República Dominicana, un paraíso para pocos

En República Dominica, como en tantos otros sitios, mucha gente piensa que los pobres son pobres porque quieren o porque no se esfuerzan para dejar de serlo. Desde este punto de vista, la pobreza es una responsabilidad estrictamente individual, una de cuyas consecuencias es vivir en ambientes degradados, precarios y con infraestructura insuficiente. Si la pobreza es un asunto individual, también lo son las condiciones habitacionales que deben enfrentar las poblaciones con menos recursos económicos. Así, ciertos sectores sostienen que el problema habitacional y, más aún, el acceso a una vivienda digna no debe ser una preocupación del Estado, sino de quienes aspiran a salir de una situación de penuria que ellos mismos han generado y que ellos mismos deberían superar.

Fue por este motivo, que un conjunto de organizaciones asociadas al Foro Ciudadano y otras tantas que participan en la campaña Casa Ya, junto a Oxfam, hemos lanzado la campaña “Cambiemos las prioridades”. Esta iniciativa demanda al gobierno dominicano la reorientación de una parte del gasto público hacia la generación de viviendas que permitan superar el grave déficit habitacional que enfrenta el país. Sostenemos que la reducción de gastos superfluos y no necesariamente prioritarios del presupuesto nacional, permitirían garantizar el derecho a condiciones dignas de vivienda a amplios sectores de la población, sin dejar este grave problema social en manos del mercado. Así, buscamos un cambio profundo en la maquinaria de producción y reproducción de la pobreza, que se agudiza cada vez que el gobierno deja en manos de sectores privados la promoción y la aplicación de políticas públicas que deberían ser fundamentales para hacer del nuestro un país más justo, democrático e igualitario.

¿Realmente es tan grave el problema?

Pese al orgullo que ostenta el gobierno dominicano en el avance de los indicadores económicos y de la reducción de la pobreza (bajo la mirada ficticia de indicadores minimalistas como lo es la definición de la línea de pobreza), las enormes desigualdades en las condiciones de vida de los hogares dominicanos marcan hoy la diferencia entre la vida y la muerte.

Aunque la vivienda está calificada como un derecho por el artículo 50 de la Constitución dominicana de 2010, el Estado ha impulsado acuerdos público-privados bajo la figura del fideicomiso, asignando al mercado la responsabilidad de garantizar el acceso a una vivienda digna. Ha sido este abandono por parte del Estado dominicano, el causante en gran medida de la crisis habitacional que compromete las condiciones de vida de las poblaciones más pobres y excluidas del país.

República Dominicana tiene casi 10 millones de habitantes y, según el último Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, hay 3 millones de viviendas, de las cuales 2.662.862 están ocupadas.

De estas viviendas ocupadas, el 83% tiene algún tipo de déficit habitacional, que puede ir desde la falta de acceso a una fuente de agua, hasta el hacinamiento de varias familias en una sola morada. Resulta aún más alarmante el hecho de que el déficit haya aumentado a un ritmo de más de 37 mil viviendas por año, desde 2002 hasta 2010, mientras la planificación estatal proyecta un ritmo de construcción anual que no alcanza ni al 10% del incremento del déficit.

Hay dos tipos de déficit en las viviendas dominicanas, el cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo tiene que ver con dos aspectos: 1) dificultad para tener disponibilidad de una fuente de agua mejorada en condiciones dignas y/o servicio sanitario adecuado y/o disponibilidad de energía eléctrica; y 2) problemas de calidad en los materiales de construcción de la vivienda.

En República Dominicana, el 50% del parque habitacional del país, 1.333.548 viviendas, tiene alguna dificultad en la calidad de los servicios básicos o de infraestructura.

Por otro lado, el déficit cuantitativo consiste en viviendas que han sido identificadas como inservibles (319,184) y que deben ser destruidas, y también incluye las casas en las que viven más de 1 familia por allegamiento. Esto significa que, en 16% de las viviendas de República Dominicana, conviven varias familias, independientemente de si tienen o no un vínculo filial entre ellas. En la mayoría de los casos, muchos hogares acogen a parientes extendidos que, por diversas razones, no pueden tener una vivienda independiente. Casi 2 millones y medio de personas están afectadas por estas condiciones.

