El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá esta semana con su vicepresidente, Pablo Iglesias, para debatir los últimos flecos de la futura Ley de la Vivienda y tratar de llegar a un acuerdo para salvar esta normativa, una de las que más quebraderos de cabeza está causando a ambas formaciones. El quid de la cuestión reside en la posibilidad de intervenir los precios del alquiler, uno de los puntos clave sobre los que giraba el programa electoral de la formación morada y uno de más polémicos ante el rechazo de casi todo el sector inmobiliario español. Una medida que, además, se da por eliminada en muchos círculos económicos y que supondría una nueva brecha entre los socios del Gobierno de coalición.
Este proyecto de Ley de la Vivienda ha sido una de las que más ampollas ha despertado entre ambas formaciones. De hecho, en varias ocasiones desde Unidas Podemos han mostrado su «preocupación» por la dinámica que atraviesa la negociación sobre esta normativa y han acusado al PSOE de rechazar la mayoría de sus propuestas. Respecto a esta intervención de los precios, son muchos los expertos del mercado inmobiliario que se han opuesto contundentemente contra esta medida aludiendo que en otras ciudades europeas que se ha intentado regular de esta forma, el resultado ha sido un fracaso.
Por ejemplo, la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), aseguró la semana pasada que si se aplicara ahora mismo en la Comunidad de Madrid esta intervención, los alquileres se encarecerían de media el 33%, con incrementos que van desde 40 euros hasta más de 300 euros mensuales. Con este estudio la compañía pone en evidencia una de las principales quejas por parte del sector inmobiliario, que advierten que no se puede intervenir el mercado sin tener datos actualizados de los precios. Además, los expertos señalan que el propio mercado se autorregula tal y como está sucediendo a lo largo de la pandemia, que ha frenado en seco las subidas del alquiler en las zonas mas tensionadas.
Frente a la propuesta de Unidas Podemos, el PSOE aboga por un sistema de incentivos fiscales para todos los propietarios que alquilen por debajo de determinados precios. La propuesta socialista busca desgravaciones o ayudas fiscales no sólo para grandes tenedores de vivienda sino para todos aquellos propietarios que cumplieran con determinados requisitos a la hora de fijar los precios del alquiler.
Ataque a los empresarios
Respecto a los grandes propietarios, otro de los puntos más polémicos que quiere introducir la formación morada es que destinen el 30% de sus viviendas a alquiler social, a los que acusan de la escalda de precios que se ha dado en el mercado del alquiler en los últimos años. Desde Unidas Podemos apuntan a que esta medida ayudaría a poner fin a la «emergencia habitacional» en España al aumentar en pocos meses el parque público entre 140.000 y 150.000 viviendas.
En concreto, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, detalló en diciembre que su aspiración es que la nueva ley movilice la vivienda vacía propiedad de los grandes tenedores y forzar a que la saquen al mercado para incrementar la oferta de alquiler social en favor de las familias vulnerables. Para ello, se tendrá que colaborar también con las distintas comunidades autónomas para que «no salga a cuenta tener vivienda parada», combinando distintos instrumentos, ya sean incentivos o de carácter obligatorio.
En esta línea, también se han planteado aprobar un impuesto a la vivienda vacía de grandes propietarios, una propuesta que ya ha sido rechazada por el PSOE en varias ocasiones. Por otro lado, desde Podemos se han motrado partidarios en varias ocasiones de incluir en la nueva Ley de Vivienda la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables, una medida que se aprobó como temporal en diciembre en el marco del ‘escudo social’ para proteger a los grandes afectados por la pandemia.
Inseguridad jurídica
Todo este ruido entorno al sector del alquiler no hace más que incrementar la sensación se inseguridad jurídica hacia el sector y así lo aseguran los directivos de las principales empresas. «Hay claramente una percepción de inseguridad jurídica» y «existen cada vez más medidas que limitan el derecho a la propiedad y que justifican la okupación«, apuntaba Juan Pablo Vera, consejero delegado de Testa durante su intervención en una jornada organizada por Asval y Europa Press la semana pasada. «Este tipo de medidas no existen en otros países de Europa y cada vez nos cuesta más explicar a nuestros accionistas y financiadores que es lo que está pasando en nuestro país. No solo por las medidas que se están tomando. También por las medidas que están por venir», advirtió.
