Inicio Actualidad Sánchez, dispuesto a decretar el estado de alarma en Madrid

Sánchez, dispuesto a decretar el estado de alarma en Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para este viernes en el que tiene previsto decretar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid durante los próximos 15 días.

Sánchez y Ayuso han hablado esta noche a las 22:15 y el presidente le ha puesto tres opciones sobre la mesa: que la Comunidad dicte una orden con las medidas especiales, que solicite la declaración del estado de alarma para que el Gobierno lo declare o que sea el Ejecutivo quien tome esta decisión.

Ayuso ha reclamado tiempo para la valoración y se reunirá con Sánchez en la sede de Sol a primera hora de la mañana. Ayuso asegura que las zonas básicas «estaban funcionando» y que espera «pactar una solución que beneficie a los ciudadanos y dé claridad».

Esta decisión llega tras el varapalo judicial recibido este jueves por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que rechaza las medidas que restringían la movilidad desde el 2 de octubre en diez municipios de la región, entre ellos la capital.

Así, con la declaración del estado de alarma, el Gobierno central pretende rescatar las mismas medidas rechazadas por el TSJM y volver a obligar a quedarse en el municipio correspondiente salvo causa justificada, con el puente del 12 de octubre como horizonte más inmediato.

Ya por la manaña, preguntado sobre si el Gobierno se planteaba decretar el estado de alarma ante la resolución judicial, Sánchez consideró «preocupante la evolución de la pandemia» y que por ello, «tenemos que poner todos los instrumentos y medidas encima de la mesa para doblegar la curva».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reclamó al Gobierno «medidas sensatas, concretas y justas» para luchar contra la pandemia tras unas imposiciones de Sanidad «precipitadas y no consesuadas». Por ello, volvió a tender la mano al Ejecutivo central para pedir una nueva reunión.

Varapalo del TSJM

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid denegó este jueves, por verse afectados los derechos y las libertades fundamentales, la ratificación de las medidas acordadas en el apartado tercero de la Orden de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen medidas preventivas en determinados municipios de la región en ejecución de la Orden del ministro de Sanidad por la que se aprueban actuaciones coordinadas en salud pública.

Los magistrados precisan en su resolución que “nos encontramos ante un marco legal que difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis, coincidiendo con la ratificación de las medidas sobre áreas sanitarias, de 24 de septiembre y 1 de octubre, ya que, como reconoce el propio letrado de la Comunidad de Madrid, lo que se solicita en esta ocasión es la ratificación del mandato obligado del ministro de Sanidad por el que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-COV-2”.

“Esta Orden del ministro de Sanidad –recoge el auto- se dicta al amparo del artículo 65 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Conforme a ello, el ministro de Sanidad aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública aprobadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, obligando con ello a las Comunidades autónomas destinatarias”.

La resolución aclara que es el artículo 65 de la referida ley el que cita el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Orden comunicada de 30 de septiembre de 2020 como único título legal habilitante de la potestad administrativa ejercitada en la mención del citado acuerdo y la emisión de la Orden comunicada, cuya ejecución lleva a cabo la Comunidad de Madrid.

“Por ello, -continúa la resolución- la ratificación de las medidas sanitarias restrictivas de derechos fundamentales dependerá del juicio que merezca tal habilitación legal”, es decir, los magistrados dilucidan en el presente auto, “si la previsión del artículo 65 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, autoriza la restricción de derechos fundamentales y libertades públicas”, abordándose con independencia de que “las medidas restrictivas de tal derecho fundamental fueran necesarias e idóneas para evitar la extensión de la enfermedad en una situación de pandemia como la actual”.