Rajoy reforma su agenda para sacar del primer plano la crisis catalana

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La estrategia de Rajoy para 2018 es sacar del primer plano la grave crisis con Cataluña y activar un programa político nacional e internacional que abra el abanico de sus actuaciones. Este es el encargo que tienen los ministros y el PP, y que se pondrá en marcha desde el 8 de enero. La negociación de los Presupuestos empezará de inmediato, así como el impulso a los pactos sobre educación y pensiones. Exteriores le prepara una agenda con más actividad internacional.

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En los dos últimos Consejos de Ministros de diciembre, así como en la reunión del comité ejecutivo del PP celebrado el pasado día 22, se marcaron las líneas maestras de la que será la estrategia política para el año 2018. La dedicación absoluta a Cataluña ha ocupado todo el 2017 y el grueso del primer año de la legislatura y, aunque Rajoy no duda de que aún habrá muchos episodios complicados en el horizonte, tiene decidido que Cataluña no hipoteque casi en exclusiva la dedicación de su Gobierno.

Los testimonios recogidos en medios gubernamentales y del partido reconocen que ha habido una dificultad principal para sacar adelante proyectos como es el hecho de estar en minoría parlamentaria. Esa circunstancia tampoco ha animado a emprender otras vías de negociación, salvo que se consideraran fáciles de aprobar o fueran demandas insistentes, como han sido algunos proyectos pactados con Ciudadanos, y que, de no llevarse adelante, ponían en riesgo la continuidad del pacto de legislatura. La consecuencia es que las Cortes no han aprobado ninguna ley orgánica ni tampoco decretos legislativos en 2017, al requerir estos una mayoría reforzada.

A partir de ahora, y aunque esas circunstancias no han cambiado, Rajoy pretende empeñarse personalmente en modificar esa dinámica. Para empezar, tratará de sacar adelante los Presupuestos para 2018 con los siete grupos que los apoyaron en 2017.

Las conversaciones con Ciudadanos están muy avanzadas y nunca se han detenido, a diferencia de lo ocurrido con el PNV. La aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, y con ello la disolución del Parlament y el cese del Gobierno autonómico, interrumpieron abruptamente las conversaciones de los nacionalistas vascos con el Gobierno central. Estos vincularon el apoyo a las nuevas cuentas con la no intervención del Gobierno en la autonomía catalana. “Con el PNV y el presidente Urkullu voy a hablar de presupuestos y le voy a dar razones de por qué su aprobación es buena para los ciudadanos vascos”, manifestó Rajoy en la rueda de prensa de fin de año.

El entorno de Rajoy cree que algunas cuestiones han aproximado a los vascos a una negociación de los Presupuestos: la aprobación del cupo vasco por el Gobierno de Rajoy, además de los compromisos alcanzados sobre infraestructuras con el Gobierno de Iñigo Urkullu. Fuentes gubernamentales están convencidas de que esos acuerdos son argumentos poderosos para tratar de convencer al PNV.

Otra razón para creer que el acuerdo será posible viene dada por el apoyo que prestó hace tan solo 10 días el PP a los presupuestos del Gobierno vasco para 2018 y que son posibles por el acuerdo con el PSE–PSOE y la abstención de los populares vascos, encabezados por su presidente, Alfonso Alonso.

Con el mismo objetivo de salir del atolladero catalán, Rajoy se dispone a levantar el pie del freno de algunas reformas aplazadas, así como de otras ralentizadas en comisiones creadas en el Congreso.

Esos serán los casos del pacto sobre pensiones y el de educación, así como la ampliación del de violencia de género. Antes de marcharse de vacaciones, el presidente viajó a Murcia para presentar un plan de infraestructuras e inaugurar una obra muy emblemática de un puente en Galicia. Habrá más acciones en ese sentido.

Ofensiva opositora

Esta nueva estrategia tiene otra explicación. Coincide con la decisión de los partidos políticos en la oposición de emprender una ofensiva legislativa y de control al Gobierno desde comienzos de año. El PSOE ha diseñado una campaña por toda España, con asambleas abiertas, para tratar el problema de las pensiones y sus dificultades de sostenimiento para el futuro.

Por su parte, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha estudiado con los ministros las leyes que deben salir adelante si los pactos se consolidan: nueve leyes orgánicas, 38 ordinarias y 240 reales decretos componen el plan legislativo diseñado por el Gobierno.

Todo un paquete de medidas contra el terrorismo yihadista, el cambio climático y modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de los códigos civil, penal y mercantil. También se ha incluido en ese plan el desarrollo del pospuesto reglamento de la Ley de Transparencia. Y todo desde la exigua fuerza parlamentaria de 137 escaños en el Congreso, lo que exige negociación permanente.