Si el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, acaba siendo miembro del Constitucional, se tendrá que abstener en algunas de las iniciativas en las que participó cuando estaba sentado en el Consejo de Ministros y que han sido recurridas o van camino del Constitucional. Es algo que asume la Moncloa: «Si se tienen que abstener, se abstendrá» y recuerdan que hay una norma que regula estos aspectos.
En efecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 219, unas situaciones determinadas en las que el juez pasará a ser sospechoso de parcialidad. Juan Carlos Campo y Laura Díez cumplen varias de las causas. Ambos han tenido «interés directo» en varias causas. Los dos han «ocupado cargo público» en el que han «participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito» y han sido parte de la «Administración pública» y han dictado «el acto». Con estos antecedentes, ambos podrán ser recusados y se tendrán que abstener
Campo, coponente de algunas de las leyes
El más afectado es el exministro de Justicia. Campo fue el autor de los indultos a Junqueras y demás altos cargos de la Generalidad acusados de sedición y malversación. La medida de gracia va a ser llevada por PP, Vox y Ciudadanos ante el Constitucional. Los tres partidos están, de momento, a la espera de la revisión por parte del Supremo.
Campo también es el coponente de algunas de las leyes más conflictivas del Gobierno. Por el Ministerio de Justicia pasan casi todas las normas que salen del Ejecutivo. El «notario mayor del reino» les tiene que dar luz verde antes de ser aprobadas por el Consejo de Ministros.
Durante su etapa al frente de la cartera de Justicia, Campo dio su visto bueno a la ley Montero, más conocida como ley del sólo sí es sí. El 7 de diciembre vence el plazo para impugnar la norma y tanto el PP como Vox han anunciado que la recurrirán. También Vox ha anunciado que impugnará la ley del aborto de Montero que se está acabando de tramitar en el Congreso y del que el exministro de Justicia fue coponente.
La huella de Campo se extiende hasta en la reforma del delito de sedición. Pese a que ya llevaba más de un año y medio fuera del Gobierno, la reforma del Código Penal registrada por Unidas Podemos y PSOE se basa en una reforma que él exministro dejó guardada en un cajón con la excusa de «homologarlo» a Francia y Alemania, aunque en la práctica supone la derogación del delito.
El TC «no es la justicia»
Si Campo y Díez son recusados con éxitos, ambos se tendrán que abstener y la mayoría del Constitucional volverá a cambiar. Mientras tanto, en el Gobierno hacen malabares para justificar unos nombramientos pese a que, cuando el PSOE estaba en la oposición, prometieron la «despolitización» de la Justicia y criticaron que el magistrado Francisco Pérez de los Cobos fuese militante del PP.
La nueva doctrina de Moncloa asegura que el Constitucional «no es la justicia sino el máximo intérprete de la Constitución«. Una nueva teoría que recuerda a la de diferenciar entre el «Pedro Sánchez ciudadano y la de Pedro Sánchez presidente» (Calvo dixit) para que la hemeroteca no le pasase factura.
Todo pese a que, hasta hace unos semanas, Moncloa se abría a negociar con el PP un periodo de transición para evitar las puertas giratorias de la política a los despachos judiciales. «Si el PP lo echa de menos, que hubiesen aprobado el acuerdo», se justifican en el Palacio donde añaden que «eso no afectaba al Constitucional».
