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Sabor a 155

La valoración de la gestión de la Comunidad de Madrid por parte de los madrileños está cayendo en picado, según indica un sondeo de Metroscopia efectuado a principios de este mes en Madrid, Catalunya, Andalucía y Comunidad Valenciana, con el objeto de calibrar el apoyo de los ciudadanos a sus respectivos gobiernos autónomos. Mertroscopia cuenta con una serie de encuestas al respecto que va de marzo a octubre de este año, lo cual permite valorar bien las tendencias desde que empezó la pandemia. La Generalita Valenciana se mantiene muy estable con una valoración positiva del 60%. La Generalitat de Catalunya obtiene en estos momentos un aprobado ligeramente por encima del 50%, después de haber suspendido en verano, cuando estuvo a punto de perder el control de los rebrotes. En Andalucía se ha producido un descenso gradual de la aprobación, con ligera recuperación entre septiembre y octubre. Los resultados del gobierno de la Comunidad de Madrid son dramáticos: empezó con un apoyo muy alto, cifrado entre el 60 y el 70%, que se ha desvanecido. En octubre solo aprueban la gestión del gabinete de Isabel Díaz Ayuso entre un 10 y un 20% de los madrileños. No hay otro descalabro igual en toda España. Con estos datos sobre la mesa se produce la proclamación del estado de alarma en Madrid.

Sabor a 155. Para algunos de los gobernantes de Madrid (comunidad autónoma y capital), la declaración del estado de alarma tiene sabor a 155. Así lo verbalizaba ayer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: “Esto es un 155 sanitario”. El victimismo era la nota dominante en Cibeles y la Puerta del Sol. Nunca la derecha madrileña, especialmente excitada en sus franjas más extremas, se había asemejado tanto al ‘procesismo’ catalán. Victimismo, confrontación permanente y “astucias” para que la tensión no decaiga. Madrileñas, madrileños, bienvenidos a El Proceso.

No. No se trata de un 155. Este artículo de la Constitución, inspirado en la constitución de la República Federal de Alemania, está reservado para las crisis institucionales de profundo calado en las que se vulnere la Carta Magna. Recordemos que a finales de octubre de 2017, la aplicación del artículo 155 en Catalunya supuso el cese de todo el Govern de la Generalitat y la convocatoria inmediata de elecciones al Parlament. No estamos, por tanto, ante un 155 para Madrid, aunque la medida acordada ayer por el Consejo de Ministros tenga un cierto sabor a 155.

Todo es muy complicado y sencillo a la vez. El Gobierno regional de Madrid se ha negado a aplicar un acuerdo federal para la contención de la epidemia y el Gobierno central ha actuado en consecuencia, amparado por la Constitución y con el apoyo de la mayoría de las comunidades autónomas. Eso es todo. El acuerdo ‘federal’ se adoptó el pasado 30 de septiembre en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. En esa sesión del órgano coordinador, la mayoría de las autonomías aprobaron unas normas previamente discutidas entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, para el control de la epidemia en las ciudades de más de 100.000 habitantes. Madrid votó en contra, después de haber filtrado la existencia de un acuerdo. También votó en contra Catalunya, por considerar que ese acuerdo invadía competencias autonómicas. La mayoría de las autonomías, entre ellas, Castilla y León, dieron su conformidad a esos criterios. La Comunidad de Madrid los asumió con malhumor y traspuso el acuerdo mediante la publicación oficial de una orden de la Consejería de Sanidad que invocaba la ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (2003), en vez de buscar el paraguas de la ley orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud (1986), como han hecho otras comunidades autónomas en los últimos meses cuando se han visto obligadas a confinar una zona o una ciudad entera. Las grandes batallas siempre se libran en los detalles. En este caso, la clave estaba en la cobertura jurídica. Los responsables políticos de la Comunidad de Madrid sabían que publicaban una orden jurídicamente vulnerable y el Ministerio de Sanidad no lo supo ver. (Algunos miembros del Gobierno advirtieron al respecto). Al cabo de nueve días, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbaba la orden de la Consejería de Sanidad madrileña por entender que la ley del 2003 no ampara la limitación de derechos fundamentales, como la libertad de movimientos. En otras autonomías, los confinamientos parciales, decididos al amparo de la ley de 1986, han sido ratificados por la autoridad judicial.

La inquietante situación sanitaria de Madrid quedaba jurídicamente al descubierto en vísperas del puente del 12 de octubre. Lo sucedido en las últimas horas es conocido por todos. Ante las maniobras dilatorias del gobierno regional madrileño, el Gobierno ha accionado la palanca del estado de alarma. A partir de aquí, llanto y crujir de dientes en la Puerta del Sol. En el resto de España, indisimulados gestos de alivio en las comunidades autónomas que estos próximos días podían recibir un aluvión de visitantes madrileños. Es significativo el apoyo público del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, de Ciudadanos, al decreto de estado de alarma en Madrid.

El ruido político es tremendo estos días en la capital de España, multiplicado por algunos de los principales altavoces mediáticos del país. Esa retroalimentación genera una perspectiva falsa sobre la totalidad de la opinión pública española. Madrid es la capital de España pero no es España entera. Madrid hoy es un subsistema político muy influyente, muy ruidoso, muy crispado, y progresivamente alejado del promedio español. Los datos de Metroscopia lo ponen de relieve. Los gobernantes de Madrid se apuntan al victimismo. Curioso panorama.

¿Te preocupan las repercusiones del choque político en Madrid?