Rajoy quiere las riendas de Catalunya para frenar la DUI

Sus señorías, en España, no terminaban de creerse en estos años que la independencia de Catalunya tocaría a sus puertas. En las instituciones catalanas se daba por sentado que no había inquilino alojado en la Moncloa capaz de sacar del armario el artículo 155 de la Constitución. Y optimistas de uno y otro lado pensaban que el diálogo se impondría en una democracia que ha entrado, aunque solo sea por edad, en etapa de madurez. Pues unos, otros y los de en medio se han dado un baño de realidad ajena en las últimas horas y se han encontrado con que Mariano Rajoy y su Consejo de Ministros extraordinario ha enviado al Senado, para su tramitación y aprobación el próximo viernes, un paquete de medidas que le permite tomar las riendas de Catalunya: destitución y sustitución de los responsables de la Generalitat; limitación severa de las capacidades del Parlament; control de competencias clave desde los ministerios, los funcionarios y las estructuras del Govern, también de las económicas y telecomunicaciones, sin olvidar a los Mossos o los medios públicos, entre otras cosas.

Esto, mientras no descansa en el seno del independentismo el debate entre bambalinas sobre cómo y qué día debe proclamarse oficialmente la República catalana, algo que está sobre la mesa de Carles Puigdemont. También lo está la posible convocatoria de elecciones antes de que el Ejecutivo central tenga el poder para cesarle a él y  a sus consejeros, como se pretende, y en consecuencia puedan prepararse esos comicios ya desde Madrid en un plazo máximo de seis meses.  En este contexto y tras acusar a Rajoy de protagonizar “el mayor ataque” al autogobierno desde los tiempos de Franco, y argumentar con dureza y en tres idiomas sobre la última decisión del Gobierno, el president Puigdemont confirmó que se dispone a plantear al Parlament que debata y decida de forma inminente qué respuesta se le da al 155, y que se actúe “en consencuencia”.

40 años de desarrollo 

Intuyendo seguramente que el “ataque” a la autonomía iba a ser la contestación desde el Palau de la Generalitat, Rajoy había adelantado su respuesta. “No se suspende la autonomía ni el autogobierno catalán, se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley”, proclamó este sábado ante la prensa. Formalmente quizás no, pero él y su equipo son conscientes que el despliegue elegido del 155 es de máximo voltaje. Que supone colocar las manos del Estado sobre las entrañas de un modelo que ha costado más de 40 años de tiras y aflojas desarrollar. Y que un número nada desdeñable de catalanes, pero que aún no supera en votos (próximo resultado electoral mediante) al que se opone a su objetivo, pretende ahora que ese sistema evolucione hacia la independencia. Aunque sea a costa de superar los márgenes de la legalidad y activar querellas como la que la Fiscalía dice estar ultimando, por si cree necesaria activarla, para acusar de rebelión (hasta 30 años de cárcel) a Puigdemont si abraza la secesión.

Por el momento el proceso separatista, con paradas clave en las jornadas del 6 y 7 de septiembre en que se aprobaron las leyes de deconexión; la jornada del 23 de ese mismo mes en que se registraron sedes oficiales por orden judicial; el referéndum del 1-O y el Pleno del Parlament del día 10 en que la indeendencia se convirtió en protagonista han tenido ya algunas consecuencias. No precisamente suaves: los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, están en prisión preventiva acusados de un delito de sedición. Según la jueza de la Audiencia Nacional que allí los envió a petición del fiscal, por haber indicios de su culpabilidad y posibilidad de que destruyan pruebas o se den a la fuga. Según las miles de personas que este sábado salieron a la calle en Barcelona a pedir su libertad, encabezados por una comitiva donde estaba todo el Govern, la presidenta del Parlament y la alcaldesa Ada Colau, porque son «presos políticos» en un momento de la historia en que, para Carme Forcadell, se ha dado «un golpe de Estado de facto» con el 155.

Convulsión en el PSC

Tampoco deben perderse de vista las convulsiones internas que llegan a los partidos políticos precisamente por el desarrollo del temido artículo constitucional para frenar la independencia. Que se lo pregunten si no al PSOE: mientras Pedro Sánchez enfatizaba desde Murcia que discrepancias sobre el modelo de Estado tiene muchas con los populares, pero sobre el necesario mantenimento de la integridad territorial ninguna, en el PSC un grupo de alcaldes dejaba clara su discrepancia con el aval a la intervención de competencias y la regidora Nùria Parlom presentaba su dimisión de la Ejecutiva socialista.

En las filas conservadoras hay quien le pedía más intensidad y menos calma a Rajoy en su actuación (él mismo lo admitió en rueda de prensa), mientras que Ciudadanos se felicitaba este sábado sin disimulos de que por fin se hay apuesto en marcha el 155, como ellos exigían. Podemos y los ‘comuns’ se echaban las manos a la cabeza por lo ocurrido en las últimas horas y reclamaban diálogo, que el Estado eche el freno en seco y que Puigdemont busque una salida digna que no sea la secesión. 

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