Rajoy actuará contra los políticos y no contra las instituciones por el 1-O

El proceso catalán entra en una semana decisiva. De acuerdo con el calendario previsto, la ley del referéndum, que tiene que dar amparo legal a la celebración del 1-O, se aprobará el miércoles en el pleno del Parlament y después el Govern lo convocará. Ese mismo día, el Tribunal Constitucional reanudará su actividad con un pleno de carácter ordinario en el que, en principio, no está previsto tocar el tema. Pero el Gobierno del PP tiene previsto actuar de inmediato.

Fuentes del Ejecutivo aseguran a La Vanguardia que, en este contexto, una de las mayores preocupaciones en su actuación para impedir la celebración del referéndum es que las instituciones de Catalunya y su autonomía no se vean afectadas por las medidas que están adoptando “algunos de sus responsables políticos”. Y por ello la intención del gabinete de Mariano Rajoy es “actuar contra las personas, no contra las instituciones”.

El PP quiere evitar aparecer como el que deja a Catalunya sin autonomía

Por eso, el Ejecutivo no tiene en estos momentos encima de la mesa la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intentar prohibir el referéndum. Un artículo estigmatizado, que de ponerlo en marcha supondría, no tanto la suspensión de la autonomía, que cabría ante la ambigüedad de su redacción, pero sí al menos que el Estado asumiera por un tiempo, aunque fuera breve, algunas competencias.

Se ha hablado de las de educación e interior, para estar al mando de quienes tienen que abrir los colegios para la votación, mantener el orden público y garantizar el cumplimiento de la ley, es decir, el mando de los Mossos d’Esquadra. Eso afectaría ya a la autonomía, justo lo que el Gobierno de Rajoy quiere evitar, porque no desea que el PP aparezca como el que quitó la autonomía a Catalunya.

Precisamente por eso, señalan las fuentes consultadas por La Vanguardia, el Ejecutivo de Rajoy modificó en 2015 la Ley del Tribunal Constitucional, en una reforma muy polémica a apenas dos meses del final de la legislatura, pero con la experiencia de lo ocurrido en la anterior consulta. El 9-N, convertido al final en proceso participativo, sólo a posteriori derivó en la inhabilitación del entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de tres de sus consellers, que tuvieron una participación activa en la consulta, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs.

Ahora, el Gobierno cree llegado el momento de utilizar esa reforma de la Ley del Tribunal Constitucional, y más concretamente el artículo 92, que habla sobre el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Ese artículo señala en su punto 4 que en caso de “advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, el Tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído, requerirá a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que se les fije informen al respecto”.

Pero añade que si recibido el informe o el plazo fijado, el tribunal apreciase “incumplimiento total o parcial de su resolución”, podrá adoptar otras medidas, que van desde una multa coercitiva de 3.000 a 30.000 euros que podría reiterarse hasta el cumplimiento del mandato, pero también “acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del tribunal”.

Además, ese mismo artículo concluye que “si se tratara de la ejecución de las resoluciones que acuerden la suspensión de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas y concurrieran circunstancias de especial trascendencia constitucional, el tribunal, de oficio o a instancia del Gobierno, adoptará las medidas necesarias para asegurar su debido cumplimiento sin oír a las partes”.

De esta forma, procediendo sobre los dirigentes políticos de las instituciones, que han actuado “de manera individual”, las medidas para impedir la ley del referéndum serían, a juicio de las fuentes gubernamentales, “más coercitivas y más fáciles de aplicar”. Y no se trataría, insisten en el Ejecutivo, de “quitarse el muerto de encima” y que sea el TC quien actúe contra los dirigentes catalanes, porque, como prevé la ley, estas actuaciones puede llevarlas a cabo el tribunal, de oficio, o a instancia de una de las partes, en este caso el Gobierno, que es el que recurrirá todos los actos.

Y para que estas medidas sean efectivas, en los recursos que esta misma semana aprobará el Consejo de Ministros en el mismo momento en que se aprueben la ley del referéndum o la de transitoriedad jurídica, el Ejecutivo solicitará que se advierta a los responsables de las medidas, en este caso la Mesa del Parlament, sobre las consecuencias, incluidas las penales, en las que incurriría.

Albiol insiste en aplicar el artículo 155

A pesar de que el Gobierno español descarta de momento la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el presidente del PP en Catalunya, Xavier García Albiol, volvió a considerarlo ayer una “opción válida” como respuesta a la aprobación de las leyes de desconexión.

En un acto del partido en Castelldefels, Albiol insistió en la idoneidad de la suspensión de la autonomía y recriminó a PSOE y a Cs que no estén por la labor. “No es momento de ponerse de perfil, es momento de afrontar el reto con valentía”, señaló. Y, en este sentido, el dirigente del PP también criticó que “algunos hayan pretendido vestir de demonio” el artículo 155.

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