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Sánchez busca Fiscal General para desjudicializar Cataluña

Pedro Sánchez oficializó ayer la composición de su nuevo Gobierno, que tendrá una dimensión clave en el ámbito de la Justicia en lo relativo a su orientación hacia Cataluña.

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En qué sentido se resuelvan las numerosas causas abiertas que afectan a la dinámica catalana, así como la posición que adopten las instancias dependientes o que representan al Estado, tendrán una implicación directa sobre las relaciones bilaterales que tanto Gobierno como Generalitat se han propuesto reforzar en esta legislatura. El compromiso de Sánchez –en el pacto de investidura rubricado con Esquerra Republicana– de «no judicializar la política» tendrá un efecto inmediato en la renovación de puestos clave de estas instancias.

Una vez que Juan Carlos Campos se convierta oficialmente hoy en el nuevo ministro de Justicia, el nombramiento que más se espera es el de quién sustituirá a María José Segarra al frente de la Fiscalía General del Estado. Su continuidad sería una sorpresa mayúscula para toda la carrera, donde se da por seguro un relevo. La actuación de Segarra en todo lo relacionado con el «desafío independentista» catalán no ha dejado lugar a dudas: desde el primer momento respaldó el criterio de los fiscales asignados a esa causa. No dudó en avalar la acusación por rebelión y en oponerse a todos los recursos de los dirigentes del «procés» e incluso pedir que tuviesen que cumplir la mitad de la pena antes de que pudiesen acceder al tercer grado.

En ningún momento se dejó amedrentar por nadie y los «tiempos políticos» no le han influido lo más mínimo. Ello le mereció no pocas críticas desde el independentismo catalán. Si éste esperaba algún gesto se ha dado de bruces una y otra vez. Como sostiene Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), «pese a no compartir con ella muchas de sus decisiones, sí debo destacar que no ha interferido en la actuación de los fiscales de la causa especial del ‘procés, lo que ha sido relevante para la institución».

La decisión de quién le relevará –o si finalmente se opta por mantenerla, algo realmente complicado– se conocerá en muy poco tiempo, en días. De hecho, en el Consejo General del Poder Judicial están en «alerta» para celebrar un Pleno extraordinario para que emita el preceptivo informe de que cumple los requisitos para acceder al cargo. De esta forma, si la decisión se hiciera pública mañana, el Consejo podría informar el miércoles o jueves y procederse a la oficial en el Consejo de Ministros del viernes. Si se retrasa la propuesta, el nombramiento se produciría el viernes 24 de enero.

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Semilibertad

Y, como cada vez que se va a producir un relevo comienza el baile de candidatos. En este punto aparecen tres nombres encima de la mesa: la magistrada del Tribunal Supremo Ana Ferrer y las fiscales Almudena Lastra y Gabriela Bravo. Ana María Ferrer, quien mantiene una muy buena relación con Cándido Conde-Pumpido, fue la primera magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo y ha formado parte del tribunal que condenó por sedición a Oriol Junqueras los otro líderes del «procés».

Almudena Lastra, por su parte, es una fiscal de clara tendencia «progresista» que, al igual que el nuevo ministro Juan Carlos Campos, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial. También en el CGPJ y en el mismo mandato que Lastra, estuvo Gabriela Bravo, actual consejera de Justicia de la Generalitat de Valencia y muy vinculada a la Unión Progresista de Fiscales. Bravo siempre ha estado en las últimas quinielas para ocupar bien la Fiscalía o incluso el Ministerio de Justicia, pero al final siempre se caía.

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Uno de los grandes retos a los que tendrá que hacer frente el nuevo responsable de la Fiscalía General, y que constituirá la «prueba» del algodón, será la posición que mantenga el Ministerio Público en todo lo relacionado con la situación penitenciaria de los condenados del «procés», en especial si les concede el 100.2 o una progresión de grado, es decir, si recurrirá esas decisiones – se trata de un segundo grado que introduce el llamado principio de flexibilidad, adoptando respecto a cada penado un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los grados de clasificación. Ello permite incorporar progresivamente al Medio Abierto penados clasificados en segundo grado de tratamiento–.

Junto a ello, habrá que estar muy atento a la política de nombramientos, algo que resulta decisivo. Pero, quizás, y por encima de todo, está el reto de lograr una auténtica independencia de la Fiscalía General del Estado respecto del Poder Legislativo. Como sostiene la representante de la Asociación de Fiscales, hay que «potenciar la independencia de la Fiscalía General del Estado, exigir la autonomía presupuestaria y de gestión respecto del Ministerio de Justicia y la competencia exclusiva en materia de formación de los fiscales».

En cuanto a lo que puede derivarse de todo lo relacionado con el «procés» y lo que pueda producirse a partir de ahora, Dexeus lo tiene claro: «Si se producen hechos que revisten carácter delictivo y existen pruebas de su autonomía, debemos perseguirlos, sin que cuestiones ajenas al ámbito jurídico penal interfieran en esta labor y el cargo del fiscal general del Estado también está vinculado a estos principios».