzgados de Barcelona y sacarla de la Audiencia Nacional al considerar que, como mucho, los hechos responderían a un posible delito de desórdenes públicos agravados.

El giro de la Fiscalía

El giro de la Fiscalía tras el pacto Junts-PSOE también es utilizado por la defensa de Alay y de Puigdemont para acusar implícitamente de ‘Lawfare’ al juez García Castellón en el caso Tsunami Democràtic. «Este procedimiento no tiene una finalidad vinculada a la búsqueda de la verdad y la Justicia, sino más bien una marcada intencionalidad política vinculada con las negociaciones actuales en torno a la ley de amnistía respecto de la minoría nacional catalana relacionada con el independentismo, dentro de la cual podemos ubicar a nuestro representado».

«Asiste razón al Ministerio Fiscal en cuanto a que en el caso que nos ocupa de ningún modo podría atribuirse este Juzgado (Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional) la competencia material respecto de los hechos investigados, toda vez que no se ha logrado acreditar, ni siquiera indiciariamente, ninguno de los requisitos que la jurisprudencia ha establecido para identificar una organización o grupo criminal, ni mucho menos, una organización o grupo de esa naturaleza de carácter terrorista, tipo penal este último que sería la única justificación para mantener la competencia de esta sede», señala Alay en sus recursos de apelación.

«En sentido similar a lo argumentado por el Ministerio Fiscal, adherimos a la conclusión de que debe estimarse el recurso, acordarse la incompetencia de este Juzgado para conocer el procedimiento y, en consecuencia, inhibirse en favor del órgano judicial competente territorialmente», concluye para apoyar la solicitud de Fiscalía de descartar los indicios de terrorismo señalados por García Castellón y la Guardia Civil, y devolver el caso Tsunami Democràtic a los juzgados de Barcelona.