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Sánchez lanza una reforma judicial «a la argentina» para blindar los presuntos delitos de su vicepresidente Pablo Iglesias

LDD.- Mientras España atraviesa una de sus crisis más profundas en décadas, con la economía desplomándose, una cuarentena que va y viene y un caos político sin precedentes, el presidente socialista, Pedro Sánchez, ha decidido aprovechar la incertidumbre y avanzar sobre el Poder Judicial.

En una maniobra que recuerda a más de uno a la propuesta del kirchnerismo sobre la Corte Suprema argentina, el pasado 13 de octubre anunció sus intenciones de cambiar a las autoridades del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ponerlo bajo el control del Ejecutivo.

El objetivo principal de la reforma es cambiar la composición del organismo, que se encarga, en teoría, de velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado. El CGPJ, comparable en Argentina, por ejemplo, con el Consejo de la Magistratura, es una piedra angular de la autonomía de los tribunales.

El proyecto de ley fue presentado en el Congreso de los Diputados, donde Sánchez afirmó que las reformas se llevarán a cabo de forma exprés, «en menos de dos meses», sin buscar el consenso parlamentario, y que «no será necesario el control de órganos constitucionales para esta reforma».

Actualmente, los vocales del CGPJ son elegidos por el Parlamento, y con esta reforma, según confirmaron los portavoces de PSOE (Adriana Lastra) y Podemos (Pablo Echenique),se le dará entrada al organismo a vocales respaldados por sus partidos para «reflejar mejor la actual composición del Congreso». En otras palabras, se quieren designar más jueces socialistas y podemitas.

La Reforma consiste en eliminar la necesidad de mayoría reforzada de tres quintos de los diputados para aprobar a los 12 miembros del CGPJ, mayoría que actualmente PSOE+Podemos no poseen. El objetivo de la ley es pasar a la aprobación de vocales por mayoría simple, una mayoría que PSOE+Podemos si poseen, y así poder elegir miembros a su gusto sin necesidad de consenso.

De todos modos, uno de los principales objetivos de este proyecto es blindar de la justicia al actual Vicepresidente, el comunista líder de Podemos, Pablo Iglesias, que se encuentra involucrado en el «Caso Dina».

El Caso Dina es un verdadero escándalo en la política española. La causa tiene origen en noviembre de 2015, cuando la por entonces asesora y secretaria personal de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, denunció el robo de su teléfono móvil. Años después, el comisario José Manuel Villarejo fue detenido y se encontró que él poseía imágenes que sólo podrían haber salido de la tarjeta del móvil sustraído.

En aquel entonces, se creía que Villarejo había estado espiando y conspirando ilegalmente contra Podemos. En marzo de 2019, Pablo Iglesias se presentó como perjudicado, pero durante la investigación se supo que en realidad durante todo 2016, la tarjeta había estado en posesión del mismo Iglesias.

Según las declaraciones de los testigos, el máximo responsable del grupo Zeta, Antonio Asensio, personalmente le entregó a Pablo Iglesias la tarjeta en enero de 2016, que había llegado a la redacción de Interviú a través de una fuente anónima.

En 2017, Iglesias le devolvió la tarjeta a Dina, contándole que él la tenía pero que no había accedido a los datos que ésta contenía. En julio de ese año, el medio OKDiario publicó capturas de conversaciones privadas de Pablo Iglesias que se habrían hecho con ese teléfono celular, lo que hizo que Bousselham pidiera que se investigara su robo y, tan solo unos meses después, en enero de 2017, Iglesias le devolvió la tarjeta.

Dina ha dado varias versiones al juez sobre el estado en el que Pablo Iglesias le entregó la tarjeta de memoria: primero dijo que se la devolvió rota, pero más tarde declaró que pudo acceder a su contenido ni bien la recuperó y que, al intentar volver a usarla, quedó inutilizable, tras lo que la envió a una empresa en Gales para que la intentaran arreglar.

El 7 de octubre, en su afán de determinar quien dejó inutilizable la tarjeta, el juez encargado del caso le pidió a la Corte Suprema que le abra una investigación al Vicepresidente por daños informáticos.