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Reino Unido tramita la euroorden contra Ponsatí por “alterar el orden constitucional” de España

Reino Unido ha decidido tramitar la euroorden contra Ponsatí por “alterar el orden constitucional” de España apenas 48 horas después de que las autoridades británicas sembraran dudas sobre la citación cursada para conseguir la entrega de la ex consejera, que llegaron a tachar de “desproporcionada”.

Con posterior rectificación, el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ha remitido a Reino Unido información adicional para apuntalar los hechos por los que se reclama la puesta a disposición de la Justicia española de la ex consejera de Carles Puigdemont. En esa documentación complementaria, el instructor de la causa del “procés” recuerda que Ponsatí -a la que reclama por un delito de sedición- cedió en su calidad de responsable de Educación los centros de enseñanza para “que fueran utilizados como colegios electorales” del 1 de octubre de 2017. Y lo hizo, subraya, “pese a conocer la ilegalidad y la nulidad” del referéndum soberanista del 1-O, “que finalmente desembocó, tal y como se preveía, en actos violentos”, y con el objetivo de “conseguir la alteración del orden legal y constitucional vigente”.

Llarena enmarca la actuación de Ponsatí en el “plan seguido por el Gobierno autonómico de Cataluña y por miembros de su Parlamento autonómico para forzar y obtener la independencia” de Cataluña. Como integrante del Ejecutivo catalán, recuerda, firmó el 6 de septiembre de ese año el decreto de convocatoria de la consulta pese a conocer las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC), hasta cuatro, “que habían declarado nulo el proceso”, desoyendo las advertencias efectuadas por el propio tribunal.

En cuanto a la cesión de los colegios, el magistrado del Supremo hace hincapié en que Ponsatí sabía ese 29 de septiembre de 2017 que el TC había suspendido el decreto de convocatoria y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había ordenado a las Fuerzas de Seguridad “que procedieran al cierre de los centros de votación e impidiera la celebración del referéndum”.

Y lo hizo además, añade, solo un día después de que la cúpula de los Mossos, con el mayor Josep Lluís Trapero a la cabeza, advirtiese a Puigdemont en el Palau de la Generalitat de que “de celebrarse el referéndum se preveía y era probable una escalada de violencia con brotes importantes de enfrentamientos el día 1 de octubre, como efectivamente ocurrió”.