Rajoy añade presión a Puigdemont al convocar al Parlament el 17 de enero

Carles Puigdemont debe decidir en breve si seguirá fugado de la justicia o si afronta las consecuencias de volver a España para presentarse a la investidura a president de la Generalitat. La cuenta atrás ha empezado con el anuncio hecho ayer por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El nuevo Parlament salido de las elecciones del 21-D se constituirá el 17 de enero. Una fecha acordada por el Gobierno tras consultar la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría con todos los grupos parlamentarios, menos con la CUP, y que se ha fijado teniendo en cuenta los antecedentes, y para hacerlo sin prisas, pero tampoco sin demoras. El proceso podría haberse dilatado hasta el día 23 de enero. Habló primero con Carles Campuzano, de JxCat, y con Joan Tardà, de ERC, aunque fue remitida a Marta Rovira, con quien se puso en contacto, y estuvieron de acuerdo con la fecha, no sin antes consultar con sus respectivos partidos.

El día 17 se elegirá al president del Parlament y a los demás miembros de la Mesa, lo que ya será indicativo de lo que puede ocurrir después, en la elección del presidente de la Generalitat.

Si Puigdemont y los exconsellers que se encuentran en Bruselas no vuelven, los partidos independentistas tendrán 5 votos menos para votar a sus candidatos, y si Oriol Junqueras y los otros dos diputados que están en la cárcel no obtienen la libertad provisional o reciben el permiso del juez para acudir a la votación, serán ocho los parlamentarios independentistas que no podrán ejercer su derecho a voto.

Pero la presión sobre Puigdemont aumenta porque la constitución del Parlament señala otra fecha en rojo en el calendario, la del 31 de enero. Es la fecha límite para el inicio de la sesión de investidura del próximo president de la Generalitat, aunque el día, oficialmente, lo fijará el Parlament.

Puigdemont, si quiere ser president, tendrá que pensar en volver. El propio Mariano Rajoy en la rueda de prensa en la que hizo balance del año que ahora se acaba, subrayó ayer que al margen de cuestiones legales “es absurdo ser presidente de una comunidad autónoma viviendo en el extranjero, y es absurdo pretender ejercer de presidente desde Bruselas, imagínese que yo fuera presidente del Gobierno desde Lisboa”. Para el presidente del Gobierno no es un problema político ni jurídico, sino de “sensatez y sentido común”.

La cuestión catalana ocupó una buena parte de la intervención del presidente del Gobierno en esta rueda de prensa que celebró en el Palacio de la Moncloa. La economía ocupó el resto, para decir, además, dos cosas, que “la única sombra que se cierne sobre nuestra economía es el factor de inestabilidad que genera la política en Catalunya”, amortiguado sólo por la aplicación del artículo 155, y que ha obligado al Gobierno a revisar a la baja la perspectiva de crecimiento para 2018; y que si el nuevo Govern se dedica a pensar a dar confianza y estabilidad política , y la situación se normaliza, “esa revisión a la baja podría revertirse y hacer que el crecimiento sea muy superior”, con cifras similares a las de los últimos tres años, en los que se superó el 3%. Rajoy considera que lo ocurrido en Catalunya fue “el mayor ataque a nuestra Constitución”, que hizo que se aplicara el artículo 155, con la que se ha demostrado “la calidad de nuestra democracia, la independencia de poderes, el imperio de la ley, la utilidad de las normas que nos hemos dado, y la serenidad del conjunto de la sociedad española”.

Por esa razón, el presidente del Gobierno considera que “lo lógico y razonable sería no volver a ponerlos aprueba”, porque “ni España ni los españoles son susceptibles de someterse a ningún chantaje, ni a medidas de fuerza, ni a políticas de hechos consumados”.

En un mensaje al nuevo Govern, Rajoy llenó su intervención de apelaciones a volver a la legalidad, y de ofertas de diálogo: “Al próximo gobierno de Catalunya” le corresponde fijar sus prioridades dijo, “pero dentro de la ley. No caben más apelaciones a la ruptura o a la ilegalidad, porque la ley no lo permitirá, y porque tampoco pueden alegar el apoyo mayoritario de la sociedad para mantenerse en esa deriva que se ha demostrado tan perniciosa”.

El Gobierno quiere un Govern “capaz de dialogar y entenderse con todos los catalanes y con el resto de España”. El Ejecutivo ofrece colaboración y voluntad de diálogo “constructivo, abierto y realista”, en una etapa que debe abrirse en Catalunya “basada en el diálogo y no en el enfrentamiento, en la cooperación y no en la imposición, en la pluralidad y no en la unilateralidad”.

Las elecciones catalanas han tenido otras consecuencias. En primer lugar los malos resultados del PP, que Rajoy insiste en que no son extrapolables al resto de España; y la tensión con Ciudadanos. Al ser preguntado por la actitud de Inés Arrimadas, Rajoy recordó que él, antes de declinar presentarse a la investidura mantuvo reuniones con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera, donde constató que no tenía ninguna posibilidad de ser investido, aunque no quiso entrar a criticar a la candidata de Ciudadanos ni al líder del partido Albert Rivera con el que se reunió el jueves.

Pero además de Catalunya a Rajoy le interesa hablar de las reformas pendientes. Y en especial de los presupuestos. De ellos habló con el líder de Ciudadanos y tiene previsto reunirse con Sánchez “y con todo el que quiera reunirse conmigo”.

Considera muy importante aprobar las cuentas, porque da estabilidad y confianza en un momento importante, porque en el 2018 España saldrá de procedimiento de déficit excesivo, pero si no hay acuerdo, seguirá funcionando con los presupuestos prorrogados. No piensa en un adelanto electoral, pero tampoco en una remodelación del Gobierno, “bajo ningún concepto”. ¿La razón? Considera que este gabinete “está cumpliendo bien con su obligación” y las elecciones catalanas no tienen nada que ver con un cambio de Gobierno. Dejó claro, ante las informaciones de que en el PP se está pidiendo a Rajoy una amplia remodelación, que “a mi nadie me la ha pedido”.

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