Referñendum: La Fiscalía ordena interrogar a los alcaldes catalanes del 1-O

La Fiscalía General del Estado ha pedido a los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona que abran diligencias respecto a una lista de alcaldes catalanes de los que se ha tenido conocimiento que estarían colaborando en la preparación del referéndum de autodeterminación del próximo 1 de octubre.

En el caso de que no comparezcan cuando sean citados por los fiscales, se ordena a los Mossos que lleven a cabo su detención, según reza el oficio dictado por el fiscal general José Manuel Maza, que señala que las diligencias deben comenzar por los municipios implicados con mayor población.









En el escrito, José Manuel Maza recuerda las suspensiones del Tribunal Constitucional respecto al referéndum y de la advertencia a la Generalitat y cualquier autoridad pública para que no lo siga adelante y su obligación de ‘impedirlo.

Maza advierte de que los alcaldes que colaboren pueden cometer un delito de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. Per ello, ordena a los fiscales provinciales, y en su caso a los fiscales de área, que abran diligencias de investigación en relación cada uno de los ayuntamientos, y “se cite, por medio de la policía judicial, el alcalde para que declare en calidad de investigado y asistido de letrado”. “En caso de que el alcalde citado no comparezca, se acordará su detención y presentación en la Fiscalía, oficiando los Mossos como policía judicial para que la lleven a efecto en el plazo más breve posible”, continúa el escrito.


El fiscal utiliza el listado de 712 municipios que publica la página web de la Asociació de Municipis per la Independència (AMI)

El fiscal utiliza el listado de 712 municipios que publica la página web de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) que han firmado un decreto para poner a disposición del Gobierno los locales municipales necesarios para organizar el referéndum. Por ello, añade que “a la vista del número de municipios afectados, se procederá a dar preferencia en la tramitación en las diligencias que afecten a los ayuntamientos de mayor volumen de población”.

Para Maza, la notoriedad de la prohibición de “los actos de organización del ilegal referéndum de autodeterminación” hace que cualquier conducta de las autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva de “al menos” los delitos de desobediencia y prevaricación “en cuanto supondría la adopción de resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico”, ambos penados con multa e inhabilitación especial, y también del de malversación de fondos públicos.










Marza recuerda que el delito de malversación está penado con hasta 8 años de cárcel e inhabilitación absoluta por hasta 20 años

Este último, según advierte Maza en su escrito está penado con hasta 8 años de cárcel e inhabilitación absoluta por hasta 20 años “en cuanto supondría la disposición de fondos públicos para la realización de actividades delictivas”.

Por otro lado, un centenar de abogados de la asociación Drets se han ofrecido de forma voluntaria para “defender a los encausados por el referéndum” convocado por la Generalitat y se han puesto a disposición de “todas aquellas personas” que puedan necesitar “un primer asesoramiento o asistencia jurídica”. La asociación ha anunciado que ya ha elaborado un “protocolo de actuación” y ha habilitado un número de teléfono “para posibles citados y detenidos”.

Por su parte, la Associació Catalana de Municipis (ACM) y la Associació de Municipis per la Independència (AMI) han expresado este miércoles su “máximo apoyo a los alcaldes y alcaldesas” que quieren colaborar con el referéndum frente a la orden lanzada contra ellos por la Fiscalía.









Lo han hecho a través de un apunte en Twitter, después de que este miércoles la Fiscalía General del Estado haya ordenado investigar y, en el caso de que no colaboren, detener a los alcaldes que estén colaboren con la votación del 1-O. Las entidades que presiden el alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch (ACM), y la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y diputada de JxSí, Neus Lloveras (AMI), han criticado la decisión de la Fiscalía exponiendo: “Defender la democracia nunca puede ser un delito”.









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