El Consejo de Ministros va a aprobar este lunes el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada que otorgará al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática la autoridad para proponer la desclasificación de documentos, según han indicado fuentes gubernamentales. En la actualidad esa función está en manos del Ministerio de Defensa.
La nueva norma fija cuatro categorías de protección en la misma línea que marca la Unión Europea y los aliados de la OTAN: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los plazos de desclasificación van de los cuatro a los 50 años en función de la categoría y en algunos casos podrían prorrogarse más allá, según fuentes de Moncloa.
De este modo el departamento dirigido por Félix Bolaños asumirá la autoridad para proponer la desclasificación de un documento, una potestad que hasta el momento tiene la ministra de Defensa, Margarita Robles. Además, el Ministerio de Presidencia recibirá recursos adicionales.
La decisión final sobre si se lleva a cabo el desbloqueo de la información clasificada está en manos del Consejo de Ministros, al menos la que cuenta con el grado más alto de protección.
Según las mismas fuentes citadas por Europa Press, la ministra Robles habría dado el visto bueno a la reforma a pesar de que le supone una pérdida de poder. Dichas fuentes han afirmado incluso que la nueva norma le gustaba. Desde Moncloa, alegan que es «lógico» que esta tarea quede en manos de un ministerio «transversal» y de «coordinación interministerial» como el de Bolaños, ya que hay información clasificada que afecta a distintos ámbitos. Esgrimen también como argumento que ocurre así en la mayoría de países.
Desde Moncloa, se argumenta también que la vigente ley era «predemocrática» (se aprobó en 1968) y debía ser adaptada al ordenamiento constitucional. Cabe recordar, no obstante, que la ley fue modificada parcialmente en octubre de 1978.
