La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha matizado este viernes el polémico plan de ahorro energético que presentó el pasado lunes para hacer frente al contexto de escasez provocado por el corte de suministro ruso de energía a Europa.
Tras la mala acogida que el paquete de medidas ha tenido en comunidades, ayuntamientos o empresas, Ribera ha asegurado que el plan está pensado para que se aplique con «flexibilidad«.
«No se puede pedir a trabajadores que están en condiciones de ejercicio físico importante que no tengan las condiciones que el derecho laboral garantiza con respecto a los máximos y mínimos de temperatura», ha ejemplificado la vicepresidenta tercera en una entrevista en Onda Cero.
«El propio decreto ley incorpora una llamada que allí donde haya espacios donde los trabajadores tengan que desplazarse y tengan un ejercicio físico, debe aplicarse con la flexibilidad que corresponda«, ha añadido.
En esta línea, Ribera ha asegurado que la obligación de los negocios hosteleros de limitar la temperatura del aire acondicionado a 27 ºC no tiene porque cumplirse a rajatabla, rebajando esta pretensión inicial al «entorno» de los 25 ºC.
Ataques a la oposición
Pese a haber presentado su plan de ahorro energético sin consultar a los sectores afectados, a las comunidades y ayuntamientos o al principal partido de la oposición, Ribera no ha dejado escapar la oprotunidad para atacar al PP por «invitar a no cumplir».
Ribera ha lamentado que en un contexto tan difícil como el actual, el debate no se centre en «cómo podemos ayudar» sino en «cómo evitar cumplir o en cómo evitar las sanciones», pues «parece que hay una invitación a no cumplir».
La ministra se refería al pulso que mantienen estos días el PSOE y el PP sobre estas medidas, desde que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciara su oposición a cumplirlas.
«Es importante contribuir cuando otros lo necesitan», ha insistido Ribera en referencia a Francia, que tiene problemas de suministro y recibe gas de países como España, tanto gas directo como el que sirve para producir electricidad.
Esas exportaciones, ha aclarado, no computan en el 7 % que debe reducir España en su consumo, un objetivo que es «asumible» sin perjuicio para la industria.
