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Reino Unido embarga cuatro cuentas bancarias de España por los impagos a las renovables

La justicia británica ha autorizado el embargo de cuatro cuentas bancarias del Instituto Cervantes. Es la consecuencia de que España no pague las indemnizaciones a las empresas renovables afectadas por la retirada de primas. El saldo acumulado en esos depósitos supera los 805.000 euros. Este proceso está ligado al caso Infrared, que derrotó a nuestro país en un proceso canalizado en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.

El litigio arrancó en 2014 y finalizó en agosto de 2019, cuando se publicó un laudo que quedó confirmado en marzo de 2021. La denuncia reclamaba una compensación de 75,7 millones de euros por la retirada de ayuda a las renovables, que quedaron reducidos a 28,2 millones una vez que se conoció la sentencia final, emitida por un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que presidió el jurista canadiense Stephen L. Drymer.

Debido a los intereses de demora y las condenas en costas, las obligaciones asociadas a este caso están incrementándose de forma progresiva. Lo primero ha añadido 4,8 millones al monto que adeuda el Estado, mientras que lo segundo ha incrementado las obligaciones en otros 4,5 millones, explican a THE OBJECTIVE fuentes de las empresas.

La batalla de las renovables

El proceso de embargo de bienes impulsado en relación con el caso Infrared empezó el pasado mes de abril, con el embargo cautelar de dos inmuebles: la sede del Instituto Cervantes en Londres y la sede del organismo de promoción económica de Cataluña. Los afectados por los impagos del gobierno de España activaron un proceso conocido como Third Party Debt Order mediante el cual reclamaron que se intervengan cuatro cuentas de banco ligadas a la operativa del Instituto Cervantes en Reino Unido.

Un equipo de abogados y consultores especializados en este tipo de procedimientos empezó a trabajar en este proceso ligado al caso Infrared a comienzos de 2023. Las medidas adoptadas entre abril y noviembre han dado pie a la incautación que ahora sale a la luz. La decisión ya ha sido debidamente comunicada y notificada al gobierno de España.   

La decisión judicial ha sido adoptada por la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales y lleva la rúbrica del magistrado Richard Harold Davison. El caso lleva el número identificador CL-2023-000026. La sentencia fue emitida el 9 de noviembre y sellada y comunicada a las partes el 10 de noviembre. La documentación adjunta incluye la sentencia que autoriza los embargos. 

España acumula 51 procedimientos en instancias internacionales. De los que se han resuelto hasta ahora, 25 han sido favorables para las empresas. Las indemnizaciones reconocidas se acercan a los 1.300 millones de euros, después de que hace unas semanas el Ciadi condenara a nuestro país a una nueva indemnización a favor de Canepa Green Energy, vinculado a Azora. A esa cantidad hay que sumarle otros 250 millones en condenas en costas, intereses de demora y honorarios de abogados

La apuesta de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 por las energías renovables se han convertido en una auténtica pesadilla para España. Seis años más tarde, Mariano Rajoy decidió retirar las ayudas con carácter retroactivo y comenzaron a acumularse sentencias condenatorias. Reino Unido y Australia han decidido embargar activos españoles si no se satisfacen las indemnizaciones. En las próximas semanas, las compañías perjudicadas iniciarán nuevos procedimientos judiciales en Israel y Suiza que podrían suponer nuevas confiscaciones.

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