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Pulso entre el Supremo y las defensas por el calendario del juicio del ‘procés’

Una vez que el juez Pablo Llarena concluyó este martes la instrucción de la causa abierta por rebelión, malversación o desobediencia, las actuaciones seguidas contra los 18 procesados a disposición de la justicia española han pasado a manos de los siete magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que empezarán a juzgarles a finales de año o como muy tarde en enero. Esa es al menos la intención del alto tribunal, que no oculta su extrañeza al constatar que el interés de la defensa parece pasar por retrasar lo más posible la vista oral, como si quisiera acercarla a las elecciones de mayo.

Por eso las fuentes jurídicas consultadas no descartan que, además de los recursos pendientes ante la Sala de lo Penal, los que se interpongan contra la conclusión de la instrucción, el rechazo de las pruebas solicitadas o contra la suspensión de funciones de los diputados procesados por rebelión que están presos, también intenten aplazar la vista oral recusando a los magistrados que celebrarán un juicio, que se prevé que dure un par de meses porque contará con más de un centenar de testigos y una veintena de acusados. 

A los cinco que admitieron la querella interpuesta por la fiscalía contra los líderes del ‘procés’, entre los que estaba el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, se sumarán Ana Ferrer y Andrés Palomo. El exfiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, que ha vuelto al Supremo, será sustituido por Antonio el Moral. El temor a que sean recusados procede de los poderes otorgados por varios procesados para recusar a los magistrados del Supremo cuando se intentó apartar a Llarena. Si las defensas optan por esta vía, la Sala del 61 del alto tribunal será la encargada de pronunciarse en un trámite que las fuentes consultadas no creen que deba llevar más de una semana. Así se pretende evitar que se intente sembrar dudas en Europa sobre hipotéticas vulneraciones del derecho de defensa.

La fiscalía, a prueba

Con independencia de que se produzcan o no las recusaciones, para cumplir los plazos del tribunal será necesario que las pruebas que este acuerde permitan a la fiscalía y a la acusación que ejerce Vox presentar su escrito de calificación en agosto o septiembre, para que un mes después lo hagan las defensas. Ahí se comprobará si el ministerio público acusa el cambio de Gobierno, algo que casaría mal con la autonomía fiscal, si contradice la posición mantenida hasta ahora por cuatro fiscales de Sala del alto tribunal, que han visto su criterio respaldado por otros tantos magistrados del Supremo: el propio Llarena y los de la Sala de Apelación.

Antes de que la fiscalía formalice su acusación, que como todo apunta hasta ahora, seguirá siendo por rebelión y, como mucho, incluirá la sedición o la conspiración para la rebelión, como alternativas, deberá pronunciarse sobre una nueva petición de libertad que preparan las defensas, después del traslado a cárceles catalanas. Hasta ahora los fiscales siempre han mantenido que deben seguir en la cárcel y solo en una ocasión no se opusieron a la libertad del ‘exconseller’ Joaquim Forn. El fiscal que participó en esa comparecencia dijo expresamente que su posición obedecía al mandato del entonces fiscal general.