Son varias las causas que generan el allegamiento. Por ejemplo, cuando una pareja con hijos tiene que ir a vivir a casa de sus padres, cuando un hijo o hija es padre o madre soltera o se separa y regresa a vivir con sus hijos a la casa familiar. También, cuando varios parientes fuera del núcleo familiar (tres o más) residen en un mismo hogar.

Las cifras del déficit habitacional de República Dominicana son escandalosas:

Tipos de déficitVivienda% de viviendas
Sin déficit831.16931,21
Sólo déficit cuantitativo462.04517,35
Sólo décifit cualitativo1.100.46241,33
Ambos tipos de déficit269.18610,11
Total de viviendas2.262.862100

Así, el 68.79% de las viviendas en el país, en las que viven el 71% de la población dominicana, no tienen condiciones para una vida digna. Si añadimos las viviendas nuevas que se necesitaría construir para no tener hacinamiento, el déficit habitacional representa un 83% de las viviendas existentes. Esto significa que 7 millones de personas viven en condiciones deplorables que impiden el disfrute de una casa digna con estructura y servicios adecuados.

El impacto en la vida de las personas

Las cifras, a pesar de escandalosas, no alcanzan a reflejar por completo la grave situación que viven las familias que subsisten en viviendas precarias. Sobre todo, quienes lo han padecido por décadas junto a otras condiciones ignominiosas que vejan continuamente sus derechos fundamentales.

Recordemos que República Dominicana es un país caribeño especialmente expuesto a huracanes e inundaciones. Más de un millón de viviendas se encuentran ubicadas en alguna zona de riesgo y, de estas, más de 800 mil no están preparadas para enfrentar ningún tipo de catástrofe ambiental. Más de medio millón de hogares se encuentran en situación de hacinamiento, mientras casi 2 millones de viviendas reportan haber sufrido al menos un desastre. Cuando esto ocurre y el tiempo pasa, las familias damnificadas no encuentran en el Estado ni amparo ni la protección de sus derechos. En el país existen alrededor de 2 mil familias identificadas aún como “damnificadas” después de vivir entre 8, 17 y hasta 37 años en espacios “temporales”. Estas familias han sobrevivido en condiciones miserables, en un ambiente que produce y reproduce la pobreza y parece haberles robado hasta la esperanza. Asediadas por la policía, sin derecho a protestar, viven el desarraigo y la incertidumbre de las constantes amenazas de desalojo, sumado a todas las carencias generadas por un empobrecimiento que no para de aumentar.

En República Dominicana, existe un paraíso. Pero está reservado a unos pocos.

Enfrentar de manera efectiva el déficit habitacional contribuiría a reducir la inmensa desigualdad que vive el país. Invertir más en vivienda Implicaría dirigir la mirada tanto las familias damnificadas como a las que migran desde las provincias olvidadas por la inversión pública y se colocan en espacios urbano marginales, heredando las miserias de sus antepasados. El Estado dominicano tiene una deuda con estos sectores que no puede seguir siendo ignorando.

Invertir en vivienda y en hábitat podría ayudarnos a superar un paradigma de política pública que transfiere al mercado la solución y la garantía de derechos fundamentales que debería proteger y promover el Estado. Una política habitacional que contribuya, finalmente, a reducir la pobreza y las desigualdades que benefician y amplían los privilegios de unos pocos, condenando a millones de ciudadanos y ciudadanas a una vida repleta de carencias y de sufrimiento, precaria e injusta.

Cambiar las prioridades de inversión pública es un imperativo político democrático. Y también, un imperativo ético.

Jenny Torres es activista social con experiencia en investigaciones relacionadas con pobreza y políticas sociales en República Dominicana. Actualmente, es Coordinadora de Cambio en Políticas Públicas de Ciudad Alternativa. Ha sido miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en representación del Caribe.

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