El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al Partido Popular y a Vox de fomentar «la explotación laboral infantil». Lo ha hecho después de que ambos partidos votaran en contra de una propuesta legislativa impulsada por la Comisión Europea para luchar contra la explotación laboral en general, con un apartado específico para la infantil.
«Con #VoxPP todo retroceso es posible», ha asegurado el líder del Ejecutivo en un tuit. «¿Es esta la España que quieren?«, se pregunta.
Esta grave acusación se produce un día después de su discurso en el Congreso de los Diputados en el que elevó el tono contra los populares, comparándolos con Vox y con líderes de la extrema derecha internacional, como Donald Trump.
Con #VoxPP todo retroceso es posible, hasta la explotación laboral infantil.
¿Es esta la España que quieren?https://t.co/OqfQ5nNwBp
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 1, 2023
La norma en cuestión obligará a las grandes empresas —y a sus directivos— a controlar que todos sus proveedores a lo largo de la cadena de suministros mundial respeten plenamente los derechos humanos (como la prohibición del trabajo infantil, la esclavitud o la explotación laboral), así como la protección del medioambiente.
En caso contrario, podrían enfrentarse a elevadas multas y a indemnizar a las víctimas por los daños sufridos. La resolución ha contado con 366 votos a favor, 225 en contra y 38 abstenciones.
A favor ha votado un tercio del PP Europeo, casi la totalidad del grupo liberal donde está Ciudadanos (Renew), los socialistas europeos, la izquierda radical y los verdes. En contra han votado la mayoría de los dos grupos de derecha radical (los Conservadores y Reformistas europeos, donde están Vox e Identidad y Democracia, el grupo de Le Pen y Salvini).
Junto a ellos han votado los diputados del PP español y el resto de los del PP Europeo, los no adscritos y algún liberal. Las abstenciones vienen de personas descolgadas de todos los grupos, entre ellos el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido y el anticapitalista Miguel Urbán.
El PP se divide
El Partido Popular Europeo se ha partido por la mitad en la votación. Los populares españoles han votado en contra con el argumento de que impone cargas excesivas a las compañías. «Es un infierno burocrático para las empresas, sobre todo para las pymes», señalan fuentes populares.
Por su parte, Vox argumenta que la norma «inicia una nueva fase en el agendismo globalista: poner a trabajadores y empresas europeos a hacer directamente el trabajo de las élites enloquecidas, bajo amenaza de las penas del infierno woke«, según ha dicho su portavoz en Bruselas, Jorge Buxadé.
«Las violaciones de derechos humanos se persiguen con Policía, jueces, cárcel o dejando de financiar a sátrapas extranjeros, pero no imponiendo más cargas, obligaciones, gastos e ideología a las empresas. La única consecuencia es que las empresas y trabajadores europeos van a ser más pobres y menos competitivos; y donde hoy hay empresas europeas, mañana habrá empresas chinas o americanas», sostiene Buxadé.
En contraste, Ciudadanos ha votado a favor del texto y defiende que es una de las iniciativas más importantes de la legislatura europea. «La norma impulsa hacer más compatible el desarrollo económico y el progreso social con la protección de los derechos de las personas y del medioambiente», ha dicho el jefe de la delegación en Bruselas, Adrián Vázquez.
Vázquez asegura que con esta norma se habría evitado el «trágico colapso» de la fábrica textil de Rana Plaza (Bangladesh), que en 2013 se cobró la vida de 1.134 personas y dejó más de 2.500 heridos.
La votación de este jueves no es definitiva, puesto que la Eurocámara todavía tiene que acordar el texto final de la directiva con los gobiernos europeos, que aprobaron su propia versión en diciembre de 2022. Uno de los principales puntos de desacuerdo es a qué empresas se aplica la norma.
En su propuesta original, la Comisión de Ursula von der Leyen puso el umbral en las compañías con más de 500 trabajadores y un volumen de negocios superior a los 150 millones de euros. Dos años más tarde de su entrada en vigor, la directiva se extendería a empresas más pequeñas (250 trabajadores y 40 millones de facturación), pero que trabajen en sectores de alto riesgo (textil, agricultura y extracción de minerales).
Los Gobiernos de la UE acordaron elevar el umbral, de forma que las nuevas obligaciones se apliquen únicamente a las multinacionales con más de 1000 empleados y 300 millones de volumen de negocios. En su votación de este jueves, la Eurocámara pide rebajar el límite y aplicar la norma a todas las empresas comunitarias con más de 250 empleados y una facturación superior a 40 millones de euros.
Al margen de la política europea, la situación tiene una lectura en clave nacional. Sánchez ha cambiado su discurso al respecto al PP, endureciéndolo, y metiendo a los de Albero Núñez Feijóo en el mismo saco que Vox, algo que no había pasado hasta el momento, o no así.
Esto, más los vídeos que Ferraz elabora a diario contra el PP, deja prever que la campaña para el 23-J va a ser intensa, con los socialistas aumentando el termómetro de sus acusaciones contra el PP.
